/BOLETIN-DD HH/ ALEMANIA: Iglesias protegen a inmigrantes ilegales

Las iglesias de Alemania se enfrentan al Estado con creciente frecuencia por ofrecer su protección a inmigrantes cuya solicitud de asilo fue rechazada por el gobierno.

Los extranjeros protegidos por las iglesias, cualquiera sea su religión, son llevados de templo en templo para impedir su deportación de acuerdo con nuevas leyes sobre el asilo.

Aunque no existe una base legal para la protección proporcionada por las iglesias, el gobierno no parece dispuesto a desafiar la inviolabilidad religiosa. Las autoridades eclesiásticas sostienen que su conducta es legítima y que la política estatal está equivocada.

"Cuando representantes de las iglesias, la mayoría de ellos sin inclinación por actividades revolucionarias, ejercen cada vez más la desobediencia civil, entonces es el Estado el que debería reconsiderar su política", declaró a la revista Der Spiegel el vicepresidente del parlamento alemán, Burkhard Hirsch.

El número de personas que reciben la protección de iglesias aumentó drásticamente en los últimos tres años. En 1994 sólo hubo 34 casos de refugiados en edificios eclesiásticos, pero en 1997 la cantidad aumentó a 90 familias integradas por 334 personas.

La gran mayoría son kurdos de Turquía que huyen de una guerra en el sudeste de ese país. En los últimos 14 años, el conflicto cobró 30.000 vidas y desplazó a unos tres millones de personas, entre ellos los habitantes de 3.000 aldeas destruidas.

Pero sus derechos al asilo cesaron cuando un informe de la cancillería alemana concluyó en marzo que no existe una persecución general contra los kurdos en Turquía, sino específicamente contra los guerrilleros del Partido Kurdo de los Trabajadores.

"Cada vez más inmigrantes indocumentados recurren a nosotros porque no toleran vivir en el temor constante de ser descubiertos por las autoridades", señaló Martin Rapp, de la organización Asilo en la Iglesia.

Las personas a las que el Estado niega el asilo y declara inmigrantes indocumentados no reciben asistencia social. Muchos tienen que pedir limosna para sobrevivir o se arriesgan a ser descubiertos al comenzar a trabajar. Las iglesias brindan algunos medios de subsistencia, pero no todos.

Una vez bajo protección eclesiástica, los refugiados son trasladados de iglesia en iglesia cada dos o cuatro semanas. A principios de año, eran 21 los kurdos en esta situación. Ahora son 150.

En 70 por ciento de los casos, explicó Rapp, la deportación se detuvo al menos en forma temporal mientras los funcionarios aceptaban reconsiderar el caso de los implicados.

Aunque legalmente las iglesias no tienen derecho de brindar asilo en estos casos, el gobierno, dirigido por el Partido Demócrata Cristiano del canciller (jefe de gobierno) Helmut Kohl, parece no tener interés en enfrentarse con el poder eclesiástico sobre una cuestión tan polémica en un año electoral.

Los refugiados y los extranjeros en general se convirtieron en un importante tema electoral, y el partido de Kohl prometió severos controles sobre la inmigración y la cantidad de extranjeros que dependen de la asistencia estatal.

Organizaciones de refugiados sostienen que la administración no tiene interés en enfrentarse a las iglesias, habituales aliadas del gobierno.

El obispo católico de Achen, Heinrich Mussinghoff, y el obispo de la Iglesia Evangélica de Colonia, Eckhardt Schubert, entre otros, respaldaron abiertamente el proceder de sus iglesias.

Pero la organización de derechos humanos Amnistía Internacional teme que la protección de las iglesias provoque el efecto contrario al deseado y conduzca a una legislación más severa contra los inmigrantes ilegales.

Otros opinan que la protección de las iglesias brinda falsas esperanzas a los solicitantes de asilo sobre las posibilidades que tienen de permanecer en Alemania.

Las oportunidades que brinda la protección de las iglesias "están en gran medida agotadas y no representan una solución para la gran mayoría de refugiados" acogidos por ellas, declaró el mes pasado la iglesia Evangélica de Rhineland.

El estado meridional de Bavaria ordenó en varias ocasiones el ingreso por la fuerza de sus funcionarios a las iglesias para detener a los refugiados que allí se encontraban. Una actitud similar tuvieron los estados de Rhein-Westfalia del Norte, Baja Sajonia y Saarland.

Es probable que los enfrentamientos aumenten. La semana pasada, la policía allanó un centro comunitario eclesiástico donde se encontraba refugiado el ciudadano kurdo Abdul Mena Duzenli, junto con cuatro integrantes de su familia, entre ellos su esposa embarazada.

Los cinco fueron llevados al aeropuerto de Frankfurt y deportados el día siguiente, a pesar del acuerdo implícito entre la iglesia y el gobierno sobre la inviolabilidad de los edificios eclesiásticos. Los funcionarios señalaron que, a diferencia de la iglesia, el centro no era inviolable.

Algunos religiosos creen que la protección eclesiástica sólo aplaza el día de la deportación porque, en la gran mayoría de los casos, el resultado sigue siendo que los refugiados son enviados de vuelta a sus países.

El mes pasado, dos tercios de los 45 obispos evangelistas de Rhine-Westfalia del Norte firmaron una declaración pidiendo el fin de las deportaciones de los refugiados kurdos y exigiendo el reconocimiento de su condición como grupo perseguido.

La semana pasada, el arzobispo católico de Berlín, Wolfgang Huber, y el obispo evangelista Georg Kardinal Sterzinsky, declararon que la deportación durante la noche de 74 refugiados bosnios violó convenciones internacionales.

Los dos exigieron una investigación del asunto. El ex administrador de la ciudad bosnia de Mostar, el socialdemócrata Hans Koschnick, calificó de "inhumanas" las deportaciones y sostuvo que recuerdan a la labor de la Gestapo, la temida policía secreta de los nazis durante la segunda guerra mundial.

En Berlín hay unos 20.000 refugiados bosnios que huyeron de la guerra civil, pero muchos prefieren dormir en los parques y no en los albergues por temor a ser deportados, aseguran grupos religiosos.

Las iglesias también participan de una campaña nacional, "Ninguna persona es ilegal", en contra de la política del gobierno con respecto a los inmigrantes indocumentados. (FIN/IPS/tra-en/ys/rj/aq-ml/pr/98

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