Con la activa participación de personas vinculadas al Partido Demócrata Cristiano de Chile, el mayor de la coalición de gobierno, se prepara la puesta en marcha de un nuevo megaproyecto forestal en el sur del país.
El polémico megaproyecto, denominado Cascada Chile, se ubica en la bahía Ilque, unos 1140 kilómetros al sur de Santiago, donde las compañías Boise Cascade Corporation, de Estados Unidos, y Maderas Cóndor, de Chile, formaron la Compañía Industrial Puerto Montt.
Esta empresa se propone operar una planta elaboradora de paneles de madera y construir un puerto, para de producir 500.000 metros cúbicos anuales de paneles, cuya venta alcanzaría los 130 millones de dólares, creando 200 nuevas plazas de trabajo.
Sin embargo, el consultor de temas ambientales de la zona, Mauricio Fierro, asegura que la empresa explotará 1,6 millones de metros cúbicos de madera, lo que equivale a 5.000 hectáreas anuales o a 2,4 millones de árboles nativos.
Las críticas de los ambientalistas apuntan a que no se han realizado estudios sobre el impacto que tendrá en el bosque la explotación, debido a que la Compañía Industrial Puerto Montt adquirirá la materia prima a agentes externos, traspasando así el problema a terceros.
Fierro y el grupo ecologista Defensores del Bosque Chileno señalaron que Boise Cascade Corporation ha protagonizado fracasadas experiencias similares en Estados Unidos, Canadá, México y Vietnam.
En cuanto a Maderas Cóndor, de propiedad de Italo Zunino, se le acusa de haber participado en la Empresa Magallánica de Bosques, que fracasó en su intento de explotación comercial de lenga en el extremo sur del país.
En tanto, 187 hectáreas adquiridas por Cascada Chile en Ilque son fiscales, habiendo sido arrendadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a la firma, lo que a juicio de ésta se basó en el decreto ley 1.939 de 1977, que permite al fisco "comprar, vender o arrendar" bienes nacionales.
Fierro, sin embargo, denuncia una red de "influencias democratacristianas", debido a que parte del proceso de evaluación ambiental lo realizaría Participa, una organización no gubernamental (ONG) vinculada al Partido Demócrata Cristiano.
Esta ONG habría subcontratado los servicios de la Universidad de Los Lagos, ubicada en la zona, cuyos directivos tienen una "reconocida tendencia y militancia" en la coalición de gobierno.
Italo Zunino, propietario de Maderas Cóndor, es un antiguo y cercano amigo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-94), también democristiano.
Para informarse en el lugar de todos los aspectos relacionados con este caso, un grupo de delegados de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados visitará la zona en los próximos días.
El objetivo de la visita será contactarse con los vecinos que se sienten afectados por esta iniciativa, declaró al diario La Epoca el diputado Alejandro Navarro, del oficialista Partido Socialista y miembro de la denominada "bancada verde".
Los diputados se reunirán con ejecutivos de la Compañía Industrial Puerto Montt, que en mayo presentó el proyecto a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) para su evaluación.
Navarro argumentó que la instalación del puerto, que tendrá 170 metros de largo, será negativa para el desarrollo turístico de la región afectada, donde existen otras inversiones programadas en ese ámbito.
En tanto, los diputados de la bancada verde Guido Guirardi, del oficialista Partido Por la Democracia, y Arturo Longton, del derechista Renovación Nacional, criticaron al Intendente de la Décima Región, Rabindranath Quinteros, a quien señalaron como el principal impulsor del proyecto Cascada Chile.
Los parlamentarios indicaron que Quinteros destacó las ventajas del proyecto en una reunión con el presidente Eduardo Frei y los ministros de Obras Públicas, Ricardo Lagos, y de Vivienda, Sergio Henríquez, efectuada el 26 de junio en la zona.
El intendente "no puede aparecer promoviendo esta propuesta industrial, ya que es el presidente de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) y, por lo tanto, no puede ser juez y parte", dijo Girardi.
Los parlamentarios manifestaron su preocupación, además, por las emisiones de contaminantes tóxicos, como formaldehido y fenoles, que produciría la industria productora de paneles.
Estos elementos, que provienen de la utilización de ceras y resinas, son altamente volátiles y podrían perjudicar la producción de salmón, una de las actividades más importantes de la zona.
Al daño ecológico que provocaría el proyecto Cascada Chile se suma el impacto en el sector turístico, uno de los rubros más importantes en la economía de la región, que en 1997 aportó una cifra cercana a los 70 millones de dólares.
Esta nueva polémica ambiental se suma a la desatada anteriormente por la aprobación del denominado proyecto Trillium- Río Cóndor, que explotará 257.000 hectáreas de lenga nativa.
Grupos ambientalistas que se oponen a los proyectos Trillium y Cascada Chile acusan al gobierno de Frei de privilegiar la atracción de inversiones para la explotación de recursos naturales sobre los objetivos del desarrollo sustentable. (FIN/IPS/lfg/ag/en/98