Tokorozawa experimentó un cambio dramático en los últimos 10 años, pues el paraíso boscoso sembrado por flores silvestres al que los habitantes de la capital deseaban mudarse se transformó en un infierno del que quieren huir para evitar el humo de los incineradores de basura.
Los residentes de los poblados levantados en esta zona cercana a Tokio se están mudando en masa ante la aparición de enfermedades letales aparentemente causadas por un elevado nivel de dioxinas en el aire y el suelo.
El origen del problema fue rastreado hasta el gran número de incineradores de basura existentes en Tokorozawa.
La situación se tornó tan grave que a fines de mayo los habitantes de Tokorozawa presentaron una demanda contra las autoridades locales, acusándolas de negligencia y de permitir que los residentes fueran sometidos al riesgo de las dioxinas.
Las dioxinas son liberadas cuando se quema plástico u otras sustancias fabricadas mediante procedimientos químicos, como el vinilo. Investigaciones ambientales aseguran que 80 por ciento de las dioxinas de Japón se producen en pequeños incineradores que procesan gran parte de los desechos del país.
En Tokorozawa hay 50 incineradores de este tipo que queman entre 500 y 1.500 toneladas diarias de basura. Los residentes se ven obligados a utilizar mascarillas para protegerse de la humareda negruzca que flota en toda el área.
"Decidí vender mi casa y mudarme porque a mi hija le diagnosticaron un pólipo, y me dijo que tiene miedo de tener un hijo mientras viva aquí", aseguró uno de los residentes de la otrora idílica Tokorozawa, un lugar donde ya no existen los pájaros.
De hecho, informes médicos revelaron que hubo un aumento en los casos de pólipos uterinos, afecciones a la piel, asma y pérdida de peso repentina entre las personas que viven cerca de los incineradores.
Uno de los especialistas que recolectó datos sobre Tokorozawa, Michio Tanahashi, dijo que la tasa de mortalidad infantil en dos localidades de la zona cercanas a un grupo de incineradores es de 4,21 a 4,06 por cada 1.000 nacidos vivos.
La proporción equivale a casi el doble del promedio de la prefectura de Saitama, donde están ubicadas las dos localidades estudiadas, Irumashi y Miyoshimachi.
Pero la demanda presentada en Tokorozawa, que pide compensación por pérdida de vidas y daños económicos, es sólo el último capítulo de una serie de recursos presentados en todo Japón contra plantas responsables de emitir dioxinas.
En enero, los habitantes de Shintone pidieron el cierre de una planta de procesamiento de basura ubicada a un kilómetro de sus casas, y presentaron como prueba informes según los cuales 42 por ciento de las personas en esa área mueren de cáncer.
Grupos ambientalistas japoneses han demandado que se cambie el débil marco regulatorio al cual está sometido el procesamiento de basura en el país. Consideran lamentable que se prefiera la opción de quemar la basura simplemente porque es la más económica.
Sin embargo, los costos ambientales y sanitarios son muy elevados. Investigaciones privadas realizadas en 1995 demostraron que en tres distritos de Tokorozawa los niveles de contaminación de suelos con dioxina eran demasiado altos, entre 10 y 15 veces por encima de lo recomendado por la Agencia Ambiental.
El editor del boletín "Tokorozawa News", Toshimichi Yabe, afirmó que "algunas personas consideran que la situación es peor que la de Vietnam después que los militares de Estados Unidos utilizaron el 'agente naranja', con elevado contenido de dioxinas".
Pero Yabe dijo que mientras en Vietnam los ataques con el químico se producían una o dos veces a la semana, en Tokorozawa los incineradores contaminan las 24 horas del día.
Las autoridades de Tokorozawa rechazan las acusaciones de los iracundos habitantes de la zona. Sin embargo los críticos de su gestión aseguran que su lenidad es responsable por la aparición de numerosos incineradores en áreas residenciales, que no cumplen los requisitos ambientales ni son multados por esa infracción.
Será difícil determinar las responsabilidades legales. En el sistema actual, grandes compañías de basura contratan los servicios de unas 70.000 empresas pequeñas y medianas para procesar los desechos. Estas no tienen los recursos para costear una tecnología ambientalmente segura.
Los operadores de incineradores aseguran que necesitarían invertir al menos 2,2 millones de dólares para dotar una instalación con filtros de dioxina.
El problema se agrava por el aumento en el número de residuos que se desechan ilegalmente en este país, y que en 1995 sumaron 44.000 toneladas, según datos del Ministerio de Salud y Asistencia Social.
La Agencia Ambiental, que ahora está sometida a fuertes presiones de organizaciones de ecologistas, prometió que en el año 2000 habrá regulaciones mucho más estrictas para controlar las emisiones tóxicas de los incineradores.
Pero Yabe, cuyo boletín denuncia a los incineradores de Tokorozawa desde hace ocho años, considera que el año 2000 está demasiado lejos.
"Nosotros requerimos una acción inmediata. Los incineradores deben ser cerrados y el gobierno debe eliminar el uso de plásticos en la vida diaria de Japón si es que queremos proteger a las personas y salvar el ambiente", urgió Yabe. (FIN/IPS/tra-en/sk/cb/js/lc-ml/en/98
