Los votantes acudirán este domingo a las urnas en Portugal para decidir el destino de una ley que permite el aborto por voluntad de la mujer hasta la décima semana de embarazo, tras una campaña previa caracterizada por la dureza de los ataques cruzados.
El aborto está despenalizado en Portugal desde 1984, pero sólo si el embarazo implica un riesgo para la salud de la mujer, cuando el feto es inviable o en caso de violación.
Los llamados "partidarios de la vida", con el respaldo de la influyente Iglesia Católica, califican el aborto de asesinato de niños inocentes.
Pero los defensores de la ley señalan que, según se estima, en este país se interrumpen en forma ilegal entre 16.000 y 20.000 embarazos cada año, y muchas mujeres mueren debido a operaciones sin las condiciones debidas.
Los sondeos de opinión indicaban hace una semana una clara mayoría a favor de la confirmación de la ley, pero la oposición fue uniendo sus fuerzas a medida que se acerca el día del referéndum.
Los partidarios de la iniciativa tenían una ventaja de 30 puntos al principio de la campaña, apero la diferencia se redujo en los últimos días a seis o 10 puntos.
Los ciudadanos deberán decidir si se debe despenalizar el aborto hasta la décima semana del embarazo, luego de que la mujer haya recibido "el asesoramiento debido".
El apoyo conjunto de socialistas y comunistas logró, en febrero, la aprobación parlamentaria del proyecto de ley, pero los opositores obligaron a realizar un referéndum antes de que la norma entre en vigor.
Los partidarios del aborto dirigen su campaña a las personas de mayor edad, sobre todo en zonas rurales del sur y norte, que piensan que la cuestión atañe a los jóvenes. "Les pido a los mayores que voten por el futuro", exhortó la legisladora Helena Roseta, del gobernante Partido Socialista.
El bando abortista teme que la abstención de las generaciones de más edad beneficie al "no". El resultado del referéndum sólo será obligatorio si participan más de la mitad de los 8,5 millones de electores inscriptos.
En la campaña abundan las historias de mujeres que murieron, sufrieron heridas permanentes o perdieron la capacidad de procrear luego de someterse a un aborto realizado por no profesionales.
"Tuve un aborto hace 30 años y casi me muero", dijo una mujer en una reunión pública.
El Ministerio de Salud Pública informó que las complicaciones surgidas tras abortos ilegales constituyen la segunda causa de mortandad maternal y la principal de muerte de las madres adolescentes.
El Partido Comunista es la única formación política que se presenta sólidamente en apoyo de la confirmación de la ley. En cambio, los socialistas están divididos, y el primer ministro Antonio Guterres se opone a la ratificación.
"Lo que quieren (los partidarios del "no") es la muerte o la mutilación física de las mujeres", dijo un legislador comunista.
Pero el grupo antiabortista "No al Aborto a Voluntad" sostiene que sólo ocho de cada 10.000 mujeres en edad de concebir que mueren en Portugal, un país de 9,5 millones de habitantes, fallecen tras someterse a aborto ilegal.
"Si hoy autorizamos la muerte del feto, entonces un día habrá una ley que permita la eliminación de los viejos o los discapacitados", advirtió el duque de Braganza, Duarte Pío, un destacado antiabortista.
El obispo de Viseu, director de la Comisión Episcopal para la Familia, comparó la liberalización del aborto con los campos de concentración nazis en la segunda guerra mundial.
"Quien vote por el aborto no es cristiano, lo que significa que debería renunciar a la Iglesia", afirmó el obispo.
El Partido Comunista, que encabeza la lucha contra el aborto ilegal desde 1982, aseguró que ese año más de 100.000 mujeres recurrieron a esa práctica. En 1984, los comunistas se aliaron con los socialistas para impulsar la despenalización parcial resuelta entonces.
Según la ley imperante, las mujeres que se someten a aborto ilegal pueden ir a la cárcel, pero la disposición nunca se aplicó. El hecho se considera una aceptación tácita de que las mujeres que se exponen al peligro de la operación clandestina son víctimas y no criminales.
Los hospitales públicos realizaron sólo 310 operaciones legales de interrupción del embarazo en 1997. Pero también trataron a 10.000 mujeres por heridas recibidas en abortos ilegales, según datos del Ministerio de Salud Pública.
Parte del argumento a favor de la liberalización del aborto se concentró en la necesidad de equiparar la legislación de Portugal a las normas de la Unión Europea.
Con frecuencia se señala que son las mujeres pobres las que sufren más, porque las portuguesas de mayor poder adquisitivo pueden interrumpir su embarazo en alguna clínica segura de Londres.
Algunos centros de atención han explicado que no cuentan con instalaciones para realizar los miles de abortos legales que se solicitarían en caso de confirmación de la ley.
Los directores de otros hospitales invocan razones de conciencia. "Aquí tratamos con la vida. Las mujeres que quieran un aborto pueden ir a otro lado. Todos los médicos aquí somos objetores de conciencia", manifestó la médica directora de una unidad ginecológica en un hospital.
El Ministerio de Salud Pública espera que los hospitales privados se encarguen de la mayor parte de los abortos, si la ley se ratifica. Un plan alternativo es asignar médicos que respaldan la liberalización de la norma a todos los hospitales.
El referéndum para la liberalización del aborto es el primero que se realiza a nivel nacional en Portugal, el tercer país de la Unión Europea que realiza una consulta popular sobre el aborto. Italia despenalizó la operación en 1978 e Irlanda la rechazó en 1992. (FIN/IPS/tra-en/abr/rj/aq-ff/he cr/98
