El compromiso del insurgente ELN de suspender el secuestro de niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada y de no usar minas antipersonales en las zonas de conflicto es uno de los principales avances de la reunión de Maguncia, según la Iglesia católica de Colombia.
El arzobispo Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, sostuvo que el compromiso firmado el miércoles por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) es un importante aporte del grupo insurgente para la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario.
El compromiso quedó rubricado en el Acuerdo de las Puertas del Cielo, cuyo nombre procede del monasterio Maguncia, Alemania, donde durante tres días deliberaron los portavoces del ELN, 40 representantes de la sociedad civil y de las Conferencias Episcopales de Colombia y Alemania.
Giraldo, quien preside este jueves una asamblea de la sociedad civil sobre la paz en el departamento de Antioquia, en el noroeste colombiano, afirmó que la declaración del ELN es importante porque "la plataforma de cualquier proceso de paz tiene que acatar el derecho internacional humanitario".
Luis Valencia, docente de la privada Universidad de los Andes, subrayó la importancia del anuncio del ELN porque fue "unilateral y sin ninguna contraprestación", lo que expresa un cambio sustancial en su comportamiento.
Valencia dijo a IPS que se trata de "la primera vez que una organización armada hace un compromiso semejante", con el que además saldrá fortalecida frente a la opinión pública.
El ELN declaró formalmente abierto su proceso de paz y anunció también que suspenderá la "retención de personas con propósitos financieros en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos" para esa organización mientras transcurre la negociación.
Además, los rebeldes anunciaron que acatarán las recomendaciones de Amnistía Internacional en su informe de 1994 sobre el tratamiento a los prisioneros y heridos, la prohibición de homicidios "deliberados y arbitrarios" de no combatientes y la utilización de cautivos como rehenes.
El no gubernamental Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP) sostuvo en su informe sobre derechos humanos de 1997 que en Colombia "ninguno de los actores armados respetó los principios que regulan la conducción de la guerra".
El CINEP sostuvo que en 1997 se cometieron 3.822 infracciones graves al derecho internacional humanitario, entre ellas 1.522 homicidios, 179 desapariciones, 268 agresiones con lesiones, 150 episodios de tortura, 319 amenazas y 10 tomas de rehenes.
De estos hechos 89 fueron atribuidos al ejército, 11 a la policía, 642 a la guerrilla, 1.890 a paramilitares y el resto a actores no identificados.
En 1997, el conflicto se degradó y escaló al punto que "la guerra se libró contra la población civil", advirtió el Cinep. Los civiles fueron utilizados como blanco por los bandos en armas para lograr mayores ventajas militares y estratégicas. Las circunstancias cambiaron poco en el primer semestre de 1998.
En su propósito de "humanizar la guerra", el ELN anunció que no reclutará en sus filas a menores de edad e impulsará el respeto a la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de las comunidades indígenas y demás etnias.
Además, los representantes de la población civil firmantes del acuerdo se comprometieron a "buscar espacios" con los otros grupos armados para concretar la paz.
Pero el protagonismo de la sociedad civil en el proceso es limitado, según observadores, pues quienes asistieron a la reunión en Maguncia fueron directamente invitados por el ELN y las conferencias episcopales de Colombia y Alemania.
El comandamnte de las Fuerzas Armadas, Manuel Bonett, dijo que "la sociedad civil no estuvo representada" porque "fue una selección unilateral". Sería deseable "que en las proximas reuniones sí estén representados todos los sectores", agregó.
Pero Francisco de Roux, ex director de CINEP, calificó la reunión de Maguncia de "importante, porque pese a que allí no estuvo representada toda la sociedad ni el gobierno" es el inicio de un proceso donde tendrán que participar.
Eduardo Pizarro, de la estatal Universidad Nacional, advirtió que la situación puede ser peligrosa para el proceso "si se entra en la dinámica de compromisos de actores de la sociedad civil que al final no representen necesariamente a quienes van a tomar las decisiones en el futuro". (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/98
