El referendo promovido por los partidos opositores de Perú para cerrar el paso a la reelección del presidente Alberto Fujimori, podría quedar en el vacío si el mandatario anuncia la próxima semana su decisión de no postularse en el año 2000.
Si esto ocurriera, el panorama político actual sería alterado, pues los partidos tradicionales tienen en la lucha contra la reelección de Fujimori el único factor no solo de unidad entre ellos, sino también de relativa vigencia frente a un electorado fundamentalmente escéptico.
"La oposición perdería el paso, y el frente, trabajosamente organizado durante 18 meses en torno de la recolección de firmas para el referendum, quedaría en el aire y probablemente estallaría, porque comenzarían las disputas preelectorales entre los partidos", dice la periodista Ana Byrne.
El frente de oposición presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones más de 1,4 millones de firmas de ciudadanos que solicitan la convocatoria a un referendo para impedir que Fujimori se postule el 2000 a una segunda reelección consecutiva.
En previsión de que la depuración de firmas no les permitiera alcanzar la cifra de 1,2 millones de firmas (el 10 por ciento del electorado nacional) los voceros de los partidos opositores comenzaron a reclamar que el porcentaje se refiera a los nueve millones de electores que sufragaron en las últimas elecciones.
Sin embargo, una nueva hipótesis recorre las diversas tiendas políticas: Fujimori anunciaría el día 28, en su mensaje al Congreso, que no tiene intención de postularse.
Con cinco semanas de atraso, los lideres opositores comienzan a admitir la tesis de los analistas políticos que interpretaron el nombramiento de un opositor de la reelección como primer ministro, Javier Valle Riestra, como un cambio de línea y no un simple maquillaje político.
En su exposición ante el parlamento, Valle Riestra declaró que había aceptado el cargo con el compromiso de propiciar cambios en la conducta del régimen sobre derechos humanos y hacer desistir al primer mandatario de su interés en ser reelegido ilegalmente.
"Acepté para evitar que el aumento de la tensión política abra paso a un golpe militar, golpe que ha sido pedido por algunos opositores derechistas. Doy tres meses al parlamento para revisar las leyes que han sido cuestionadas. Si no se revisan, me retiraré a mi casa. con mi conciencia tranquila", dijo.
La oposición se burló de esas declaraciones del primer ministro, quien fue acusado por algunos de prestarse a un juego de maquillaje para adormecer a los partidos mientras se preparaba un fraude electoral.
Pero ahora, entre los escépticos opositores comienza a ser analizada la posibilidad de que Fujimori en verdad esté dispuesto a modificar sus proyectos reelecionistas.
Mirko Lauer, analista del diario opositor La República, señaló el día 22 que Fujimori parece temer una avalancha electoral en contra, y podría ordenar a su docil mayoría en el parlamento que anule los dispositivos legales dictados para posibilitar su reelección.
Lauer cree, sin embargo, que ese repliegue sería únicamente para ganar tiempo, porque no está convencido de que Fujimori tenga la intención real de irse a casa.
Pero otros analistas, como el sociólogo Flavio Solórzano, piensan que Fujimori sopesa la idea de transferir el gobierno a un candidato de su tienda, mientras él se convierte en líder del fujimorismo en el Congreso, para intentar en el año 2005 una segunda reelección, esta vez absolutamente legal.
La decisión de Fujimori de arriar su candidatura, esta vez sería consecuencia de la persistente, y al parecer irreversible, caída del respaldo popular a su gobierno en las encuestas.
"Fujimori siempre ha gobernado con un ojo en las encuestas, alguna de las cuales son efectuadas por los servicios de inteligencia", comentó Solórzano.
Luego señala que los resultados de los sondeos de opinión en los últimos meses trajeron una novedad: Fujimori no sólo pierde potencial de voto, sino que también caen las cifras de la aprobación a su gestión de gobierno.
Hasta los primeros meses de este año. las encuestas revelaban una curiosa situación: casi el 60 por ciento del electorado aprobaba la gestión administrativa de Fujimori, pero poco más del 30 por ciento declaraba estar dispuesto a votar por su reelección en el año 2000.
La lectura de esa diferencia en los índices de opinión era clara: el electorado estaba de acuerdo con la línea política y económica del régimen, pero deseaba una renovación personal en el gobierno.
Por otro lado, las mismas encuestas señalaban que en el horizonte opositor no surgía, ni ha surgido aún, ninguna figura «presidenciable».
Las mismas encuestas que castigan a Fujimori con un 31 por ciento de aprobación, le dan a loa partidos opositores en su conjunto una aprobacion del 37 por ciento.
Ante la falta de adversarios, y tomando en cuenta que su gestión administrativa seguía siendo aprobada mayoritariamente por la población, Fujimori mantuvo en cautelosa reserva sus aspiraciones reelectorales, confiando en la posibilidad de revertir su baja votación potencial.
Según fuentes vinculadas al gobierno, el presidente se proponía llenar la brecha entre la aprobación a su gestión y el rechazo electoral mediante cambios para atenuar la dureza del programa económico de gobierno.
Pero el esperado proceso de reversión no se ha producido. Al contrario, en lugar de que el potencial electoral fuera arrastrado hacia arriba por el respaldo a la gestión, éste cayó hasta situarse en 31 por ciento, el mismo nivel que la intención de voto, según los sondeos efectuados la semana pasada.
Las encuestas y "focus group" efectuados por el instituto Apoyo-Opinion y Mercado en los últimos meses sobre el tema electoral indican que el respaldo a Fujimori decrece por razones políticas y económicas.
En el terreno económico, el factor es la fatiiga de la población por la tendencia recesiva del programa y el persistente desempleo, que tiende a agravarse a pesar de las cifras oficiales sobre incremento de las inversiones y el crecimiento del producto interno bruto.
En el campo político, el electorado comenzó a sentir que el enérgico autoritarismo desplegado por Fujimori para derrotar a la guerrilla ya no era necesario luego de alcanzada la paz, y se muestra más sensible a las denuncias sobre excesos y violaciones de los derechos humanos.
También se suman como factores de desgaste político las maniobras de la mayoría parlamentaria oficialista para abrir paso a la reelección: la destitución de magistrados y una Ley de Interpretación Auténtica, que pretende dejar sin vigencia la prohibición constitucional a una segunda reelección consecutiva. (FIN/IPS/al/ag/ip/98
