El Salvador estrenó en abril modernas leyes penales que procuran reforzar el respeto de los derechos humanos y la presunción de inocencia, pero pocas semanas después distintos sectores claman por reformas para endurecerlas.
Se trata de un nuevo sistema que trata de reducir la mora judicial que en El Salvador afecta a casi 6.000 presos sin condena, garantizando un juicio rápido.
Sin embargo, la violencia que vive El Salvador, expresada en 4.450 delitos contra la vida por mes y más de 100 asesinatos cada 100.000 habitantes, ha hecho que sectores empresariales clamen por una ley mucho más rígida y punitiva.
Francisco Dall'Anese, abogado costarricense que asesoró en El Salvador sobre juicios orales, explicó a IPS que es lógico que en la etapa de transición se produzca incertidumbre y una crisis de obediencia de los policías hacia los fiscales.
El modelo, llamado mixto porque es una mezcla de los esquemas inquisitivo y acusatorio, establece juicios orales y públicos y somete la recolección policial de indicios a la autoridad de los fiscales, encargados de determinar qué tipo de pruebas deben buscarse, cuáles son válidas y cuáles no.
Dall'Anese indicó que la policía, en cualquier país, no está acostumbrada por lo general a obedecer a los fiscales, sino solo a sus superiores, y esto crea roces.
El sistema mixto que ha puesto en marcha El Salvador desecha como alternativa fundamental la detención provisional, que ocasiona el excesivo número de presos sin condena, y adopta mecanismos como la reconciliación y la aplicación de un criterio de oportunidad.
En ese sentido, el Procurador General, Miguel Cardoza, ha afirmado que los nuevos códigos cumplen su función de agilizar los procesos judiciales, y recordó que éstos no fueron creados para combatir la delincuencia.
Al respecto, Dall'Anese indicó que es frecuente que la sociedad confunda el papel que cumple el sistema penal, atribuyéndole, erróneamente, el de fuerza antidelictiva.
Fundamentalmente, indicó, el sistema penal se construye para garantizar que ningún inocente sea condenado y, en ese proceso, pueden escapar muchos culpables.
Mario Solano, magistrado de la Sala Constitucional, aseguró que la legislación penal vigente no deja indefensa a la población, como argumentan los empresarios y la policía, sino que "protege el derecho a la libertad humana".
Además, indicó, se ha convertido en un instrumento que desarrolla los principios constitucionales de la presunción de inocencia y del juicio público.
Dall'Anese recordó que el sistema penal se puede usar como un mecanismo de control social, y la forma de evitarlo es teniendo un poder judicial independiente y con códigos que establezcan un equilibrio entre el Estado tododopoderoso y el ciudadano.
"El Salvador tiene una fuerte convicción sobre la necesidad de estos dos elementos, por eso se empeñaron en una legislación moderna, de equilibrio, justicia pública y que responde a la tendencia en toda América Latina", agregó.
El sector empresarial no está satisfecho. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), asegura que la nueva legislación "ha dejado en un estado virtual de indefensión a la ciudadanía honrada".
Su queja radica, fundamentalmente, en que la nueva legislación permite reducir penas por buena conducta a quienes hayan cumplido las dos terceras partes de su sentencia y reconoce, en el caso de los condenados, el tiempo que pasaron en prisión sin recibir sentencia.
Para la Policía Nacional Civil, sin embargo, el principal problema es que, desde su punto de vista, los nuevos códigos no permiten a los agentes actuar con agilidad.
El director de ese cuerpo, Rodrigo Avila, se quejó de que con la nueva legislación las detenciones se han reducido al mínimo. En algunas provincias se redujeron de más de 200 por semana a menos de una decena.
Según Avila, el sistema actual facilita la aplicación de justicia, el proceso es más rápido y los juicios orales tienen gran aceptación, pero es ambiguo en cuanto a procedimientos específicos y en cuanto al papel de las instituciones.
En algunos casos, indicó, aunque el policía sea testigo de un delito, como el hurto, no puede hacer nada, porque es el juez el que puede ordenar la captura.
En vista de las quejas, una comisión estudia actualmente las posibles reformas que se someterán a la aprobación de la Asamblea Legislativa, salvaguardando los principios básicos del nuevo modelo.
Dall'Anese cree firmemente en que para combatir la delincuencia en cualquier parte del mundo lo que hace falta es una distribución equitativa de la riqueza, más que aumentar penas de prisión que, se ha demostrado, no son efectivas. (FIN/IPS/mso/mj/hd ip/98
