El jefe paramilitar Maximiliano Baigorria medita escopeta en mano si deberá proteger los derechos adquiridos de quienes resistieron con él a la violencia de Sendero Luminoso en su poblado rural de Perú o reconocer los de quienes optaron por la huida.
La confusión que envuelve a Baigorria, líder "rondero" de la localidad de Cangallo en la sierra andina meridional de Perú, refleja el conflicto de intereses y resentimientos que lo enfrenta a quienes eligieron el "exilio interno" para escapar de la violencia y retornan con apoyo del gobierno.
En las comunidades andinas que soportaron la guerra civil que costó más de 30.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 1993, el tejido social ha quedado afectado y las cicatrices generaron nuevas realidades e instituciones.
Baigorria es uno de los dos líderes oficialmente reconocidos de Yunchicancha-Chanquis-Viscachay, una "triple comunidad" surgida en 1988, cuando los más tercos integrantes de tres poblados indígenas diezmados por la organización maoísta Sendero Luminoso decidieron agruparse para resistir.
El largo y complejo nombre del nuevo pueblo revela algunas rivalidades no resueltas, pues fue adoptado porque ninguna de las tres comunidades originales aceptó que se eliminara el suyo.
Sin embargo, la triple comunidad tiene un único presidente comunal, Evaristo Ramos, quien encarna la jerarquía indígena tradicional, de molde gerontocrático. Su liderazgo sobre las 200 familias del pueblo no es discutido pues fue él quien en 1988 impulsó la reagrupacion que le dio origen.
"Después que quemaron mi casa y mataron a uno de mis hijos, viví escondido en cuevas, hasta que busqué a los vecinos y a los de Chanquis y Viscachay, para juntarnos y defendernos", dijo.
Lo que quedaba de las tres aldeas, a las que se sumaron algunas familias que no habían escapado muy lejos, recibió luego de reunirse ayuda del ejército, que les proporcionó escopetas, y designó un jefe, Baigorria, a cargo de la seguridad de la triple comunidad.
Baigorria y Ramos se repartieron las funciones. Uno maneja a los 40 hombres (los "ronderos") que, como él, recibieron escopetas del ejército y el otro ejerce el gobierno civil de las 200 familias y las representa ante las autoridades políticas.
Pero ahora surgió un nuevo sector social, con su propia estructura y jerarquía, conformado por las 68 familias "retornantes", ex desplazados que llegaron en octubre de 1997 y formaron un nuevo barrio.
Quienes retornaron a Yunchicancha-Chanquis-Viscachay están organizados desde 1996, cuando vivían todavía en Lima. Para promover el regreso masivo constituyeron un comité que subsiste aun luego de lograr ese objetivo, pues ahora se ocupa de seguir gestionando ayuda oficial.
El reparto de esa ayuda es el factor de discordia, y ha obligado a las autoridades del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano a reformular los conceptos de la asistencia oficial.
Algunos de los desplazados que retornaron a Yunchicancha- Chanquis-Viscachay son acusados por Baigorria de haber retornado "a medias", pues "siguen teniendo casa en Lima, donde han sido vendedores ambulantes, trabajo que pueden retomar en cualquier momento".
"Hay muchos que recibieron la ayuda, estuvieron en las fiestas, y luego regresaron a Lima diciendo que van a volver y no lo han hecho", comentó el jefe de los "ronderos".
El problema inquietó a los directivos del Programa de Apoyo al Repoblamiento, admitió el viceministro de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, William Toro.
"Al comienzo concentramos la asistencia en los retornantes. Los ayudamos a reconstruir sus casas y les dimos herramientas y semillas, pero pronto advertimos que eso provocaba resentimiento entre quienes no emigraron", comentó Toro.
Una de las secuelas de los 13 años de guerra fue la migración forzada de más de 300.000 personas que dejaron casas y tierras para salvar la vida.
Los "desplazados" son quienes dejan sus hogares para escapar de la violencia pero quedan dentro del mismo país, mientras los "refugiados" son quienes se instalan en otros países, según la terminología de la Organización de las Naciones Unidas.
Toro reconoció que no todos los "desplazados" quieren retornar, pues algunos han echado nuevas raíces en las barriadas suburbanas.
En otros casos, las familias se han dividido, los hombres abandonaron esposa e hijos, o son los vástagos lo que no desean regresar al terruño que ya les es extraño y ajeno.
Para evitar un conflicto entre quienes se quedaron y aquellos que retornan, las autoridades del PAR solo ayudan a reconstruir sus casas a los que retornan, pero ya no entregan semillas o herramientas en forma individual, sino colectiva, para lo cual impulsan formas cooperativas de producción.
En algunos casos, como la construcción de un canal de riego desde el cercano río Chanqui, de un local escolar o de una posta médica, el interés comunal es fácil de establecer.
Pero en los proyectos de promoción microempresarial, como la fabricación de productos lácteos, quesos y mantequillas, y el manejo de un establo de vacas de raza Holstein, que producen más del doble que el ganado usual en la localidad, solo pueden beneficiar a sectores del poblado y no a la totalidad.
Es entonces que surgen las discrepancias. Baigorria, por ejemplo, opina que la "fábrica" y el establo deben ser de propiedad comunal, mientras uno de los retornantes sostiene que eso los burocratizará y propone que sea de quienes los trabajen directamente.
Uno de los retornantes, ex vendedor ambulante en Lima, se ofreció para hacerse cargo de la comercialización de los productos lácteos, quesos y mantequillas. (FIN/IPS/al/mj/hd ip pr/98
