Ecuador asumió hoy la responsabilidad por el arresto, tortura y asesinato de la profesora Consuelo Benavides ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, y anunció que indemnizará a sus familiares.
El reconocimiento se produjo este jueves, cuando la Corte iniciaba la fase de fondo del caso presentado contra el Estado ecuatoriano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El embajador de Ecuador en Costa Rica, Francisco Proaño, dijo que Ecuador reconoce los hechos denunciados, ocurridos en diciembre de 1985, y pagará a la familia de Benavides un millón de dólares por concepto de daño moral y emergente.
La detención de la profesora, sospechosa de pertenecer al grupo guerrillero "Alfaro Vive, Carajo", se produjo el 4 de diciembre de 1985 en la población de Quilindé, en la provincia de Esmeraldas, y una semana después su cadáver apareció cerca del lugar donde había sido retenida ilegalmente.
Proaño dijo que el Estado ecuatoriano reconoce que fueron miembros de la infantería naval los responsables de los hechos y que durante los días que la víctima estuvo detenida el Estado no le proveyó recursos judiciales efectivos y negó el acceso de la detenida a la protección judicial.
Proaño dio a conocer el acuerdo suscrito con los padres de la víctima, Luis Darío Benavides y Rosa María Cevallos, mediante el cual se les dará la suma de dinero estipulada. Además, el Estado se compromete a retomar el juicio contra los inculpados.
Luis Darío Benavides dijo que destinará el dinero en perpetuar el nombre de la víctima, en tanto el embajador Proaño aseguró que su gobierno no tendrá reparo en nombrar alguna calle o plaza con el nombre de Consuelo Benavides.
El embajador pidió a la Corte un plazo de seis meses para hacer efectivo el pago del dinero.
En los casos de violaciones de los derechos humanos, el proceso lo entabla la Comisión Interamericana contra el Estado y no los parientes de la víctima, que sólo acuden como testigos.
Por ello, la Comisión debió dar su aprobación al acuerdo para suspender el juicio. Sin embargo, la Corte deberá pronunciarse en los próximos días sobre si acepta el acuerdo, con lo cual sólo se convertiría en ente fiscalizador de su cumplimiento.
La Corte estuvo presidida en este caso por el juez Antonio Cancado, quien aseguró que el acuerdo "marca un hito en la experiencia de la Corte en materia de soluciones amistosas y es un buen precedente".
El caso Benavides es uno de los que estudiará la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su cuatrigésimo período de sesiones.
En la fase de fondo, la Corte empieza a escuchar a los testigos que presentan las partes, tanto los estados como la Comisión Interamericana, para determinar la veracidad de la denuncia.
Otro caso se presenta contra Guatemala, por la supuesta desaparición, tortura y ejecución extrajudicial del guerrillero Efrain Bámaca, ocurrida supuestamente en marzo de 1992.
Según la denuncia, miembros de las Fuerzas Armadas capturaron a Bámaca después de un enfrentamiento armado, lo mantuvieron vivo en varias instalaciones militares en las que fue torturado y posteriormente fue asesinado. (FIN/IPS/mso/ag/hd/98
