Una coalición de más de 30 organizaciones no gubernamentales de Uruguay urgieron la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) que asegure un sistema de justicia universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad.
El llamado se realizó nueve meses después de que Montevideo fue sede de una conferencia latinoamericana para constituir en 1998 un TPI que destierre la impunidad de los crímenes de guerra.
La creación de un TPI se analiza actualmente en Roma con la participación de representantes de más de 150 países.
A tres días del fin de la reunión aún quedan aspectos claves a definir y uno de ellos es la posición de Estados Unidos, que se ha convertido en centro de polémica.
Ese país insiste en que la corte dependa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que, con excepción de los casos de genocidios, tenga el aval del país cuestionado, mientras las organizaciones no gubernamentales y humanitarias rechazaron esa posición.
La comisaria de la Comisión Europea para Ayuda Humanitaria, Emma Bonino, dijo que, si no se puede ablandar la posición de Estados Unidos, la ausencia de ese país en el tribunal "da menos miedo que el riesgo de traicionar a víctimas de los crímenes que el TPI piensa castigar".
Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Koffi Annan, que este martes llega a Uruguay, exhortó a crear un TPI "fuerte e independiente".
El grupo de organizaciones uruguayas está integrado, entre otras por la filial uruguaya de Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Instituto del Tercer Mundo y el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana.
Los firmantes de la declaración reclamaron esta semana a los gobiernos apoyar la creación de un TPI con determinadas características que le permitan cumplir fielmente sus objetivos.
Destacaron la necesidad de una fiscalía independiente y la jurisducción automática del tribunal que juzgará los crímenes de lesa humanidad, sin requerir el consentimiento de los estados para que desarrolle sus funciones.
"Asimismo, ningún cuerpo político, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU o los Estados, podrá suspender o retrasar los casos que la Corte está analizando", dijeron.
Voceros de Amnistía Internacional dijeron hoy a IPS que sólo en esas condiciones el tribunal "podrá constituirse en una herramienta clave para construir un futuro en que progresivamente el derecho prime sobre la fuerza, donde los criminales de lesa humanidad sean juzgados, condenados, y castigados".
De esa forma, señalaron, se desalentará "enérgicamente toda conducta criminal y que la impunidad sea eliminada".
Aun cuando la corte no tendría efecto retroactivo, las organizaciones uruguayas señalaron hechos regionales como ejemplo de impunidad.
La justicia de Argentina tramita ante la uruguaya una investigación sobre la desaparición de personas durante los regímenes militares de ambos países en la década del 70, conocida como de la "guerra sucia".
Leyes de "punto final" y argumentaciones jurídicas de los tribunales uruguayos han impedido que esa investigación se concrete, tanto para juzgar a violadores de derechos humanos como para identificar cadáveres de desconocidos enterrados en cementerios uruguayos.
El ex militar argentino Adolfo Scilingo reveló en 1997 que decenas de presos políticos fueron arrojados al Río de la Plata luego de ser asesinados. Cadáveres sin identificación aparecieron luego en las costas uruguayas.
Sobre estos hechos, el juez español Baltazar Garzón, ante quien declaró Scilingo, solicitó informes en marzo a la justicia uruguaya sin que hasta el momento haya recibido respuesta.
La Central Unica de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay, presentó en mayo ante Garzón una serie de documentos que involucra a militares y policías uruguayos.
El encuentro para impulsar la creación de un TPI fue realizado en octubre de 1997 en Montevideo, organizado por la asociación No Peace Whithout Justice (NPWJ), el Parlamento Latinoamericano, la Universidad para la Paz y la agencia de noticias Inter Press Service (IPS).
Además, colaboraron la Unión Europea y el Open Society Institute.
"Se acabaron los tiempos bíblicos, estamos en la hora de los tiempos históricos", dijo Bonino en Montevideo y advirtió que aun cuando existe un amplio consenso para establecer el "existen enemigos desembozados pero también ocultos contra la iniciativa".
"A ellos hay que hacerles sentir nuestra presión para que el fin del siglo nos encuentre no sólo con los horrores de Auschwitz y Bosnia, sino también con un instrumento para combatir el resultado de esas situaciones", destacó.
Las historias repetidas de crímenes de guerra y las imágenes aterradoras de Ruanda o la ex Yugoeslavia no han sido suficientes hasta el momento para que la comunidad internacional se decida a crear instrumentos eficaces de prevención y castigo, dijeron a IPS voceros locales de Amnistía Internacional.
Las acciones de los tribunales que actuaron en Yugoeslavia y Ruanda sentaron las bases para un derecho internacional penal peramente.
Sin embargo, pese a los halagos que su trabajo ha recibido, víctimas de estas guerras no perciben que se hayan cumplido los objetivos, en la medida en que en Ruanda los procesos demoran en comenzar y en Yugoeslavia varios de los principales imputados permanecen impunes.
El tribunal no solo requiere consenso político internacional, sino también respaldo financiero y como dijo Bonino "es más fácil firmar una declaración que firmar un cheque". (FIN/IPS/rr/mj/hd/98
