Huelga en los hospitales públicos, maestros que amenazan suspender las clases y atraso en el pago a los militares aumentan el cerco sobre el gobierno de Ecuador, que no encuentra apoyo político para enfrentar la crisis de las finanzas públicas.
La Federación de Empleados y Trabajadores de la Salud (FETSAE) realizó este martes la segunda jornada de un paro de 48 horas en los hospitales públicos, cuyos servicios se resintieron en gran medida.
FETSAE exige el pago de los salarios atrasados desde mayo y la firma de un contrato colectivo prometido por el gobierno.
Mientras, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE) realiza desde este martes protestas callejeras por el atraso en los salarios de los más de 100.000 maestros de escuelas públicas.
Las autoridades municipales de Guayas y Azuay, dos de las más pobladas provincias del país, advirtieron por su parte que están dispuestas a suspender sus actividades la próxima semana, porque el gobierno no les entrega los fondos que les asigna el presupuesto del Estado para obras de desarrollo.
Pero no sólo el sector civil sufre los estragos de la insolvencia en que ha caído el Estado. Fuentes de las Fuerzas Armadas informaron extraoficialmente que hay un retraso de hasta un mes en el pago de los salarios de los soldados, que las autoridades militares mantienen silencio sobre el asunto.
El gobierno está virtualmente sin dinero: el déficit del presupuesto fiscal llega a alrededor de siete por ciento del producto interno bruto.
El Poder Ejecutivo propuso aumentar los ingresos mediante la eliminación de exoneraciones al impuesto al valor agregado (IVA) de las que hoy gozan sectores agrícolas y otros, y de los subsidios al consumo del gas y de electricidad y hasta recurre a la venta anticipada de la producción petrolera, de 380.000 barriles diarios.
Pero el parlamento se opone a suprimir los beneficios tributarios y las subvenciones en vigor.
El secretario de la Administración (ministro de la Presidencia), Wilson Merino, apeló a "la responsabilidad de todos los sectores del país para salir de la crisis".
Merino dijo este martes a IPS que, si el Congreso ha cerrado todas las puertas de financiamiento del déficit, los partidos con representación parlamentaria "tienen la obligación de presentarnos alternativas".
También exhortó a todos los sectores sociales a negociar soluciones posibles a la falta de pagos.
Mientras, el ministro de Salud, Asdrúbal de la Torre, declaró que la demora en la firma del contrato colectivo que reclaman los trabajadores de la salud se debe a problemas de orden laboral, porque dos sindicatos se disputan la representación del sector.
Dirigentes de FETSAE puntualizaron que su protesta no se debe sólo al retraso de los pagos, sino que también exigen mejores condiciones para luchar contra las epidemias que se han presentado en la población afectada por el fenómeno climático de El Niño.
La mayoría de los hospitales públicos no tienen dinero para su operación normal, y los pacientes tienen que pagar los insumos.
Más de 1.500 casos de cólera y un brote de leptospirosis se han reportado este año en las provincias costeras. De la Torre advirtió a la población que se abstenga de consumir alimentos de dudosa procedencia, para evitar que el cólera se propague a otras regiones.
En un intento por encontrar vías para superar la crisis, la Junta Monetaria anunció la emisión de bonos estatales por alrededor de 200 millones de dólares. Pero este dinero no servirá para pagar los salarios que el Estado debe a sus empleados, sino sólo para obras.
El Ministro de Finanzas, Marco Flores, insistió en que el Congreso debe apoyar al gobierno en la búsqueda de soluciones y no ponerlo contra la pared. El país podría obtener 200 millones de dólares si se eliminasen las exoneraciones al IVA y otros 130 millones con la supresión de subsidios al gas y la electricidad.
Según Flores, eso daría liquidez al fisco por un año. Algunos especialistas criticaron la emisión de bonos, porque aumenta la deuda interna a 700 millones de dólares.
Se trata de "un monto insostenible", advirtió Jaime Carrera, catedrático de la Universidad Católica.
La deuda interna será una pesada herencia del presidente interino Fabián Alarcón, cuyo sucesor será elegido el 12 de julio entre el demócratacristiano Jamil Mahuad y el millonario populista Alvaro Noboa.
El secretario de la Administración, Merino, reveló que el gobierno realiza contactos con los dos candidatos "para tratar el traspaso ordenado de la administración pública".
Mahuad, favorito en las encuestas, trabaja a puerta cerrada con su equipo económico para poner a punto la estrategia con la cual enfrentará la crisis que recibirá si llega al gobierno. Noboa, en cambio, ha dedicado los últimos días a recorrer poblaciones de la costa.
La campaña para la segunda vuelta de las elecciones empezará formalmente este jueves. (FIN/IPS/amr/ff/lb/98
