El gobierno del estado de Massachusetts defendió ante un tribunal de Estados Unidos una ley estadual que sanciona el comercio con Birmania y fue rechazada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior, una organización integrada por 580 compañías estadounidenses.
En mayo, el Consejo entabló una demanda contra Massachusetts porque, asegura, la ley "de compras restrictivas" que se aplica a las firmas que comercian con Birmania es inconstitucional y perjudicial para muchas empresas.
Esta semana, autoridades de Massachusetts presentaron a la corte una respuesta a esa demanda.
"No estamos interfiriendo con nadie. Nuestra acción es constitucional", replicó el martes el subprocurador general de Massachusetts, Tom Barnico.
Un tribunal federal analizará el caso el 23 de septiembre. El Consejo procura anular una ley de 1996 que prohíbe a Massachusetts contratar a compañías que comercien con Birmania, salvo que la oferta de las mismas tenga un precio al menos 10 por ciento inferior al de la competencia.
La ley tiene por finalidad debilitar al gobierno de Birmania, una dictadura militar que cometió y continúa cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La ley "se entromete en el exclusivo poder del gobierno nacional de decidir la política exterior, discrimina a las compañías que comercian con otros países y contradice las políticas y metas del estatuto federal que sanciona a Birmania", dijo el presidente del Consejo, Frank Kittredge.
La demanda contra Massachusetts será un "importante caso que sentará jurisprudencia" sobre la constitucionalidad de las sanciones locales y estaduales, aseguró.
Varias localidades de Estados Unidos promulgaron unas 50 leyes que limitan las operaciones de compañías con controvertidos negocios en el exterior, y la mitad de esas normas procuran restringir el comercio con Birmania.
Otras leyes de comercio restrictivo afectan el intercambio con países como China, Indonesia, Nigeria y Suiza.
Ninguna de estas leyes fue refutada por los tribunales, indicó Simon Billeness, activista de los derechos humanos de la Corporación Franklin de Investigación y Desarrollo, de Boston.
Los únicos precedentes legales de este tipo de leyes, explicó Barnico, aparecieron hace una década cuando muchos lugares, entre ellos el estado de Massachusetts y la ciudad de Nueva York, prohibieron el comercio con firmas inversoras en la Sudáfrica del apartheid (régimen de segregación racial).
El tribunal de apelaciones de Maryland confirmó la legalidad de las leyes contra el apartheid de Baltimore, y la Oficina de Asesoría Jurídica de Estados Unidos concluyó en 1986 que la legislación era "constitucional en todos sus aspectos", señaló Barnico.
No obstante, el comercio internacional sufrió algunos cambios desde que finalizó el apartheid en Sudáfrica. La formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) otorgó a los opositores de las sanciones el espacio para expresar su desacuerdo.
Varios detractores de las leyes contra Birmania, entre ellos Japón y gobiernos europeos, expresaron su intención de solicitar medidas de la OMC contra este tipo de legislación, si no se modifica para septiembre.
Esos gobiernos se quejaron el año pasado ante la OMC porque Massachusetts habría violado el Acuerdo General de Adquisiciones, un convenio firmado por 39 estados de este país por el cual los contratos de compras se deben basar exclusivamente en criterios económicos.
En consecuencia, Byron Rushing, representante estadual de Massachusetts y principal promotor de la ley contra Birmania, consideró agregar una enmienda que exima a los contratos de bienes y servicios por más de 500.000 dólares y a los proyectos de construcción superiores a seis millones de dólares.
Pero no es probable que el poder legislativo de Massachusetts considere la enmienda de Rushing en su sesión actual, ya que seguramente se analizará tras la reacción de la Unión Europea, predijo Billeness.
Los aspectos jurídicos se complican por los factores políticos que llevaron a que las organizaciones activistas pidieran las sanciones contra el comercio con Birmania en primer lugar.
Mientras, el gobierno de Bill Clinton está bajo presión para manifestar su apoyo a uno u otro bando. Aunque Washington objetó las leyes estaduales o locales que contradicen la política exterior nacional, "no desea una ruptura política con los estados" sobre el asunto, aseguró Billeness.
Así mismo, la Casa Blanca, que impuso sus propios límites al comercio con Birmania, también procura mantener la presión sobre Rangún, sobre todo debido al actual enfrentamiento entre la dictadura birmana y la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
El gobierno birmano impidió la reunión de Suu Kyi con integrantes de su partido Liga Nacional para la Democracia.
"Cada día que pasa aumenta la probabilidad del colapso o la explosión social que socavará la estabilidad regional, y disminuye la probabilidad de que el próximo gobierno pueda resolver los problemas de Birmania", declaró esta semana la secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq/if-ip/98
