El gobierno de México pasó, en menos de un mes, de la acción militar y la crítica contra todos los que rechazan su visión del conflicto en el estado de Chiapas a un plan de distensión destinado, según la oposición, a fracasar.
La propuesta, presentada la tarde del miércoles, incluye ofertas de desarrollo comunitario y remunicipalización, pero rechaza la reubicación de militares en la zona de conflicto y el fin de las acciones de fuerza dirigidas a restablecer el "estado de derecho".
Además, demanda el desarme de los simpatizantes e integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e incluye el compromiso de luchar contra la impunidad de paramilitares y de favorecer la reconciliación entre campesinos divididos por el conflicto.
El gobierno espera su nueva propuesta, planteada un mes después de la muerte de nueve simpatizantes del EZLN a manos de militares en un confuso enfrentamiento, lleve a la dirigencia guerrillera a regresar al diálogo, suspendido en septiembre en 1996.
Sin embargo, diversos observadores sostienen que es difícil que eso ocurra.
"La propuesta es una burla", pues no cumple con las principales demandas del EZLN, coincidieron este jueves voceros de organizaciones opositoras, eclesiales y de derechos humanos según las cuales el gobierno no renuncia a continuar con su "guerra de baja intensidad" en Chiapas.
El EZLN, que desde febrero se mantiene silencioso y replegado a pesar de arremetidas policiales y de paramilitares, señaló que volverá a dialogar sólo si el gobierno cumple con un acuerdo ya firmado sobre derechos indígenas, desmilitariza la zona, libera a sus simpatizantes detenidos y actua sin "doble discurso".
Para los observadores, el principal escollo a superar es el cumplimiento del acuerdo sobre derechos indígenas, pactado por la guerrilla y el gobierno en febrero de 1996.
El acuerdo fue transformado hace dos años por mediadores del Congreso en un proyecto de ley por presiones de la guerrilla y luego de una etapa de silencio e inmovilismo del gobierno.
El EZLN aceptó la propuesta de los mediadores, pero el gobierno lo rechazó argumentando que entregaba excesivos derechos de autonomía a las etnias, por lo que preparó otro proyecto de ley.
En ese momento, la dirigencia del EZLN, señaló que no podía seguir negociando si la contraparte no nclumple sus compromisos.
"Nada nuevo tiene la propuesta oficial de distensión y no convencerá a los zapatista para regresar al diálogo", dijo Pablo Gómez, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática al referirse al último plan del gobierno para Chiapas.
La premisa de las autoridades para solucionar el conflicto es el respeto del "estado de derecho", argumento usado las últimas semanas para desmantelar por la fuerza municipios autónomos creados por simpatizantes de la guerrilla zapatista, con un saldo de varios muertos y detenidos.
En un estado de excepción como el que vive Chiapas y con un grupo armado biligerante reconocido por la ley, hablar de "estado de derecho" para atacar a los zapatistas va contra todo principio de negociación, sostienen los opositores.
Observadores como el analista Miguel Granados advierten que la reactivación del diálogo en Chiapas parece hoy más difícil que nunca, pues el grupo de mediadores, que encabezó el obispo Samuel Ruiz, se desintegró en junio por desacuerdos con el gobierno.
La apuesta ahora es establecer una negociación directa con la dirigencia de la guerrilla, dice el gobierno, pero observadores y políticos consideran algo imposible de lograr si se considera lo sucedido en otros países con conflictos entre guerrillas y gobierno.
El gobierno debería bajar su agresividad y aceptar una mediación internacional, sugirieron los últimos días algunos diputados, tras criticar un discurso del presidente Ernesto Zedillo, pronunciado en Chiapas el 1 de julio, en el que fustigó a todos aquellos que no comulgan con su visión del conflicto.
Los que promueven una intervención o mediación extranjera, como el obispo Ruiz, la dirigencia de la guerrilla y grupos humanitarios, recibieron en el discurso del presidente calificativos de "apóstoles de la hipocrecía" y acusaciones por usar un supuesto doble lenguaje.
Para el escritor Juan Bañuelos, el último discurso del presidente sobre Chiapas intenta preparar a la opinión pública para un golpe militar contra la guerrilla. (FIN/IPS/dc/mj/ip/98
