El no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) anunció hoy que pidió al gobierno la extradición de España del ex capitán Billy Joya Améndola, acusado de delitos de lesa humanidad en los años 80 y prófugo de la justicia.
El presidente del CODEH, Ramón Custodio, afirmó que Joya reside desde hace "algún tiempo" en España, "con el conocimiento" de las autoridades españolas".
"Pediremos su extradición en base a un convenio que España mantiene con Honduras", explicó.
"Sabemos que incluso el ex capitán Joya pidió asilo político al gobierno español, pero le fue negado. No entendemos por qué un gobierno amigo tiene en su territorio a un criminal de guerra como este violador de los derechos humanos", dijo Custodio.
El CODEH solicitó la ayuda de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España para su gestión.
Los defensores de los derechos humanos informaron que Joya tiene un restaurante en una de las principales ciudades españolas y, pese a que en Honduras existe un "alerta migratoria" para capturarlo, se sabe que visita este país con frecuencia.
Joya es acusado por el CODEH de varios casos de violación a los derechos humanos en la década pasada, entre los que se destaca el secuestro de seis estudiantes universitarios en 1982. Los estudiantes pudieron sobrevivir gracias a la gestión de los grupos humanitarios.
Asimismo, formó parte del grupo paramilitar 3-16, responsable del asesinato de 187 personas por motivos político-ideológicos.
Joya fue también enlace del ejército hondureño con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y con militares argentinos que asesoraron a los mandos castrenses de este país en materia de guerra de baja intensidad.
El 3-16 fue creado por oficiales del ejército egresados de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, con asiento en Panamá. El ex capitán prófugo explicó en su libro "Un rayo de luz en el camino" que las funciones de ese aparato represivo eran enfrentar el comunismo en América Central.
Joya pidió públicamente perdón hace cuatro años en un programa de televisión por haber participado en las actividades del 3-16, tras declarar que su conversión al cristianismo lo llevó al arrepentimiento.
Incluso dijo que se iba a someter a la justicia, pero cuando la Fiscalía del Estado lo acusó formalmente, huyó del país, arguyendo que "no tenía fe" en la justicia hondureña.
También están prófugos otros 13 militares, algunos en servicio activo y otros en retiro, acusados de violaciones de los derechos humanos.
La embajada de España en Honduras se rehusó a comentar la presencia de Joya en su país, denunciada hace un año por el entonces presidente Carlos Reina, quien nunca pudo explicar por qué no pidió su extradición.
El caso de los militares prófugos de la justicia tomó vuelo nuevamente en este país debido al caso de Fausto Reyes Caballero, acusado de torturas y "archivo viviente" de los años ochenta, que la semana última fue deportado de Canadá.
Caballero residía desde hace ochos años en Canadá, que resolvió deportarlo como "criminal de guerra". Se halla ahora bajo la protección del estatal Comisionado de los Derechos Humanos y de la Fiscalía del Estado.
Su testimonio es utilizado en un proceso contra el jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, implicado en la desaparición en 1987 del estudiante universitario Roger González.
Custodio dijo que Joya debe ser extraditado "como criminal de guerra, por la calidad de los delitos cometidos, y porque su responsabilidad con la historia es muy grande, pues su función no sólo fue de torturador, sino también de especialista en guerra sucia y búsqueda de fondos para estos propósitos".
Un informe oficial responsabilizó de la guerra sucia de los años 80 al ejército, a sus cómplices civiles, a la CIA y asesores militares argentinos. (FIN/IPS/tm/ff/hd/98
