Venezuela se propone dejar lista este año la reforma al sistema de seguridad social, que según dirigentes empresariales amenaza con "quebrar al país", mientras se dirige hacia los comicios más complejos en cuatro décadas de democracia.
La reforma significará el debut de las administradoras de fondos de pensiones y otras figuras propias de la apertura económica, y significará para el Estado una descarga parcial de sus gastos de seguridad a hombros de sus ciudadanos.
Un crédito de 395 millones de dólares concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suministrará combustible al proceso -350 millones para capitalizar un fondo de pensiones y 45 para apoyo técnico- y ayudará a enfrentar la deuda social que ha crecido en una década marcada por el ajuste económico.
La caída en barrena de la seguridad social causa la muerte de personas a las puertas de hospitales públicos y lleva a los ancianos a marchar en las calles -y hasta escenificar crucifixiones- en reclamo del pago de sus modestas pensiones.
"Muchas de nuestras instituciones sociales, dado su desfase respecto de las exigencias de una sociedad en expansión, se han convertido en fuentes generadoras de inequidad, injusticia e inseguridad social", dijo el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, al suscribir el acuerdo de crédito con el BID.
Petkoff fue el principal portavoz de la Agenda Venezuela, el viraje hacia la apertura con un plan de ajuste macroeconómico que el presidente Rafael Caldera adoptó en abril de 1996 -al precio de incrementar los niveles de pobreza-, seguido por reformas de la legislación laboral y, ahora, del sistema de seguridad social.
El uruguayo Enrique Iglesias, presidente del BID, elogió al firmar el acuerdo que "el gobierno no se limitó a la eficiencia económica, y ahora emprende una función compensadora, con una red de protección social", a su juicio con un proceso de elaboración "paradigmático, el mejor que tenemos en el continente".
La reforma laboral efectuada en 1996-1997, y ahora la del sistema de seguridad social, fueron adelantadas por "comisiones tripartitas", integradas por empresarios, sindicatos y representantes del gobierno, y luego sus fórmulas fueron al parlamento para que éste les diese forma de ley.
El sistema de seguridad social en Venezuela comprende un servicio de salud, otro de pensiones por vejez e invalidez y un tercero de paro forzoso, y abarca a unos cuatro millones de asalariados (del sector formal de la economía), menos de la mitad de la población económicamente activa.
El Congreso ya recibió propuestas sobre el sistema de salud, y la comisión tripartita quiere despachar las propuestas legislativas sobre los otros subsistemas antes de que el parlamento entre en receso el 31 de julio y el país se sumerja en el proceso de las elecciones generales de diciembre.
Las principales fuerzas políticas del actual Congreso han apoyado las reformas propuestas. Entre quienes buscan el poder en los comicios sólo un candidato presidencial -aunque líder de las encuestas en abril-, el ex golpista Hugo Chávez, se opuso a los planes de reducción del Estado.
Los servicios de salud del Estado venezolano están colapsados, con una gran cantidad de hospitales que rinden servicios mínimos cuando no están declarados en emergencia, por causas que van desde la falta de insumos hasta huelgas médicas.
Venezuela tiene una buena infraestructura de hospitales públicos y una buena calidad de profesionales, según estadísticas internacionales, pero los pacientes deben aportar desde algodón a medicinas para poder ser atendidos.
El IVSS ha sido el eje del sistema previsional, y según los planes de la Tripartita debe desaparecer en 1999. Se nutre con cotizaciones de cuatro por ciento del salario básico de cada trabajador, y entre ocho y 14 por ciento de aporte patronal.
Aunque su mal servicio hospitalario desmorone la calidad de vida de los "asegurados", el rasgo más visible de su ineficiencia ha sido el pago a sus 352.000 pensionados. En el centro de Caracas, los ancianos con frecuencia marchan reclamando tanto ajustes en los montos como el pago oportuno.
El origen parcialmente está en que, durante años, el fondo creado para el pago se destinó a otros usos y ahora los pensionados son una carga fiscal, y el IVSS, "gangrenado por la corrupción, es el emblema de la seguridad social deteriorada", opinó Petkoff.
El industrial Luis Ball, representante de los empresarios en la comisión tripartita, ha advertido de la "quiebra" financiera del Estado si dentro de unos 10 años, y con el mismo esquema de financiamiento, el número de pensionados llega al millón y medio.
Además de la cuantía, está el desorden, dice Ball: en el sector público venezolano, que emplea 1,5 millones de trabajadores, existen 1.300 sistemas diferentes de jubilación.
Ball criticó que en universidades públicas hasta 40 por ciento del presupuesto se destine al pago de jubilaciones a profesores y empleados. La propuesta del empresario es que esos esquemas se conviertan en otros tantos fondos de pensiones y sean de naturaleza contributiva.
Coincidió el presidente de la mayor central obrera, Federico Ramírez, quien aportó el caso de municipios que jubilan a sus concejales con tres gestiones trianuales, lo que puede producir un individuo menor de 30 años jubilado de por vida luego de nueve años de servicios y sin haber aportado un centavo.
Petkoff aseguró que "sin que el Estado delegue funciones que le son indelegables, mantenerlas no significa que el Estado deba hacer todo y financiar todo. Modernizar significa abrir espacios para que el sector privado pueda participar en una parte importante del aseguramiento social".
Lo mismo vale, según el ministro, para el seguro de paro forzoso "que ha podido llegar a muy pocos trabajadores", y para subsistemas de financiamiento de viviendas y planes de recreación, que completarían la reforma.
La implantación de esquemas de previsión basados en fondos específicos y privados ha atraído a bancos extranjeros, que desde 1996 compraron, con el fin de hacerse de una cabeza de playa, algunas entidades financieras.
Los bancos esperan por los resultados de la comisión tripartita, la cual trabaja sobre distintos borradores para discernir los porcentajes de los aportes obrero-patronales que se destinarán a cada subsector y los márgenes de ganancia que se pautarán para las administradoras de fondos.
Resta ahora completar la carrera contra-reloj para que el Congreso legisle antes de agosto y deje tendida la nueva alfombra social al próximo gobierno. (FIN/IPS/jz/ml/lb ip/98
