El fenómeno de El Niño y la crisis asiática le están pasando la factura al gobierno de Perú, obligándolo a replantear sus planes políticos y económicos.
El presidente Alberto Fujimori se proponía mejorar sus posibilidades en las elecciones del año 2000 mediante inversiones publicas para reducir el desempleo e incrementar el consumo, especialmente en los sectores más pobres, tal como hizo cuando fue reelegido en 1995.
Pero ese plan no podrá ser puesto en practica, porque El Niño y la crisis asiática lo han dejado sin los recursos necesarios para revertir su rígido programa económico.
La reconstrucción de carreteras, sistemas de agua, canales de regadío y edificios públicos dañados por las inundaciones y aludes costarán unos mil millones de dólares, obras exigidas con urgencia por la población de las zonas afectadas.
Por otro lado, la crisis asiática hizo caer el precio de los productos mineros, principal rubro de exportación y fundamental soporte económico y tributario de Perú.
"El Tesoro Público tendrá que enfrentar mayores gastos con menores recursos, justamente cuando el gobierno central se preparaba a atenuar el rigor presupuestal y abrir un poco la bolsa fiscal para mejorar la situación social", comentó Francisco Urrunaga, ex director del Banco Minero.
La socióloga Imelda Vega, de la Universidad Católica de Lima, dijo por su parte que "la crisis fiscal se produce en el momento menos adecuado para los proyectos políticos del presidente Alberto Fujimori, cuya ansiedad reelecionista no ha sido confesada públicamente pero es por todos conocida".
Ambos analistas coinciden en señalar que en agosto próximo debía iniciarse una expansión productiva impulsada por el gasto público, destinada a aumentar el empleo y el consumo, y mejorar la imagen preelectoral del presidente-candidato.
Además, para recuperar el respaldo de los sectores empresariales, que si bien siguen apoyando su modelo económico neoliberal han comenzado a tomar distancia ante la caída de su popularidad, Fujimori estudiaba la adopción de medidas sectoriales de promoción.
Los empresarios reclaman una serie de disposiciones para reducir el impacto tributario, que hasta mayo pasado eran desechadas por el entonces ministro de Economía, Jorge Calmet, celoso defensor de los ingresos fiscales.
Según fuentes vinculadas a ese Ministerio, su nuevo titular, Jorge Baca, estudia una serie de medidas sectoriales reclamadas por los empresarios de turismo, pesca, agroindustria y minería.
Luis Abugattas, director del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, dijo a IPS que la reducción del encaje bancario de 45 a 35 por ciento -una de las medidas adoptadas por Baca- es una señal gubernamental de flexibilidad económica.
El aumento del encaje bancario fue uno de los instrumentos puestos en práctica por Fujimori para impedir un rebrote inflacionario, y su reciente reducción, según Abugattas, es una respuesta oficial ante la previsible caída del flujo de capitales que provocará la crisis asiática.
"Esa medida apunta a darle oxígeno financiero a la banca local, porque las líneas de crédito exterior han comenzado a endurecerse, bajar 10 puntos al encaje repercutirá en una mayor disposición de liquidez para los créditos internos", señaló.
Los empresarios están haciendo un activo cabildeo en el Ministerio de Economía para reducir de nueve a seis por ciento los aportes de las empresas al sistema de Seguridad Social, que incluye la atención hospitalaria y el fondo de jubilación.
Esa medida en gestación es rechazada por los sectores sindicales y profesionales, porque agravaría la crisis de la Seguridad Social, que sufre el impacto del programa de privatización parcial y progresiva del sistema.
Baca admitió que se tratará de reducir la presión tributaria para estimular las actividades empresariales.
"Nos interesa que las empresas privadas generen mayor empleo, pero debemos tener cuidado en evitar un 'sobrecalentamiento' de la economía peruana", afirmó.
Pero no todos los analistas se muestran complacidos por la idea de un repliegue de la austeridad presupuestal y de la ortodoxia liberal del gobierno de Fujimori que, a pesar de las dificultades, parece asomar en el horizonte inmediato.
Jorge Chavez, ex presidente del Banco Central y presidente de la consultora Maximixe, advirtió este mes que algunas de las medidas sectoriales en estudio podrían desencadenar una ola de reclamaciones empresariales de corte populista.
"Si se concede a un sector beneficios especiales, de inmediato surgen demandas similares en otros sectores", comentó.
"Hay que mantener la coherencia del modelo, uniformizar el esquema de beneficios y ajustar los incentivos a fórmulas que tomen en cuenta las ventajas comparativas de nuestro país en la comunidad internacional para promover las exportaciones de un modo racional y coherente", concluyó Chavez. (FIN/IPS/al/ag/ip-if/98
