Los muertos se multiplican en el estado de Chiapas a la sombra del discurso del gobierno de México, que mezcla promesas de paz con estrategias militares dirigidas a "restablecer el orden" en zonas rebeldes.
Un enfrentamiento armado entre soldados y seguidores de la guerrilla zapatista dejó el miércoles pasado nueve muertos, siete de ellos indígenas, 57 detenidos y un helicóptero artillado inutilizado.
Alrededor de 50 nativos han fallecido desde enero en confusos operativos. La mayoría eran simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El gobierno sostiene que, en el último episodio, los militares y policías fueron atacados con armas cuando cumplían la orden de desmantelar un municipio creado de forma ilegal y de detener a campesinos acusados de delitos.
La versión extraoficial es que la inteligencia política detectó que el EZLN preparaba acciones de propaganda a las que decidió frenar con un ataque en el que participaron 2.000 militares y policías.
Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la ley de Pacificación y Concordia dictada en 1995 por el Congreso para alentar el diálogo en Chiapas, que permite a la guerrilla permanecer armada si no realiza acciones violentas y obliga al gobierno a frenar cualquier ataque, fue vulnerada.
En lo que va del año, además de los indígenas fallecidos, hubo 28 heridos y cerca de unos 200 detenidos.
Imágenes captadas por fotógrafos luego del operativo del miércoles en Chiapas dan cuenta de la presencia de militares fuertemente pertrechados que mantienen a campesinos amarrados, colocados boca abajo en camionetas o tomados por el cuello para evitar que huyan.
Partidos políticos de oposición y grupos no gubernamentales humanitarios y religiosos preguntaron al gobierno qué desea exactamente para Chiapas y cuál es su estrategia, pues hasta el momento lo único que consiguió es atraer el peligro de la guerra, aislar a los mediadores, cercar y acosar a la guerrilla.
El obispo Samuel Ruiz, que actuó como intermediario entre el gobierno y el EZLN desde el inicio del conflicto en enero de 1994, renunció el fin de semana pasado a esa tarea, tras acusar a las autoridades de "desistir del camino del diálogo".
"No podrá haber diálogo mientras continúe la represión selectiva contra comunidades y se induzca en ellas la división y la violencia", advirtió el obispo que, según las autoridades, actuó siempre a favor de la guerrilla en su papel de mediador.
En medio del escenario de violencia y división que reina en Chiapas, el comisionado para el Diálogo y la Negociación, Emilio Rabasa, indicó que procura un contacto directo con el subcomandante Marcos, líder de la guerrilla, y que su opinión es que sí existen condiciones adecuadas para volver a negociar.
Rabasa incluso bromea con la posibilidad de que el diálogo, que se mantiene en suspenso desde mediados de 1996, se realice a través de la red informática Internet, donde los seguidores del EZLN abrieron varias páginas.
El EZLN se mantiene en silencio desde inicios de año a pesar del las exhortaciones del gobierno a conversar, los ataques contra las bases zapatistas, el aumento del número de muertos y el incremento del cerco militar.
En sus últimos pronunciamientos, la dirigencia del grupo indicó que regresaría al diálogo sólo si el gobierno cumple un acuerdo sobre derechos indígenas firmado en 1996, disminuye la militarización y demuestra con hechos que desea la paz.
Los observadores creen que el silencio zapatista demuestra o que no le interesa la negociación, que prepara ataques armados, espera un escenario político adecuado para expresarse, cree que ya habló lo suficiente o sufre divisiones internas.
El conflicto se agravó en diciembre cuando supuestos simpatizantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinaron a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños desplazadas por la violencia, con balas expansivas o a machetazos.
El hecho derivó en la renuncia del entonces secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Emilio Chuayffet, y en los nombramientos de un nuevo comisionado para el diálogo de paz, así como el de un gobernador interino para Chiapas, el cuarto en los últimos cinco años.
Como sus antecesoras, las nuevas autoridades declararon que jamás recurrirrán la violencia para solucionar el conflicto con la guerrilla, pero aclararon que actuaría con decisión para restablecer el orden en los más de 20 municipios autónomos creados en Chiapas por los simpatizantes del EZLN.
El gobierno sostiene que el conflicto de Chiapas se limita a 15 por ciento del territorio del estado y abarca a unas 100.000 personas. Sin embargo, investigadores independientes y grupos humanitarios hablan de más de 30 por ciento del territorio y al menos de 300.000 personas.
Pero no sólo eso. Los investigadores y los activistas humanitarios recuerdan que el conflicto tiene repercusión en México y en el extranjero, donde las propuestas zapatistas de justicia, paz y democracia recibieron numerosas muestras de solidaridad. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/98
