Senadores republicanos urgieron hoy al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a impedir que el recién aprobado acuerdo de creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) entre en vigor alguna vez.
Los legisladores describieron al tribunal, creado para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios y agresiones, como una gran amenaza para la soberanía de Estados Unidos, y exhortaron al gobierno a castigar a los países que ratifiquen el tratado.
El acuerdo se produjo el pasado viernes en Roma, tras cinco semanas de negociaciones y una votación de 120 delegados nacionales a favor y siete en contra, y deberá ser ratificado por 60 países para que entre en vigor.
"Esta corte es un monstruo que debe ser asesinado", declaró el senador republicano Rod Grams, quien presidió la primera audiencia del Congreso para revisar el acuerdo de creación del TPI.
"Estados Unidos debe oponerse agresivamente a este tribunal en todas las instancias, porque el tratado que lo establece no sólo es malo, sino también peligroso", urgió.
Mientras, funcionarios de gobierno confirmaron su oposición al acuerdo tal como está redactado, pero aclararon que Washington continuará negociando con otros países para enmendarlo.
"Trataremos de corregir las fallas y, si llegamos a la conclusión de que no serán corregidas, entonces pasaremos a la oposición tajante", explicó a la prensa James Rubin, portavoz del Departamento de Estado.
Estados Unidos fue uno de siete países, entre ellos varios de los que Washington considera "estados renegados", que votaron contra el tratado del TPI el día 17. Casi todos sus tradicionales aliados de Europa y Asia oriental votaron a favor, mientras China, Iraq, Israel, Libia, Qatar y Yemen se opusieron.
"Estados Unidos debe combatir este tratado. Debemos oponernos agresivamente a este Tribunal", exhortó Jesse Helms, republicano de extrema derecha y presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado.
Helms y otros objetan especialmente que el TPI tenga competencia sobre los delitos de "agresión", además de los de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
"Creo que puedo imaginarme lo que este Tribunal considerará un crimen de 'agresión': cuando Estados Unidos adopte acciones militares para defender sus intereses nacionales, a menos que Washington primero pida y reciba el permiso de la Organización de las Naciones Unidas", dijo Helms.
Los republicanos también rechazaron la noción de "competencia universal" incluida en el tratado, por la cual las acciones de un estado que no se adhirió al convenio igualmente estarían sujetas al poder de la corte.
El embajador de Estados Unidos David Scheffer, al frente de la delegación de su país en Roma, advirtió que la pretensión de competencia universal del tratado, aun en ausencia de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, podría afectar los intereses de defensa y pacificación de Washington en el exterior.
En Roma, la delegación estadounidense se opuso al poder que tendría el fiscal del TPI de iniciar un proceso sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, uno de sus cinco miembros permanentes, goza del poder de veto. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml-aq/ip/98
