La justicia de España condenó hoy al ex ministro José Barrionuevo y a 11 policías y funcionarios del gobierno que encabezó el socialista Felipe González (1982-1996) a largas penas de cárcel por delitos cometidos en el marco de la "guerra sucia" contra independentistas vascos.
Se trata de las primeras condenas en el marco de los juicios por las acciones de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) entre 1983 y 1987, durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que derivaron en la muerte de 28 personas.
Barrionuevo, ex ministro del Interior, fue condenado este miércoles a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta, por el secuestro en el País Vasco francés de Segundo Marey, empresario francés hijo de españoles y sin afiliación partidaria, el 5 de diciembre de 1983, hace casi 15 años.
La sentencia del Tribunal Supremo de España atribuye a Barrionuevo, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al ex gobernador civil de la provincia de Viscaya Julián Sancristóbal los delitos de malversación de fondos públicos y detención ilegal. Los tres recibieron idéntica condena.
Unos entonces desconocidos GAL reivindicaron durante la "guerra sucia" las acciones contra los independentistas vascos que ahora se juzgan, pero la Fiscalía acusó a funcionarios del Ministerio del Interior y altos jefes policiales de aquella época.
Francisco Alvarez, ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista, Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, y José Amedo, ex subcomisario de Policía, fueron condenados también este miércoles a nueve años y seis meses de cárcel cada uno.
También se condenó a los inspectores de Policía Francisco Saiz, Julio Hierro, Luis Hens y José Ramón Corujo a cinco años de prisión, y al ex secretario general del PSOE del País Vasco Ricardo García Damborenea a siete años.
El ex inspector de Policía Michel Domínguez fue condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión.
Un total de doce acusados se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo de Justicia desde el 26 de mayo de este año.
Según declaraciones de ex funcionarios ahora procesados, Marey fue secuestrado por error.
El plan, que los policías procesados atribuyeron a Barrionuevo, entonces ministro del Interior y hoy diputado socialista, consistía en secuestrar a un dirigente de la organización independentista vasca ETA, Mikel Lujua, y canjearlo por cuatro policías detenidos en Francia.
Al ser informado del error, Barrionuevo ordenó mantener prisionero a Marey en una casa en los bosques del norte de España para presionar al gobierno de Francia, según los policías.
El hoy condenado comisario Alvarez confesó haber telefoneado el 6 de diciembre de 1983 a la Cruz Roja de la ciudad vasca de San Sebastián para anunciar que, si en 48 horas no eran liberados los cuatro policías presos en Francia, Marey sería ejecutado, aun a pesar del error de persona.
Dos días después, un tribunal francés dispuso la libertad de los policías españoles. Marey fue liberado el 14 de diciembre, tras permanecer nueve días atado a una cama, en una fría casa de montaña.
Marey nunca más volvió a trabajar, lo que sus allegados atribuyen al sufrimiento físico y moral que implicó su secuestro. Ahora, a los 65 años, se limita a llevar y retirar a sus nietos de la escuela y a tocar el saxofón en la banda municipal del pueblo francés próximo a la frontera de España donde vive.
Los abogados de Vera y Barrionuevo pidieron la absolución, y, resguardándose de las pruebas acumuladas, plantearon que el delito estaba prescripto al haberse cometido en diciembre de 1983.
Según la legislación española, la prescripción de detenciones ilegales se considera válida a los diez años de ocurridos los hechos. Pero si se exigió una contrapartida para liberar al secuestrado, se requieren quince años.
En este caso, el secuestro de Marey fue reivindicado con la firma GAL y en una llamada a una emisora se exigió como contrapartida para liberarlo la libertad de cuatro policías presos en Francia.
La sentencia no acogió ninguna de las peticiones de nulidad de los delitos basadas en la prescripción que, según el fallo, se interrumpió por un escrito de querella presentado en abril de 1988 por la acusación popular. (FIN/IPS/nu/mj/ip hd/98
