El Congreso de Estados Unidos pospuso para septiembre, dos meses antes de las elecciones legislativas, debates potencialmente explosivos sobre política exterior, ayuda y comercio, a causa del enfrentamiento entre los dos grandes partidos.
Como resultado, el Congreso deberá hacer frente a temas como la legislación por la vía rápida, el respaldo de Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ayuda para grupos de planificación familiar en el exterior.
Los debates tendrán lugar en la caldeada atmósfera de lo que promete ser una dura campaña política.
Mucho está en juego mientras los congresistas intentan organizar sus campañas con contribuciones de potentes intereses políticos, incluyendo grandes empresas, sindicatos y la derecha cristiana. Todos ellos juegan un papel en el estancamiento producido en el Congreso.
La dirigencia del Partido Republicano, que controla el calendario legislativo, parece maniobrar hacia la mayor ventaja política, con la meta de dividir y avergonzar al Partido Demócrata del presidente Bill Clinton en un momento clave.
Este es el caso con el comercio, sobre el cual los demócratas se dividen entre legisladores partidarios de los sindicatos, que en general se oponen a los acuerdos de libre comercio, y los neoliberales que representean intereses de quienes se han beneficiado con la globalización económica.
En noviembre, ambos sectores se enfrentaron por el pedido de Clinton de la autoridad de la vía rápida para negociar acuerdos de libre comercio con economías latinoamericanas y emergentes.
Cuando pasó la tormenta, una gran mayoría de demócratas, muchos de los cuales necesitan apoyo laborista para ser reelectos, desafiaron a Clinton uniéndose a una minoría de republicanos proteccionistas para forzarlo a retirar la medida.
En su discurso sobre el Estado de la Nación en enero, Clinton prometió hacer de la legislación para la vía rápida la prioridad en 1998. No obstante, temiendo mayores luchas internas entre los demócratas, la Casa Blanca silenciosamente pospuso los planes hasta 1999, después de las elecciones de noviembre.
El martes, sin embargo, el Comité de Finanzas del Estado, dominado por intereses favorables al comercio en ambos partidos, adjuntó la legislación de la vía rápida a un proyecto pendiente para promover el comercio y la inversión en Africa.
La medida puede haber perjudicado al proyecto de Africa, y a una medida para entregar a países de América Central y el Caribe beneficios similares a los que tiene México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, asegura un debate explosivo pocas semanas antes de la elección.
La mayoría de los analistas y la Casa Blanca denunciaron la medida como un plan cínico diseñado para avergonzar a los demócratas.
Los republicanos, sin embargo, insistieron en que la medida sólo estuvo motivada por el interés nacional, en especial a la luz de la crisis financiera asiática.
Representantes de intereses empresariales y de la agroindustria han presionado por los 18.000 millones de dólares solicitados por Clinton al Congreso para que el FMI ayude en la crisis asiática.
En el caso de los fondos para el FMI, son los republicanos los que están divididos. El presidente del Senado, Newt Gingrich, favorece un presupuesto de ayuda exterior que incluye el pedido de Clinton, pero el líder de la mayoría de esa cámara, Dick Armey, está en contra.
"Si este Congreso republicano puede decir no a 18.000 millones de dólares para una institución internacional dirigida por un socialista francés (el director gerente del FMI, Michel Camdessus), quien los utilizará para aumentar los impuestos en todo el mundo, entonces no deberíamos estar aquí", dijo Armey.
La oposición de Armey forzó a Gingrich a retrasar la consideración del proyecto en el Comité hasta después del receso de agosto, con el resultado de que los fondos para el FMI y el resto del proyecto de ayuda exterior serán discutidos en el momento políticamente más sensible del año.
El proyecto de ayuda, de 12.800 millones de dólares, que ofrece 1.000 millones de dólares menos de los originalmente pedidos por Clinton y 200 millones por encima del presupuesto actual, planteará otros temas polémicos.
Entre ellos, el cumplimiento de Estados Unidos con el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, la financiación de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Global de Medio Ambiente.
También podría convertirse en rehén de esfuerzos de legisladores republicanos para prohibir la financiación de agencias privadas en el exterior que presionan a sus gobiernos para suavizar las leyes contra el aborto.
El año pasado, Gingrich prometió a estas fuerzas que no se aprobaría dinero para el FMI o la ONU sin esa prohibición, y ambas cámaras del Congreso acordaron incluirla en otra medida sobre la ayuda exterior aún no enviada a la presidencia.
La Casa Blanca, sin embargo, insistió en que vetará cualquier proyecto de ayuda que incluya la prohibición, a la cual se oponen firmemente organizaciones de mujeres estadounidenses. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/ip/ip if/98
