El servicio doméstico remunerado emplea a 4,8 millones de personas en Brasil, la mayoría excluida de derechos conquistados por otros trabajadores hace muchas décadas.
La exclusión empieza por su "invisibilidad" como profesionales, ya que su labor no es reglamentada y una inmensa mayoría, 82,04 por ciento, ni siquiera cuenta con "cartera firmada", es decir con un contrato formal de trabajo.
Pero sus dirigentes sindicales esperan obtener este año, antes de las elecciones de octubre, la aprobación de una ley que reduciría su discriminación. El momento es favorable, ya que muchos diputados quieren conquistar parte de millones de votos del sector.
Hace nueve años se tramita en el Congreso Nacional el proyecto de ley que, entre otros derechos, extiende a las empleadas domésticas el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, un beneficio creado hace tres décadas para los asalariados del país.
Se trata de un decimocuarto salario que pagan las empresas, que se acumulan en un fondo a que el trabajador tiene derecho al retirarse o ser despedido o cuando lo necesita para adquirir su vivienda, por ejemplo.
El proyecto enfrenta dificultades, por extender también a los trabajadores domésticos el seguro por desempleo. Sin asegurar una fuente de financiación de esos gastos adicionales, este beneficio es inconstitucional, advirtió el ministro del Trabajo, Edward Amadeo.
La Federación Nacional de Trabajadores Domésticos aceptó renunciar a esa disposición, reconociendo que el objetivo principal es reglamentar la profesión y consolidar otros derechos.
Ahora se busca una salida, posiblemente a través del veto presidencial a este punto, para apurar la aprobación de la ley, según Maria Goreti Aleixo, experta del Centro Femenino de Estudios y Asesoria (CFEMEA), que brinda consejo en las negociaciones parlamentarias en favor del proyecto.
La legislación no beneficiará a las empleadas domésticas, porque agravará la informalidad o provocará despidos, según algunos economistas, recordando que pocas tienen el contrato formal y la clase media, la gran empleadora, vive un período de aprietos financieros.
De todas formas será benéfico, asegura Hildete Pereira de Melo, autora de un estudio sobre el sector para el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), un órgano del Ministerio de Planificación.
Cualquier avance legal en esta área "es bueno para la sociedad en general, que no ve en el servicio doméstico un trabajo profesional, aunque remunerado", argumentó la economista. Lo fundamental es cambiar la mentalidad que afecta esas trabajadoras.
Es uno de los sectores de más baja remuneración, donde se concentran mujeres sin calificación profesional. De los 4,8 millones de personas que ocupa, solo 350.000 son hombres, según Pereira de Melo.
Funciona como "una puerta de entrada de las jóvenes migrantes que dejan el campo para vivir en la ciudad", papel similar de la construcción para los hombres, definió.
La empleada es casi una institución latinoamericana. Una de cada cinco mujeres económicamente activas de la región se dedica al servicio doméstico. En Brasil son 19 por ciento.
La tecnología facilitó el trabajo doméstico en las últimas décadas, pero las empleadas siguieron siendo necesarias pues cada vez más mujeres de las capas medias pasaron a trabajar fuera del hogar. En Brasil, el número de trabajadores domésticos aumentó de 3,5 millones en 1985 a 4,8 millones de 1995, según el IPEA.
Pero se reducen las empleadas tradicionales, que viven en la misma casa de los patrones largos años al punto que se las considera "miembros de la familia". En las grandes ciudades la relación tendió a hacerse más impersonal.
Luzia de Souza Barros es un ejemplo típico de la sobrevivencia de la doméstica al viejo estilo. Hace 24 años sirve a Angela Freitas Mizarela, pedagoga que trabaja desde joven en escuelas o como funcionaria pública en Rio de Janeiro.
Típica migrante, ella dejó hace 26 años la vida rural en Ipu, interior del estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, porque "soñaba con vivir en Rio de Janeiro". Ayudó a criar a los tres hijos de la familia y se enorgullece de que la llamen "abuela".
Ahora, a los 63 años, se dice satisfecha por el tratamiento recibido de los patrones.
Tiene asegurado los derechos laborales como vacaciones de un mes, aguinaldo, una habitación con televisor y otras comodidades. Jubilada hace tres años, con un salario mínimo de 130 reales (112 dólares), sigue trabajando para ganar otros 330 reales (284 dólares).
Seguirá "trabajando hasta cuando pueda" y se dice contenta, pero reconoce que muchas de sus colegas "sufren, porque les pagan muy poco, son discriminadas y a veces tratadas como esclavas". (FIN/IPS/mo/mj/lb/98
