La justicia argentina ordenó hoy la prisión preventiva del ex dictador Jorge Videla, detenido desde hace 35 días en una cárcel común, por encontrarlo en principio responsable del delito de sustracción de cinco niños durante el régimen militar (1976-83).
El juez Jorge Marquevich consideró tener pruebas suficientes para procesar a Videla y rechazó la solicitud de la defensa para que éste cumpla su detención en su domicilio, un beneficio que se otorga a los mayores de 70 años con problemas de salud.
También ordenó el embargo de bienes del ex dictador por cinco millones de dolares.
Marquevich encontró elementos para acusar a Videla, de 73 años, de autor mediato, penalmente responsable, del delito de sustracción de cinco menores en los años '70, de su ocultación y retención, y de falsificación de documento publico y supresión de estado civil.
Dos fiscales y la Cámara Federal de apelaciones habían alertado que posiblemente no puedan avalar el procesamiento, por considerar que el detenido ya fue juzgado, condenado e indultado por su responsabilidad en la represión ilegal de fines de los años 70 y principios de los 80.
Marquevich y su familia recibieron la semana pasada una serie de amenazas anónimas de muerte para lograr el sobreseimiento de Videla. Y un preso habría arrojado un cuchillo contra el ex dictador, aunque las autoridades de la prisión desmintieron esa versión.
Videla encabezó el golpe de Estado de 1976, presidió la junta militar que gobernó Argentina por la fuerza hasta 1983 y, tras la restauración democrática, fue condenado a reclusión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos. Cumplió cinco años de condena junto a otros ex comandantes y recibió el indulto.
La secretaria de la organizacion humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Alba Lanciloto, declaro este martes que su grupo no esperaba otra cosa del magistrado que la orden de prisión de Videla. Lanciloto es una de las querellantes en el proceso que investiga Marquevich por el secuestro de menores de edad.
Los casos que llevaron a Videla a prisión son el de Mariana Zaffaroni, Carlos de Luccia, María Sol Teztlaff y Pablo y Carolina Bianco. La primera era hija de desaparecidos y sus apropiadores, que la inscribieron como hija, cumplen prisión de cinco y tres años. Lo mismo ocurrio con el segundo caso.
María Sol Teztlaff no obtuvo todavía la restitución de su identidad, aunque se probó que quienes la habían inscripto como hija biológica no eran sus padres.
En tanto, los hermanos Bianco, que se niegan a someterse a un examen genético, viven en Paraguay mientras sus apropiadores están en prisión en Buenos Aires por falsificar sus documentos.
El padre de Carolina y Pablo Bianco era un mayor médico del ejército que intervino en partos de madres detenidas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, un cuartel de la provincia de Buenos Aires que fue centro clandestino de detención.
La apropiación de menores, que según las Abuelas de Mayo fue practicada sistemáticamente por la dictadura y afectó a unos 500 niños y niñas, no fue tipificada como delito a los jefes militares condenados en 1984 y luego indultados, pues no pudo probarse que fuera un delito reiterado y planificado.
Así mismo, las leyes dictadas para amnistiar a los militares subordinados que intervinieron directamente en la represión no se extendieron a los casos de sustracción de menores a detenidas y secuestro de niños, por considerar que esos delitos se siguen cometiendo mientras los niños y niñas no sean restituidos a su familia de sangre.
La justicia federal argentina investiga el caso de los menores desaparecidos desde hace al menos seis años, en dos causas. La primera está a cargo de Marquevich, que consiguio la condena de militares que se apropiaron de menores, devolvió la identidad a los secuestrados y mantiene procesados o sentenciados a cerca de una decena de responsables.
La otra causa es llevada adelante por el juez federal Antonio Bagnasco, que intenta reconstruir la cadena de mandos desde la base de la pirámide militar para llegar hasta los máximos responsables del plan sistematico de sustracción de menores.
Para ello, Bagnasco ya tomo declaración a personal empleado en el Hospital Militar de Campo de Mayo en 1976, que dio testimonio sobre partos clandestinos de prisioneras ilegales, en condiciones inhumanas. Las mujeres ingresaban y egresaban de ese hospital sin identificación, y lo mismo ocurria con los recién nacidos.
Videla deberá permanecer en la cárcel de Caseros, en la capital, donde está recluido desde el 11 de junio en un pabellón de presos "famosos": ex jueces, ex legisladores y dirigentes políticos y, desde entonces, un ex comandante de las Fuerzas Armadas. (FIN/IPS/mv/ff/hd/98
