El número de "desaparecidos" en Ruanda por obra de las fuerzas de seguridad y grupos armados de la oposición es tan elevado que muchas familias ya ni siquiera denuncian la desaparición, advirtió hoy la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
El informe, basado en una investigación realizada este año, señala que sigue creciendo la cantidad de muertes y desapariciones iniciadas tras el comienzo, en 1996, de la vuelta de exiliados al país africano, desgarrado por un conflicto entre las etnias hutu y tutsi.
Los hutus, que libran una guerra de guerrillas contra el gobierno tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR), representan casi 85 por ciento de los ocho millones de habitantes de Ruanda, mientras los tutsis, en poder de las instituciones militares y políticas, son 14 por ciento. El uno por ciento restante pertenece a la etnia twa.
El conflicto entre los dos grupos étnicos principales se intensificó en 1994 cuando extremistas hutus masacraron hasta un millón de personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados, supuestamente partidarios del FPR.
El movimiento insurgente derrocó al gobierno hutu del ex presidente Juvenal Habyarimana en julio de 1994.
Cuando el FPR llegó al poder, más de dos millones de personas se refugiaron en Zaire (actual República Democrática de Congo), Tanzania, Burundi y Kenia.
Aunque más de un millón de exiliados volvieron del ex Zaire a Ruanda desde 1996, los refugiados de Tanzania y Kenia no retornaron por temor a las represalias. Los exiliados afirman que la seguridad no mejoró en su país, donde todos los días "desaparecen" personas.
A menos que el gobierno tome medidas para evitar la violencia, ésta se podría convertir en parte inevitable de la vida ruandesa, advierte el informe de Amnistía.
Las "desapariciones" suceden cuando soldados del Ejército Patriótico Ruandés, el ala militar del FPR, realizan detenciones en masa en el noroeste, donde operan grupos insurgentes hutus. También desaparecieron personas de otras zonas del país, según el informe.
Estas personas quizá estén detenidas en cuarteles militares, pero es imposible verificar su paradero porque el acceso a los cuarteles está prohibido. Las familias de los desaparecidos esperan sin noticias durante meses, aseguró Amnistía.
El informe menciona el caso del periodista Emmanuel Munyemanzi, desaparecido el 5 de mayo en Kigali. En marzo, el periodista fue suspendido de su trabajo en el canal estatal de televisión tras una disputa con el director de la gubernamental Oficina de Información.
"No todas las desapariciones se pueden atribuir directamente al gobierno, pero éste tiene la responsabilidad de investigarlas", señaló Amnistía. "Sin embargo, las investigaciones parecen ser la excepción, y no la regla."
Miles de civiles desarmados fueron asesinados desde diciembre, denuncia el informe. La violencia se extendió desde Gisenyi y Ruhengeri en el noroeste a la zona central de Gitarama.
Soldados del Ejército Patriótico Ruandés fueron responsables de algunas de las muertes, grupos armados de la oposición de otras, y personas sin identificar del resto.
"En Ruanda no hay lugar para la neutralidad. Los civiles mueren a manos de ambos bandos, cada uno sospechando que las víctimas colaboran con el otro grupo", indicó Amnistía.
El gobierno ruandés suspendió en mayo las actividades de la misión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Kigali presiona para que la misión termine su labor de supervisión.
"El gobierno debe permitir la permanencia en Ruanda de la misión de la ONU y satisfacer sus tareas actuales, incluso la observación e información de las actuales violaciones de derechos humanos", insistió Amnistía.
"Estas funciones son esenciales para establecer la transparencia y el compromiso con los derechos humanos en Ruanda", añadió.
Para limitar las violaciones, Amnistía Internacional exhortó a los gobiernos extranjeros a reconocer la verdadera naturaleza de la situación de derechos humanos en Ruanda y a denunciar públicamente las graves violaciones cometidas no sólo por grupos armados de la oposición, sino también por fuerzas del gobierno.
Así mismo, la organización instó a los gobiernos a utilizar su influencia para impedir violaciones a los derechos humanos en el futuro.
"Los gobiernos extranjeros también deben impedir el suministro de armas ligeras y equipos militares a las fuerzas de seguridad ruandesas o los grupos armados de oposición, ya que es probable que ese material contribuya a aumentar las violaciones de los derechos humanos", continúa el informe.
Empresas de Israel, a través de vínculos en Europa oriental, China y Sudáfrica, suministraron armas o equipo militar a las ex fuerzas armadas de Ruanda antes y durante el genocidio de 1994, según Amnistía.
"Compañías de estos países siguen suministrando armas y equipos al Ejército Patriótico Ruandés, a veces a través de firmas en otros países", denunció Amnistía.
El informe añade que los grupos armados de la oposición también habrían conseguido armas con relativa facilidad, a pesar del embargo de la ONU contra el ex ejército ruandés, aparentemente a través de redes de tráfico de armas y alianzas con grupos armados de países vecinos. (FIN/IPS/tra-en/mn/pm/aq-ml/hd-ip/98
