La ministra de la Solidaridad Social de Italia, Livia Turco, anunció una campaña educativa para integrar a los inmigrantes del mundo en desarrollo en la sociedad de este país, mientras grupos de derecha lanzan una violenta cruzada xenófoba.
El gobierno centroizquierdista que encabeza hace dos años el economista Romano Prodi se propone, además, legalizar a unos 150.000 inmigrantes clandestinos, afirmó.
"Enseñaremos el italiano a todos los inmigrantes, niños y adultos", expresó Turco, integrante del ex comunista Partido Democrático de Izquierda, la principal fuerza de la coalición de gobierno que integran además ex democristianos, ex socialistas, los Verdes y grupos políticos de centro.
Al hacer el anuncio el lunes pasado, Turco dijo además que para que se produzca una verdadera integración, es necesario que los inmigrantes conozcan bien el idioma y que, al mismo tiempo, los italianos conozcan mejor a los inmigrantes.
"Debemos vencer los prejuicios y la ignorancia. Existen temores infundados y falsas imágenes", agregó. La ministra mencionó como ejemplo el parangón que muchos italianos trazan "entre Islam y oscurantismo".
La mayoría de los estudiantes de enseñanza media considera que en cada extranjero se esconde un ladrón o un traficante de droga en potencia y que la criminalidad aumenta a medida que también lo hace la inmigración, según una encuesta realizada por el estatal Consejo Nacional de Investigación.
Los responsables del estudio manifestaron su "preocupación" por la actitud prevalente entre los estudiantes, que denotan "escasos conocimientos" en relación con los inmigrantes.
El ministerio del Interior calcula que unos 230.000 inmigrantes carecen de permiso de residencia. "No es una cifra que pueda dar miedo y, además, el país los necesita", dijo Turco.
"Pregúntenselo a los empresarios del norte", la zona más industrializada de Italia, "que no ven la hora que se regularicen para asumirlos en sus empresas", agregó.
La organización Observatorio, de Milán, una organización privada que estudia el fenómeno de la inmigración, estima que unos 150.000 de los 230.000 ilegales podrían regularizar su situación.
El contingente más nutrido se encuentra en Roma, con unos 25.000, seguido por Milán, la capital del norte italiano, con 15.000.
Según el presidente de Observatorio, Massimo Todisco, esas cifras no deben alarmar porque el total equivaldría a más de un millón de trabajadores extranjeros legalizados, dos por ciento de la población italiana. En Alemania, son siete por ciento, y en Francia, cinco por ciento.
Las medidas del gobierno han sido criticadas por la derecha, en especial por el partido Liga Norte.
El coordinador de la derechista Alianza Nacional, Maurizio Gasparri, anunció que su partido desarrollará una campaña nacional e internacional contra la legalización de los inmigrantes ilegales, para lo que no vacilará en recurrir, incluso, a la Comisión Europea.
"Será difícil distinguir entre quienes tienen derecho a permanecer y quienes, por el contrario, deben ser expulsados", dijo Enrico La Loggia, jefe del grupo parlamentario de Forza Italia, el movimiento que dirige el magnate de la televisión Silvio Berlusconi.
El parlamento aprobó el 6 de marzo una nueva ley sobre migración presentada por el gobierno, que contó con la oposición de la derecha.
La iniciativa establece que las embajadas de Italia podrán conceder visas de trabajo. Aunque no se ha informado oficialmente, se prevé que en 1998 podrían concederse 20.000.
Fabio Evangelisti, presidente del comité por el tratado de Schengen que suprimió las fronteras para el tránsito de ciudadanos de los países europeos firmantes, sostuvo que "nadie puede encerrarse dentro de una fortaleza".
Italia adhirió el 1 de abril al tratado, que entró en vigor en marzo de 1995 y que rige en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. (FIN/IPS/jp/mj/pr hd/98
