Nueve países, cinco organizaciones no gubernamentales y cinco expertos participarán el viernes y el sábado en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, para argumentar sobre los derechos de personas detenidas y enjuiciadas fuera de su propio país.
La opinión de la Corte sobre el tema, que se dará a conocer en el primer trimestre de 1999, podría salvar la vida a decenas de presos condenados a muerte, la mayoría de ellos en Estados Unidos.
Dos brasileños, un costarricense, 34 mexicanos y varios condenados de otras nacionalidades esperan en Estados Unidos el momento de su ejecución.
El vicepresidente de la Corte Interamericana, el juez Antonio Cancado Trindade, afirmó que esta será una de las audiencias más importantes en la historia de la institución, debido a la actualidad del tema a tratar.
México solicitó a la Corte en diciembre de 1997 una opinión consultiva para definir si todo detenido extranjero que enfrente el riesgo de la pena de muerte tiene derecho a ser notificado, desde su arresto, de su facultad de pedir asistencia a las autoridades consulares de su país.
"Es una consulta del mayor interés, porque vendrá a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos y muchos países están interesados" en el caso. "Esto significa que lo que la Corte señala tiene importancia para el continente", señaló el presidente, Hernán Salgado.
Salgado aclaró que la opinión de la Corte no sólo tendrá impacto en el caso de condenados a muerte sino también en el de todo inmigrante detenido y sometido a juicio.
México no ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, pero presentó igualmente su consulta debido a los problemas de índole penal que varios mexicanos enfrentan en Estados Unidos.
En cuanto a Estados Unidos, ni siquiera ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuya administración es competencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero Washington pidió participar en las audiencias, para lo cual enviará a una delegación encabezada por John Foarde, asesor jurídico del Departamento de Estado.
El juez Salgado explicó que, aunque Estados Unidos no es miembro de la Convención, las opiniones emitidas por la Corte son válidas para los países que integran la Organización de Estados Americanos.
El vicepresidente, Cancado, explicó que Estados Unidos, al igual que Canadá, no ha ratificado la Convención alegando que legislaciones de sus estados entran en conflicto con ese instrumento, incluso en lo que se refiere a la pena de muerte.
El tema en discusión, opinó Salgado, es muy complejo, porque abarca por un lado el debido proceso y por otro el tema de la protección consular, contemplado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
En ese sentido, habrá que aclarar si los funcionarios consulares pueden brindar pronta protección a los nacionales cuando lo necesiten, si deben visitar al detenido y si el país en que éste se encuentra debe informar inmediatamente de la detención realizada.
Así mismo, la Corte debe pronunciarse sobre los mecanismos a seguir cuando el detenido no habla el idioma oficial, alega falta de conocimiento de las leyes del pais donde se encuentra y si, como sucede con frecuencia, entró ilegalmente y está indocumentado.
Entre los países que pidieron participar en la audiencia se cuenta también Paraguay, que posiblemente expondrá el caso de la ejecución en Estados Unidos, en abril, del ciudadano paraguayo Angel Breard.
La ejecución se produjo 24 horas después de que Estados Unidos recibiera una orden provisional de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que se suspendiera el acto. Posteriormente, Washington pidió disculpas a Asunción.
La parte paraguaya alegará en la audiencia de la Corte es que, si Breard hubiera recibido asistencia consular, posiblemente la defensa habría cambiado y el acusado estaría vivo.
Veinticinco de los 35 estados miembros de la OEA han ratificado la Convención y, de ellos, 17 reconocen la competencia contenciosa de la Corte.
Para Cancado, es lamentable que Canadá y Estados Unidos no hayan ratificado la Convención de Derechos Humanos, ya que, por esa circunstancia, este instrumento terminará siendo, en el futuro, una convención latinoamericana y caribeña, pero no interamericana.
Los jueces señalaron la diferencia que se observa respecto de Europa, donde todas las partes (40 países en total) son miembros de la Convención Europea de Derechos Humanos y todas han reconocido la competencia de un tribunal regional, por lo cual el sistema evoluciona más rápidamente. (FIN/IPS/mso/ff/hd/98
