La muerte de 44 guerrilleros maoístas en un enfrentamiento con la policía de Nepal reavivó las protestas de activistas de los derechos humanos en un país que fue evaluado negativamente por el último informe de Amnistía Internacional.
"La situación de los derechos humanos en Nepal es deprimente, a pesar que ya tenemos ocho años de democracia y promesas repetidas de que el gobierno se empeñará en respetarlos", dijo el presidente de la Asociación de los Derechos Humanos de Nepal (HURON), Kapil Shrestha.
Un día después que la policía admitiera hace una semana la muerte de los guerrilleros y de dos de sus efectivos durante una operación en la zona montañosa del oeste del país, se ordenó la detención del activista de derechos humanos Gopal Shivakoti Chintan.
Chintan fue detenido cuando hacía esfuerzos por iniciar un debate sobre el accionar de la guerrilla maoísta, que inició sus operaciones hace dos años. Aunque no están claros los cargos en su contra, sigue en la cárcel.
Tal como ocurría en el período predemocrático antes de 1990, los prisioneros políticos pueden pasar meses encerrados sin que los haya condenado un tribunal. Entre tanto, aumentan las muertes provocadas por los choques entre policías y extremistas de izquierda en zonas rurales pobres.
Amnistía Internacional presentó su informe anual el miércoles 17 en Londres, y allí acusó al gobierno de Nepal de detener a dirigentes políticos sin un juicio previo, de la muerte de guerrilleros maoístas bajo custodia policial y de mofarse de los derechos humanos de los ciudadanos.
"El aumento de la inestabilidad política contribuye a debilitar la acción de las autoridades en materia de derechos humanos", advirtió el informe de Amnistía.
El primer ministro de Nepal, Girija Prasad Koirala, asumió el cargo en abril y se convirtió en la octava persona en conseguir ese nombramiento desde 1990, poniendo en evidencia la intensidad de las disputas políticas que acaparan la atención de la dirigencia.
"El gobierno ha protagonizado numerosas violaciones de los derechos humanos, con acciones dictadas más por las emociones que por la lógica", señaló el analista del Centro de Educación del Sector Informal, Rajesh Gautam.
El grupo de Derechos Humanos y Paz Social (HRPS) acusó tanto al gobierno como a los guerrilleros maoístas por la violencia de sus enfrentamientos, incluyendo violaciones a los derechos humanos y más de 200 muertes.
Los maoístas buscan la abolición de la monarquía constitucional de este reino de los Himalaya con la finalidad de crear un Estado republicano que elimine "el feudalismo y el imperialismo". Desde 1996 se embarcaron en un conflicto de baja intensidad en zonas rurales del oeste del país.
La mayor parte de las personas de esta región son pobres y susceptibles de ser influenciadas por el discurso de los maoístas. Las autoridades optaron por reaccionar con violencia policial, antes que desarrollar estrategias para superar las precarias condiciones de la población.
El gobierno justifica su estrategia argumentando que sus prioridades son la paz y el orden.
El primer ministro Koirala visitó recientemente el escenario de los conflictos e hizo un llamado para que los maoístas se incorporen al debate político, pero al mismo tiempo advirtió que no se toleraría ningún tipo de violencia contra el Estado.
"Nos vimos forzados a intensificar nuestras acciones contra los guerrilleros para mantener la paz y la seguridad en el país", aseguró el ministro del Interior, Devendra Raj Kandel.
La policía solicitó poderes especiales para la lucha contra los maoístas, y los grupos de derechos humanos temen que estas atribuciones sean utilizadas para cometer abusos.
Mientras tanto, ni los gobiernos ni los rebeldes parecen interesados en iniciar el diálogo.
El ex primer ministro Khum Bahadur Khadka había convocado una comisión tripartita para establecer contacto con los maoístas, pero la iniciativa estaba condenada al fracaso ante la negativa del gobierno a considerar las demandas republicanas. (FIN/IPS/tra- en/sp/an/mk/lc-ml/hd/98
