Líderes de diversas tendencias de opinión presentaron a los poderes públicos de Ecuador un conjunto de resoluciones para enfrentar la crisis económica, política y social que agobia a este país de 12 millones de habitantes.
El consenso fue dado a conocer el lunes, luego de tres días de debate a puerta cerrada de medio centenar de representantes de un todo el arco ideológico sobre los problemas urgentes del país, desde las dificultades económicas hasta los casos de corrupción y los efectos del fenónemo climático de El Niño.
En la cita participaron, entre otros, el ex-presidente demócratacristiano Osvaldo Hurtado (1981-1984), el ex jefe de las Fuerzas Armadas general Paco Moncayo, elegido diputado por la socialdemocracia, y el presidente del Consejo Latinoamericano de Empresarios, Mario Ribadeneira.
Junto a ellos intervinieron en la reunión economistas, sociólogos, periodistas, empresarios, banqueros y dirigentes indígenas y afroecuatorianos.
El debate fue conducido por el ex presidente de Costa Rica José María Figueres, y hubo consenso en cinco asuntos básicos: el respaldo a la Constitución, la lucha contra la corrupción, las negociaciones de paz con Perú, la estabilización económica y la reconstrucción de las provincias de la costa destruidas por El Niño.
Ribadeneira, que fue embajador de Ecuador en Washington, dijo que las resoluciones serán presentadas a quien triunfe en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, prevista para el 12 de julio. Los votantes deberán pronunciarse entre el democristiano Jamil Mahuad y el populista Alvaro Noboa.
Agregó que el programa propuesto es un compromiso que no admite dilación, y exhortó al Poder Ejecutivo y al Legislativo a acogerlo.
El ex embajador destacó que el acuerdo alcanzado exigió "el sacrificio de algunos puntos de vista de cada uno (de los participantes) en aras del interés de Ecuador".
El general Moncayo, quien estrenará su calidad de diputado en la legislatura a instalarse el 1 de agosto, dijo que las resoluciones "no constituyen adhesión" a ningún principio ideológico y que engloban propuestas básicas para sacar al país del estancamiento.
Por su parte, René Mauge, un dirigente comunista que también participó en el encuentro, declaró que "la tragedia que vive el país es tan grande que requiere saltar las fronteras ideológicas" para encontrar soluciones.
Es que, cuando falta menos de un mes para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Ecuador parece haber tocado fondo en muchos aspectos. El gobierno interino del centroderechista Fabián Alarcón no ha logrado esbozar salidas a la crisis.
Alarcón deja un déficit fiscal de alrededor de siete por ciento del producto interno bruto, la inflación llegará a fin de año a cerca de 40 por ciento, hay escándalos de corrupción pública sin esclarecer y se ha agudizado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el parlamento dominado por el derechista Partido Social Cristiano.
El Estado está virtualmente en la insolvencia. La caida de precios del petróleo, de cuya exportación se nutre el presupuesto en 40 por ciento, determina un déficit de más de 400 millones de dólares en lo que va del año, y el gobierno no ha podido pagar puntualmente los salarios de los empleados públicos.
A la incapacidad para dar respuestas a la crisis económica se suma la pugna entre el gobierno, el Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente, que este año reformó la Constitución.
La reforma dispuesta por la Asamblea fue objetada por Alarcón, que se negó a publicarla en el Registro Oficial (diario del Estado), un requisito indispensable para que entre en vigor. La negativa se debió a las presiones del Congreso, que amenazó con interpelar al mandatario.
Los líderes de opinión exigieron "la vigencia inmediata de la nueva Constitución", para dar estabilidad y certidumbre al próximo gobierno en materia de organización del Estado.
Los participantes en la reunión consideran la Constitución reformada un importante avance político del país, porque consagra derechos civiles, individuales y colectivos antes no contemplados.
También soliitaron a los poderes del Estado acciones claras para luchar contra la corrupción. Ecuador ha sido sacudido por escándalos sucesivos de manejo irregular de recursos públicos desde 1995, cuando el entonces vicepresidente Alberto Dahik huyó del país tras ser acusado de depositar fondos del Estado en cuentas privadas.
Tras ese episodio, un ministro de Gobierno (interior), más de 15 diputados y otras autoridades huyeron de Ecuador tras develarse la malversación de dinero público. Entre los acusados se cuentan funcionarios de la administración del destituido Abdalá Bucaram y del actual gobierno.
El documento difundido el lunes respaldó la acción de un grupo civil denominado "Comisión anticorrupción", que ha investigado varias denuncias en los últimos meses.
Los líderes de opinión exigieron también a los poderes públicos sentar las bases de la estabilización económica. Al respecto, destacaron la necesidad de perseguir la evasión impositiva, calculada en 50 por ciento.
Finalmente, pidieron urgente atención a las zonas afectadas por El Niño, cuya reconstrucción demanda la inversión de no menos de 1.400 millones de dólares. (FIN/IPS/amr/ff/ip/98
