Ninguno de los oponentes del virtual presidente electo de Ecuador, Jamil Mahuad, está dispuesto a darle un respiro cuando asuma el 10 de agosto la tarea de sacar a este país de su peor crisis en los últimos 20 años.
Así se pronunciaron los principales líderes políticos y sociales tan pronto se anunció el triunfo de Mahuad, del demócratacristiano partido Democracia Popular, en las elecciones del domingo.
Jaime Nebot, diputado electo por el Partido Socialcristiano (PSC), uno de los mayoritarios en el Congreso, anunció que "no habrá período de gracia" para el gobierno de Mahuad. Lo mismo hicieron el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) y el general Paco Moncayo, diputado socialdemócrata.
Mahuad replicó que "el que no tiene período de gracia es el país", al tiempo que admitiendo que gobernará bajo fuertes presiones de todos los sectores.
Tanto el PSC como la socialdemocracia apoyaron la candidatura de Mahuad en la segunda vuelta electoral, pero rechazan la posibilidad de participar directamente en un gobierno de concertación.
Nebot anunció que cualquier integrante de su partido que acepte un cargo político de gobierno "será expulsado". El líder socialdemócrata Rodrigo Borja, presidente entre 1992-1996, se declaró abiertamente escéptico sobre las políticas que adoptará el nuevo gobierno.
Todos, sin embargo, coinciden en que el gobierno, por sí solo, no podrá acometer la reconstrución de un país agotado en lo político y económico.
Ecuador, con una población de 12 millones de habitantes, 60 por ciento de los cuales viven en la pobreza, ha llegado a un virtual estancamiento institucional, económico y social sin precedentes.
En el último año y medio, el presupuesto fiscal pasó del equilibrio a un déficit de siete por ciento del producto interno bruto.
A ello se sumaron la caída de precios del petróleo, que el presupuesto previó en 16 dólares anuales por barril a menos de siete dólares por barril, y las pérdidas por cerca de 2.000 millones de dólares en cultivos e infraestructura destruida por el fenómeno climático de El Niño.
La economía ecuatoriana acarreaba ya las secuelas de una guerra que este país sostuvo durante tres meses con Perú en 1995 por un viejo litigio de límites, que desaceleró un crecimiento que a inicios de la década 90 era sostenido y mayor a tres por ciento anual.
El país tiene una deuda externa de 15.000 millones de dólares que consume 50 por ciento del presupuesto y es uno de los países latinoamericanos con mayor endeudamiento por persona.
A la crisis económica se añade la política, que arrastra desde 1995, cuando el entonces vicepresidente Alberto Dahik, conservador, huyó del país acusado de mal manejo de fondos públicos y se asiló en Costa Rica.
Tras ese escándalo comenzó la polémica presidencia de Abdala Bucaram, que gobernó seis meses antes de ser cesado por el Congreso "por incapacidad", en medio de una lluvia de denuncias sobre corrupción.
En el período de su sucesor, el interino Fabián Alarcón, el Congreso perdió una quinta parte de sus miembros, que fugaron al ser acusados de corrupción.
La avalancha se acercó al propio Alarcón, cuya mano derecha, el ministro de Gobierno (interior) César Verduga, dejó el país antes de ser apresado, acusado de uso indebido de dinero público.
El descrédito de la institucionalidad llevó al surgimiento de organizaciones sociales de indígenas, negros, mujeres y marginados como nuevos interlocutores del Estado.
Pedro de la Cruz, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN), dijo a IPS que el gobierno de Mahuad deberá responder a las demandas sociales si desea consolidarse.
Las organizaciones indígenas, que representan un tercio de la población total, apoyaron con reservas la candidatura del virtual presidente electo. Un tercio de la población de este país es indígena.
Los indígenas han presentado un plan de acción para el campo, con medidas como créditos para reactivar la agricultura y leyes que consagren el respeto a su diversidad cultural.
"Esperamos que nuestras propuestas sean acogidas. Si el gobierno se cerrara al diálogo, tendrá problemas con las organizaciones indígenas", advirtió De la Cruz.
Alrededor de tres millones de indígenas ecuatorianos realizaron en los últimos seis años levantamientos que paralizaron el país, en demanda de reconocimiento a sus derechos.
"No creemos en el discurso. Sabemos que la política macroeconómica será de corte neoliberal, pero nos importa que en la realidad busque soluciones para alimentar al pueblo y darle posibilidades de desarrollo", añadió De la Cruz. (FIN/IPS/amr/mj/ip/98
