Las negociaciones para crear la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar crímenes de guerra y actos de genocidio comienzan dentro en junio, pero el proceso está empañado por la posibilidad de que Estados Unidos se margine de este tribunal.
Los derechistas que dominan el Senado estadounidense tienen sórdidas sospechan de casi todos los tratados y los organismos internacionales, y la Corte Penal no es una excepción. Por lo tanto, esta propuesta no lograría apoyo parlamentario.
Las negociaciones para crear la CPI comienzan en Roma el 15 de junio, y, de acuerdo con expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y activistas de derechos humanos, no hay casi ninguna posibilidad de que Washington se sume a este tribunal en el futuro cercano.
Los partidarios de la Corte optarían por generar respaldo de otros países, con la esperanza de que Estados Unidos se incorpore un poco más tarde.
"La CPI podrá empezar a funcionar aun si Washington no la ratifica en los primeros dos o tres años", opinó el director de Estudios Políticos en la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos (UNA-USA), Jeff Laurenti.
Pero lo ideal sería que el tribunal logre algunos procesos exitosos, para que ese país se sienta tentado a unirse más tarde, añadió.
Laurenti advirtió que en ningún caso será posible lograr la ratificación de Estados Unidos mientras el derechista Jesse Helms sea presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Hace dos meses, Helms le envió una carta a la secretaria de Estado (canciller) Madeleine Albright, en la cual anuncia que la CPI no logrará pasar a través del Senado mientras Estados Unidos no tenga poder de veto ante ese tribunal.
"Helms considera que la CPI es la mayor amenaza a la soberanía de este país desde que se fundó la Liga de las Naciones", afirmó el portavoz del senador, Mark Thiessen.
Thiessen informó que Helms está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar la ratificación de la CPI si no hay poder de veto, emulando la actitud del senador Henry Cabot Lodge, que logró impedir en su oportunidad la participación de Estados Unidos en la Liga de las Naciones.
Pero los derechistas republicanos no están solos. El Departamento (ministerio) de Defensa, conocido también como Pentágono, envió hace poco tiempo un memorándum a un centenar de agregados militares asegurando que Washington está "interesado en impedir la creación de un tribunal inadecuado".
El embajador David Scheffer, negociador de Estados Unidos para la CPI, dejó en claro cómo sería ese tribunal inadecuado, cuando rechazó la posibilidad de crear una corte que pudiera procesar en forma arbitraria a militares que participen en operaciones humanitarias o pacificadoras.
"La corte no puede ser manipulada por intereses políticos, pues eso llevaría a los gobiernos a no asumirn nuevos riesgos para promover la paz y la seguridad internacional ni para salvar vidas", dijo Scheffer.
Ese temor es infundado, dicen los partidarios de la CPI.
El borrador para la creación de este organismo considera amplios mecanismos de supervisión, incluyendo la revisión judicial, para evitar investigaciones parciales o políticamente motivadas, comentó la coordinadora europea del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Jelena Pejic.
"La jurisdicción de la Corte se limitará a genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, atrocidades que no se relacionan con infracciones menores cometidas durante operaciones de ayuda o paz", dijo un informe del director para Medio Oriente del grupo Human Rights Watch, Joe Stork.
La actitud asumida por Washington en las negociaciones preliminares augura dos finales posibles para la CPI: que se la someta al Consejo de Seguridad, lo cual, según sus partidarios, la convertiría en un organismo inservible, o que sea creada este año sin la participación de Estados Unidos.
La segunda alternativa es la más probable. La CPI tendrá el respaldo de la Unión Europea, América Latina y algunos gobiernos progresistas de Africa y Asia, según los cálculos de Richard Dicker, consejero de Human Rights Watch.
El objetivo sería avergonzar a Estados Unidos a medida que los países ratifican este nuevo tribunal, para que entonces se decida a participar. Pero, según Stork, puede ocurrir algo similar a la Convención sobre Minas Terrestres firmada en 1997 en Ottawa, que opera sin la participación de Washington.
El codirector del Grupo de Trabajo de Washington para la CPI advirtió que se trata de dos casos distintos. La convención antiminas funciona, pues cada país decide sobre la eliminación en la producción y el comercio de estas armas sin importar lo que haga Estados Unidos.
Pero en el caso de la Corte, este organismo requerirá de recursos financieros y respaldo político para funcionar, los que menguarán si Estados Unidos se margina.
El problema del financiamiento aún no está resuelto. Algunos negociadores sugieren que la CPI sea financiada con los aportes de sus miembros, pero otros argumentan que eso afectaría la participación por parte de naciones deseosas de ahorrarse el pago de una nueva contribución.
Si la Corte fuera financiada con recursos de la ONU, el Congreso de Estados Unidos seguramente reaccionaría con molestia y podría seguir reteniendo sus contribuciones atrasadas con el organismo, que suman 1.500 millones de dólares. (FIN/IPS/tra- en/fah/aa/lc-mj/ip/98
