La Organización de las Naciones Unidas manifestó repugnancia hoy ante la ola de linchamientos que tiene lugar en la conflictiva Guatemala.
Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) señala que el alto nivel de violencia criminal en el país centroamericano genera "un profundo sentimiento de asco e indignación" que comparte plenamente con la sociedad en su conjunto.
Desde marzo de 1996 se produjeron en Guatemala más de 120 linchamientos, en los que unas 100 personas fueron asesinadas y otras 100 resultaron heridas, dice el informe.
"Tales acontecimientos, antes aislados, se han vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que actualmente hay uno o dos por semana", agrega.
Considerados por algunos como parte de una "limpieza social", los linchamientos están dirigidos principalmente hacia sospechosos de crímenes y, en algunos casos, contra homosexuales, denuncia el informe.
El fenómeno se circunscribe básicamente a las zonas rurales (85,7 por ciento) y en la mayoría de los casos el motivo de los victimarios es un delito contra la propiedad (67 por ciento) que normalmente involucra bienes de escaso valor.
En pocas ocasiones, los linchamientos se producen en reacción a homicidios (7,5 por ciento) o delitos sexuales (4,2 por ciento).
La mayoría de los casos no fueron investigados. En 24 casos, la Oficial del Fiscal inició investigaciones que quedaron inconclusas y sólo dos llegaron a juicio.
"Se trata de acciones graves y violentas que con frecuencia terminan en la muerte cruel de personas que presunta o equivocadamente son tomadas por delincuentes, sin prueba de su culpa ni oportunidad de un debido proceso", señala el informe.
Minugua observó que las limitaciones del gobierno para controlar la delincuencia y ofrecer seguridad a los ciudadanos ha causado impaciencia y frustración en la sociedad, "que se siente indefensa".
La misión fue establecida en enero de 1997 para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996 por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que pusieron fin a una guerra civil de más de 30 años.
Desde el comienzo de la actividad guerrillera en 1960, unas 10.000 personas, en su mayoría civiles, murieron a manos del ejército, escuadrones de la muerte y los rebeldes.
Entre otras cosas, a Minugua se le encomendó verificar el cumplimiento del respeto de los derechos humanos estipulado en los acuerdos de paz.
Luego de estudiar la situación en Guatemala entre julio de 1997 y marzo de 1998, Minugua concluyó que "existe un deterioro gradual y continuo" del respeto a los derechos humanos. La misión condenó específicamente la creciente tendencia a "hacer justicia por mano propia".
"No hay duda de que las instituciones del Estado son esenciales para combatir la delincuencia, y por esa razón, los acuerdos de paz otorgan prioridad al fortalecimiento de su capacidad para impedir, investigar y castigar el delito", señala el informe.
Pero el hecho de que el Estado aún no tenga esa capacidad no justifica el uso de prácticas ilegales, añadió Minugua. "Es inaceptable y nocivo combatir la ilegalidad por medios también ilegítimos. Además, es innecesario violar la ley", sostiene el informe.
Durante el período en cuestión, Minugua halló varias violaciones al derecho a la vida de personas consideradas delincuentes u homosexuales, como parte de una tendencia de "limpieza social".
La misión de la ONU verificó, en algunos casos, que la ejecución extrajudicial de las víctimas había sido planeada y coordinada.
En algunos casos, el maltrato policial fue la causa de la muerte de las víctimas. César Augusto Morales López, detenido por cometer un delito y preso en la cárcel de Chiquimulilla, fue golpeado hasta morir por cuatro policías, según el informe.
En otras instancias, la muerte resultó del uso excesivo de la fuerza, como es el caso de Miguel Domingo Xol, muerto en septiembre de 1997, según testigos presenciales, por un disparo realizado desde una zona donde se encontraban policías.
La muerte ocurrió durante un enfrentamiento entre las fuerzas especiales de la policía, la Guardia del Tesoro y un grupo de campesinos, luego de la expulsión de los labradores de las haciendas El Cedral y El Santo Espíritu.
Otras muertes se debieron a la falta de supervisión gubernamental de los agentes del orden, según el informe.
En la actualidad, uno de los principales factores que impiden el respeto de los derechos humanos en Guatemala es la violencia criminal. La misión de la ONU reconoció las gestiones del gobierno para mejorar la administración de la justicia y la presencia policial en varios departamentos del país.
Pero Minugua también indicó que persisten graves fallas con respecto a la investigación, el proceso y el castigo de los delincuentes.
"El proceso de modernizar el sector de la justicia es, y seguirá siendo, una empresa de largo plazo que exige un compromiso sostenido de parte del Estado y la sociedad", concluye el informe. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/ml-aq/hd/98
