La imagen del escáner en el aeropuerto internacional de Njili en la República Democrática de Congo hizo reaccionar de inmediato al grupo de agentes. Los objetos sospechosos en la maleta del pasajero eran diarios locales.
"No está permitido sacar del país diarios locales", informó un oficial de aduanas mientras un joven agente vestido de civil revisaba la maleta centímetro a centímetro, separando los periódicos extranjeros de aquellos publicados en este país africano.
Después le tocó el turno a una pequeña grabadora, cintas con entrevistas y una libreta de notas. Los agentes de civil pidieron a este periodista de IPS que les hiciera escuchar las entrevistas, pero uno de ellos recordó que ese era trabajo del funcionario de aduanas, y por lo tanto el material retornó a salvo a la maleta.
No sucedió lo mismo con los diarios. "Tenemos órdenes estrictas de no permitir la salida de ningún periódico local" insistía el jefe del grupo de agentes de civil.
El periodista de IPS intentó salvar al menos dos recortes, uno con un discurso del presidente del Banco Central y otro con una columna del asesor del Ministerio de Comunicaciones. Luego de una minuciosa revisión, se aprobó la salida del país de estos dos artículos de diarios.
No es casual que el régimen del presidente Laurent Kabila se niegue a dejar salir los diarios de la República Democrática de Congo, ya que su gobierno genera muchas noticias relacionadas con los derechos humanos.
En el año transcurrido desde el 17 de mayo de 1997, cuando la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire liderada por Kabila derrocó al dictador Mobutu Sese Seko, varios periodistas han sido golpeados y detenidos por fuerzas de seguridad.
Así mismo, algunos políticos opositores fueron llevados a juicio, incluso ante tribunales militares.
El dirigente político Etienne Tshisekedi, quien estuvo a la vanguardia de la resistencia contra Mobutu, fue deportado a su pueblo natal. El presidente y vicepresidente de la organización cívica Liga de los Electores están bajo arresto.
Las directivas de la Federación de Empresas Congolesas y de la Asociación de Derechos Humanos de Zaire (Azadho) fueron disueltas.
El Comité de Derechos Humanos Ahora destacó que la acción en contra de Azadho se produjo después de "la suspensión de actividades de los partidos políticos, el arresto o deportación de dirigentes políticos y directores de diarios, y otros actos de intimidación".
El Comité, que agrupa a varios grupos de derechos humanos, entre ellos Azadho, advirtió que estas medidas revelan la intención del gobierno de "establecer una nueva dictadura en la República de Congo".
En abril la prensa local e internacional dio una amplia cobertura a la disputa entre el gobierno de Kabila y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El debate se generó porque las autoridades de Kinshasha habrían asediado a una comisión de este foro mundial, delegada para investigar presuntas masacres al este del país.
A comienzos de este mes, el gobierno volvió a recibir malos comentarios de la prensa tras detener a un delegado de la organización no gubernamental Human Rights Watch, que tiene su sede en Estados Unidos.
Según informaron los medios, el enviado de HRW Suleiman Ali Baldo salía del país el 8 de mayo después de una visita de tres semanas, cuando fue detenido en el aeropuerto de Njili, donde se le confiscaron documentos. Se le permitió continuar el viaje un día después, tras ser interrogado.
Analistas locales están preocupados por la evolución de los acontecimientos en la República Democrática de Congo.
"Cuando se trata de libertades individuales y colectivas parece haber un retroceso", comentó el editor jefe del diario independiente "Le Phare", Kenge Mukengeshayi.
"Nosotros luchamos contra Mobutu y de esa forma conquistamos algunas libertades, pero ahora tenemos la sensación de que todo eso está cuestionado", añadió Mukengeshayi.
No es que no haya habido mejoras. La mayoría de los analistas coinciden en que hubo una disminución de la delincuencia, y la gente puede circular libremente por Kinshasha, de día o de noche. Antes del derrocamiento de Mobutu se le temía a las Fuerzas Armadas de Zaire, que cobraban peaje a los peatones, incluso a pleno día.
"En los tiempos de Mobutu no podías andar por ahí con tu equipaje. Además los agentes de seguridad seguían tu taxi y luego te secuestraban para pedir rescate", contó a IPS Papy Makwanza, un operador de computadoras desempleado.
"Pero ahora se puede caminar por todas partes, el cambio ha sido grande. En materia de seguridad el gobierno tiene una nota 9 sobre 10", añadió Makwanza.
Mukengeshayi está de acuerdo con las mejorías en materia de seguridad personal, pero dice que hay un gran descontento por la manera en que el gobierno enfrenta a sus críticos. "Hay frustración", dijo el editor Mukengeshayi.
"La gente dice que Mobutu era el peor dictador pero toleraba las organizaciones de derechos humanos, y entonces cómo puede ser que el movimiento de liberación no sea capaz del mismo grado de tolerancia", dijo este periodista, quien estuvo detenido durante tres meses en 1993, durante el régimen anterior.
Mukengeshayi añadió que, sin embargo, "no podemos oponernos al nuevo régimen".
"Por el contrario, no debemos lamentar el fin de la era Mobutu… pero la gente pide algún tipo de orientación sobre lo que se va a hacer, que el gobierno dijera 'esto es lo que heredamos, esto es lo que proponemos, queremos ir en esta dirección"'.
Pero hasta ahora esto no se ha hecho.
Mientras tanto los habitantes de este país se preguntan si el nuevo líder respetará el cronograma que él mismo estableció, y que comprende la convocatoria a elecciones en abril de 1999, o si en cambio se abortará la transición hacia la democracia, tal como sucedió en Nigeria.
En ese país de Africa occidental las elecciones convocadas para octubre fueron reemplazadas por un referéndum, en el cual los votantes deberán manifestar si desean que el general Sani Abacha siga en el poder.
En la República Democrática de Congo los signos no son muy alentadores, no sólo por el clima político, sino también por problemas logísticos.
El primer borrador de la nueva constitución que sustenta el proceso electoral ya fue entregado al gobierno por una comisión encargada de redactarlo. El segundo paso será la formación de una asamblea constituyente que debería producir un segundo borrador.
Si la asamblea es elegida, la aprobación de la constitución será parte de su trabajo. Pero si es designada será necesario obtener esa aprobación mediante un referéndum, difícil de organizar en la tercera nación más grande de Africa, que enfrenta serios problemas de comunicación.
El problema es que de acuerdo con el cronograma de transición diseñado por el gobierno, la constitución debería estar aprobada en noviembre. Y faltan sólo seis meses para que se cumpla ese plazo. (FIN/IPS/tra-en/kb/pm/lc-lp/ip hd/98
