El gobierno de Venezuela requiere al menos 1.500 millones de dólares para limitar el déficit fiscal en un nivel manejable, hostigado por una brutal caída de los ingresos del petróleo y la imposibilidad de recortar más el gasto.
Una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evalúa en Caracas las deterioradas cifras de la economía venezolana, para decidir la concesión de un préstamo de "vía rápida" por una cifra que oscilaría entre 500 y 600 millones de dólares, informó el ministro de Hacienda, Freddy Rojas.
El titular de Planificación, Teodoro Petkoff, precisó que en total el país requerirá un mínimo de 1.500 millones de dólares, para contener el déficit fiscal en 2,5 puntos del prodcuto interno bruto (PIB), la meta comprometida para el año.
El resto de los recursos frescos se buscarían en el mercado de capitales, puntualizó Rojas, en lo que muestra el nivel de acorralamiento del gobierno de Rafael Caldera en sus últimos meses en el poder, ya que el octogenario mandatario quería dejar el cargo sin haber incrementado la deuda externa venezolana.
Caldera concluirá su mandato de cinco años en febrero de 1999, tras las elecciones presidenciales de diciembre, para las que las encuestas muestran como favorito al ex lider golpista Hugo Chávez, expresión del descontento popular, principalmente por la agudización este año de las dificultades económicas.
La deuda externa venezolana se sitúa en 26.000 millones de dólares y consume 30 por ciento del presupuesto anual, que este año se situó tras dos recortes en cerca de 21.000 millones de dólares, para una población de 23 millones de personas.
El Consejo de Ministros analizó este martes las implicaciones del hundimiento de los precios puntuales del petróleo a poco más de ocho dólares, nivel que representa la mitad de su valor promedio de 1997 y el más bajo en 12 años.
Hay pocas esperanzas dentro del gobierno de que los precios del petróleo se recuperen en una forma que permita que el valor promedio del barril en 1998 alcance los 13 dólares, tal como lo contempla el dos veces revisado presupuesto.
"No hay donde hacer más cortes en el gasto, así que hay que recurrir al financiamiento", expresó Petkoff.
El gobierno tiene débiles expectativas por el impacto positivo inmediato de la conferencia de dos días que comienza este miércoles en Viena la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), aunque espera que el nuevo recorte productivo concertado el día 4 frene la caída de los precios.
El promedio en que se ha cotizado el barril de exportación venezolano hasta el viernes 19 es de 11,27 dólares, frente a los 16,32 dólares de 1997, cuando los ingresos petroleros sumaron casi 19.000 millones de dólares.
Petkoff dijo que "la caída de los ingresos ha sido brutal" y ha supuesto que en el primer semestre entraron a las arcas fiscales 5.000 millones de dólares menos que en igual período del año pasado.
Se asegura que el gobierno ha concluido que el barril no superará los 12,5 dólares de promedio en el año, pero antes de anunciarlo oficialmente busca ingresos adicionales que equilibren la nueva merma en la cotización del crudo.
El petróleo aporta 77 por ciento de los ingresos de divisas del país, 40 por ciento de los ingresos fiscales y entre 21 y 24 por ciento del PIB.
El BID plantea entre las condiciones para erogar el préstamo de contigencia de equilibrio fiscal, que se apruebe una nueva ley sobre Aduanas, una reforma para controlar la corrupción y mejorar la recaudación en que el organismo ha trabajado desde 1996.
También demanda que el Congreso apruebe finalmente una ley de estabilización macroeconómica, que si hubiera existido desde 1996, tal como lo pidió el gobierno, hubiera evitado "el estado de quiebra actual", según Petkoff.
Ese mecanismo contempla que el monto de los ingresos petroleros que excedan lo pautado en el presupuesto vayan a un fondo que sólo sea utilizado cuando el valor del crudo se desequilibre a la baja, como aconteció este año.
En el bienio 1996-97 el gobierno recibió entre 5.000 y 6.000 millones de dólares más de lo previsto por las exportaciones del petróleo, pero fueron a pagar incrementos de salarios y otros gastos corrientes, y a engrosar las reservas monetarias, al no existir ese mecanismo legal.
El Fondo Monetario Internacional aprobó el día 17 un Acuerdo Sombra para Venezuela, que brinda garantías a la inquieta comunidad financiera mundial sobre la economía interna, al ser supervisada por el organismo multilateral.
El acuerdo, que no contempla aporte de fondos frescos, tiene entre sus exigencias que el déficit fiscal no exceda los 2,5 puntos del PIB, lo que equivale a que no puede superar los 2.500 millones de dólares.
El ministro de Información, Fernando Egaña, indicó tras el Consejo de Ministros que el gobierno espera aún lograr un aumento de los ingresos mediante alguna reforma al Impuesto General a las Ventas, después que el Congreso rechazó este mes su demanda de incrementar la tasa del mismo de 16,5 a 18 por ciento.
La ministra de Trabajo, Maria Bernardoni, se mostró confiada en que los 1,2 millones de empleados públicos -dentro de una población activa de nueve millones- sea "comprensivo" ante la crisis imprevista de ingresos.
Los sindicatos vinculados a la asistencia médica, empleados judiciales y maestros y profesores están movilizados en demanda de aumentos salariales. Bernardoni precisó que el gobierno convino este miércoles en un aporte especial para cubrir demandas del sector de educación, pero no de los demás grupos. (FIN/IPS/eg/ag/ip-if/98
