La sesión especial esta semana de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas aportó una conclusión significativa: para erradicar el narcotráfico, la reducción de la demanda es tan importante como la de la oferta.
Pero el reconocimiento de la responsabilidad compartida entre los países de mayor demanda y aquellos en donde se produce la oferta no produjo todavía un compromiso claro y concreto de coparticipación en una fórmula viable de erradicación de la producción ilegal de droga.
Si bien la sustitución de cultivos fue mencionada en la declaración final como un instrumento básico en la lucha contra el narcotráfico, los países con mayores recursos financieros siguen pensando en la represión, tanto de los traficantes de la droga como de los campesinos productores de los insumos.
"La colaboración que ofrecen los países industrializados y ricos, en donde radica el mayor consumo, es casi exclusivamente policial aunque está demostrado que la simple erradicación represiva es inviable por la magnitud del problema social que generaría", comentó el sociólogo Jorge Arnao.
Se calculaba en 1995 que alrededor de 200.000 familias campesinas de los valles tropicales de Perú tenían como principal sustento la producción de coca, y se estima ahora que más de la mitad de ese número sigue dedicándose al cultivo de la planta.
Hasta antes de la llamada cumbre antidrogas, los países latinoamericanos involucrados en la producción de cocaína eran considerados, prácticamente, únicos responsables de la existencia del narcotráfico y se les reclamaba cargar con el mayor peso en la erradicación del flagelo.
La conferencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), produjo una declaración política sobre el compromiso de los países miembros de hacer lo necesario y aportar los recursos financieros para eliminar, o reducir en forma considerable, el cultivo de narcóticos para el año 2008.
En Perú, país que ha tenido un singular pero quizás pasajero éxito en la reducción de cultivos clandestinos de coca, el tema del acuerdo de la conferencia admite la posibilidad de revisar los procedimientos, conceptos y metas de las políticas de erradicación de la producción y oferta ilegal de la droga.
En los últimos cinco años, la extensión sembrada de coca bajó de casi 200.000 hectáreas a 69.000, resultado aparente de la eficacia de la represión del tráfico de pasta básica de cocaína y a la caída de precios del producto final en el mercado internacional.
El precio del kilogramo de coca, que en 1992 promediaba casi tres dólares, se paga ahora en los valles de los ríos Huallaga y Apurimac, a poco más de un dólar.
Pero la baja de la cocaína en Nueva York o Los Angeles no explica por sí sola la reducción de la producción en Perú, porque al mismo tiempo se registra un incremento productivo en Bolivia y en Colombia, país éste que antes sólo participaba como "puente" en el tráfico ilegal y ahora produce el insumo básico.
El gobierno del presidente Alberto Fujimori adjudica su éxito a la eficacia de la interdicción de los vuelos clandestinos que exportaban ilegalmente la droga hacia Colombia.
Otros analistas señalan entre los factores del éxito la derrota militar de las fuerzas guerrilleras que daban servicio de protección a los aeropuertos clandestinos abiertos por las bandas de narcotraficantes.
Después de informar en la asamblea de la ONU que su gobierno redujo considerablemente la extensión sembrada de coca, el presidente Alberto Fujimori expresó que su país carece de los recursos financieros para volver irreversible la reducción.
Aunque no lo dijo, resulta obvio que si uno de los principales factores en la reducción de la extensión sembrada de coca es la caída de precios de la cocaína en el mercado internacional, el logro es pasajero, pues un alza en el mercado exterior provocaría el rebrote de los abandonados cultivos.
"Estamos promoviendo la sustitución de cultivos de coca. Muchos campesinos que han abandonado esa producción ilegal están sembrando por su cuenta otros productos, pero para crear una verdadera economía alternativa a la economía de la droga, necesitamos mayores recursos", expresó Fujimori.
El gobierno peruano considera necesarios 500 millones de dólares para emprender un programa de sustitución de cultivos en serio, pues los efectuados hasta ahora fueron casi simples proyectos piloto.
Lima anunció que convocará una "mesa de donantes" para obtener esos 500 millones de dólares, pero posiblemente haya entendido que no podrá alcanzar fácilmente esa suma, pues propuso en la Asamblea un canje de deuda por proyectos alternativos de sustitución.
En ese esquema, el país acreedor permite al deudor redimir parte de su deuda si lo destina a financiar programas específicos de desarrollo.
Perú paga actualmente a sus acreedores externos alrededor de 1.000 millones de dólares anuales y, al parecer, Fujimori confía en derivar la mitad de esa suma al financiamiento de sus costosos proyectos de sustitución, que implican obras de infraestructura básica para hacer rentable la producción legal.
"Esa sería una forma de apoyo, a través de una inversión indirecta pero decisiva de los estados acreedores, acorde con el principio de solidaridad y de responsabilidad compartida", dijo Fujimori.
La estrategia internacional contra el narcotráfico aprobada en la conferencia, saludada por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, como "el comienzo de un nuevo capítulo en el control mundial de las drogas", es vista con cierto escepticismo por algunos analistas peruanos, como la periodista Irma Bedoya.
"El plan aprobado en la conferencia antidrogas contiene metas muy exigentes para los países productores, a quienes da 10 años de plazo para eliminar la producción, en tanto que a los prósperos países consumidores se les pide sólo que para el 2003 tengan un plan para reducir la demanda", comenta.
Por su parte, el periodista Pedro Morales, del departamento de prensa del Ministerio de Agricultura, considera que "hay que aprovechar la dinámica del mercado para reducir efectiva y permanentemente los cultivos de coca, porque sin mercado para los productos alternativos no habrá sustitución".
"Así como la demanda exterior, es decir el mercado, generó la producción ilegal en nuestro país, si se garantiza acceso a mercados a la producción alternativa, lo que significa construir carreteras, ayuda técnica y garantizar precios adecuados, se podrá desestimular la producción de coca".
En su opinión, la idiosincracia de los colonos de la selva en Perú favorece la posibilidad de recuperarlos de la economía marginal de la droga si se les abre posibilidades de rentabilidad en la explotación de tierras legalmente adjudicadas.
"Los colonos de la selva peruana son campesinos emigrados de zonas muy deprimidas de la sierra andina, están acostumbrados a la pobreza y a los cultivos de supervivencia… Claro que cuando conocieron la plata de la coca les gustó, pero lo que más les interesa es la tierra", expresó Morales.
Roger Rumrill, experto independiente en asuntos agrarios de la selva peruana, de donde es oriundo, apunta que "hasta ahora el apoyo financiero exterior a los programas de sustitución de cultivos ha sido con cuentagotas, muy mezquino".
"Toda la cooperación de Estados Unidos para desarrollo de programas de cultivo alternativo de la coca no pasa de 70 millones para todo un quinquenio. No veo indicios en Washington de la voluntad de dedicar más apoyo a la sustitución que a la represión policial o militar", concluyó. (FIN/IPS/al/ml/ip/98
