El gobierno de Brasil tendrá que superar una dura batalla jurídica, además de cuestionamientos políticos, para vender su sistema de telecomunicaciones el 29 de julio, aunque ésta sea la privatización potencialmente más popular del país.
Para neutralizar la esperada avalancha de medidas judiciales con que opositores intentarán suspender la subasta, el gobierno movilizará a cerca de 670 abogados, según la Abogacía General de la Unión, que defiende los intereses del Poder Ejecutivo.
La legislación brasileña alienta una guerra en los días u horas previas a operaciones de ese tipo. Las medidas cautelares que impiden la subasta pueden ser concedidas por cualquier tribunal de primera instancia, ante peticiones de personas físicas o jurídicas.
El forcejeo es también político, en especial porque habrá elecciones presidenciales el 4 de octubre.
La oposición de izquierda condena la privatización de las telecomunicaciones, porque sostiene que el sector es estratégico para la soberanía nacional y por considera demasiado bajo el precio mínimo fijado por el gobierno, 13.470 millones de reales (11.600 millones de dólares).
El principal candidato opositor a la presidencia, Luis Inacio Lula da Silva, anunció que en caso de que triunfe en las elecciones de octubre promoverá una auditoria y una revisión de las privatizaciones más polémicas, como la del sistema telefónico nacional.
La oposición tiene tropas dentro del propio Estado. Miembros de la Procuraduría General de la República, órgano que defiende los intereses de la nación y de los ciudadanos, decidieron actuar contra la venta de Telebrás, el "holding" que controla las telecomunicaciones.
El Colegio de Abogados de Brasil interpondrá acciones legales contra la subasta. Su presidente, Reginaldo de Castro, también rechazó el precio mínimo, un tercio del anunciado antes. "El gobierno no explicó la reducción", tras invertir 3.500 millones de dólares en el sistema en los tres últimos años, argumentó.
Los opositores deberán, por lo menos, presentar soluciones alternativas para ofrecer los teléfonos requeridos por la población, replicaron las autoridades.
La privatización impone a los compradores de las 12 empresas estatales ampliar a 33 millones las terminales telefónicas en el país al final del 2001, el doble de la oferta actual. Además estarán obligados a prestar el servicio en los rincones más alejados del país.
Lo que "estamos vendiendo es demanda reprimida", en una definición del ministro de Comunicaciones, Luis Carlos Mendonza de Barros. En los grandes centros, como Sao Paulo y Rio de Janeiro, hay millones de personas a la espera de teléfonos, en muchos casos ya adquiridos a altos precios, más de mil dólares.
El costo del teléfono tiende a bajar con la privatización, cuyas reglas prevén la competencia entre al menos dos empresas en cada área en que se dividió el país para ese servicio. Los nuevos dueños deberán además multiplicar los teléfonos públicos disponibles.
En este caso, cumplidas las metas, habrá beneficios directos para la población, al contrario que en las privatizaciones anteriores, de la industria siderúrgica o petroquímica, cuyos efectos para el consumidor son indirectos.
Además, como se exigirá enormes inversiones y expansión del sistema, no habrá despidos, sino, por el contrario, se generarán unos 200.000 empleos directos, según estimaciones. En casos anteriores, hubo despidos masivos.
Todo eso indica que, en el futuro, la transferencia de la telefonía al sector privado contará con amplia aprobación popular. Pero, por ahora, una mayoría de 51 por ciento se opone la venta del sistema Telebrás, según una encuesta hecha en Sao Paulo y divulgada el domingo por el diario Folha de Sao Paulo.
Solo 41 por ciento aprueba la decisión gubernamental, aunque 46 por ciento cree que mejorará el servicio, contra apenas 19 por ciento que teme un agravamiento de las malas condiciones de la telefonía.
Los obstáculos jurídicos a la privatización del sistema telefónico empezaron en abril, cuando varias acciones retardaron en un mes, para el 29 de mayo, la reestructuración de Telebrás como preparación de la subasta.
En estos días, el gobierno estudia cómo neutralizar un fallo del Tribunal Federal de Sao Paulo que anuló la asamblea de la Telebrás que estableció su división en las 12 empresas puestas a venta. La guerra se intensificará en las próximas semanas, lo cual justificando el despliegue del batallón de 670 abogados. (FIN/IPS/mo/mj/if cr/98
