María Elena Loayza pasó cuatro años y ocho meses en una celda de Perú sufriendo torturas y violación, y advirtió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que teme ser nuevamente apresada.
Loaiza, que se desempeñaba como profesora universitaria, fue detenida el 6 de febrero de 1993 y liberada el 17 de octubre de 1997, por orden de la Corte Interamericana, que tiene sede en la capital costarricense.
El martes relató a los integrantes de ese tribunal cómo fue detenida sin orden judicial, violada, torturada y maltratada sistemáticamente mientras estuvo en prisión.
Su crudo testimonio duró cerca de dos horas, y sólo fue interrumpido por lágrimas. Por este caso, Perú fue condenado en 1997 y obligado a pagar una "justa indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos" que éstos hubieran realizado en el proceso".
Loayza informó que actualmente vive en Chile, donde recibe tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico financiado por una organización humanitaria.
Además de su salud mental y física, dijo haber perdido la buena comunicación que tenía antes de la reclusión con sus dos hijos adolescentes. "No los vi crecer durante cinco años y estos son años irrecuperables", afirmó.
Loayza reclama al Estado peruano el pago de 350.000 dólares de indemnización por daño al proyecto de vida, daño emergente, daño moral y lucro cesante.
También demandó garantías para su libertad, pues explicó que, según informaciones periodísticas, un funcionario peruano declaró que se evaluaría la causa, después de que finalizara el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así mismo, solicitó que se publique la sentencia de la Corte para que se le restituya su buen nombre y su condición de profesora universitaria.
De prosperar los pedidos de Loayza ante la Corte Interamericana, Perú tendría que pagar cerca de 2,5 millones de dólares entre dos casos de violación a los derechos humanos.
Además del caso Loayza, la Corte conoció el testimonio de los familiares de Ernesto Castillo Páez, quienes exigen a Perú el pago de 2,2 millones de dólares como reparación por el secuestro, desaparición y muerte de ese estudiante universitario.
El secuestro de Castillo Páez ocurrió en octubre de 1990 y la Corte Interamericana condenó a Perú por esa causa en noviembre de 1997.
La suma que piden los familiares del estudiante muerto cubriría el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral y el daño al patrimonio familiar. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que la indemnización debe ser de 869.000 dólares.
Los familiares de Castillo Páez también piden que el Estado realice gestiones para ubicar el cuerpo de la víctima. Las autoridades peruanas respondieron que hay fuertes indicios de que el cadáver fue dinamitado.
Los demandantes pretenden que se identifique, encarcele y castigue a los responsables de los hechos y, finalmente, que se le de el nombre del estudiante a la plaza donde fue secuestrado, como forma de reivindicar su honor.
En este 40 período de sesiones ordinarias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará los argumentos de las partes, pero aún no dictará sentencia. (FIN/IPS/mso/ff/hd/98
