Estados Unidos, temeroso de ser asociado a la sangrienta represión de manifestantes del gobierno de Indonesia, hizo su primer llamado público a la reforma política desde que la crisis económica del año pasado golpeara al cuarto país más poblado del mundo.
Este jueves se registraron en Indonesia los peores disturbios en décadas, mientras manifestantes, entre ellos mujeres y niños, incendiaron vehículos militares y saquearon edificios en la ciudad, y unos 15.000 soldados patrullan las calles para imponer el orden.
Mientras, fuentes del gobierno estadounidense dijeron este jueves que se estudia el envío de altas autoridades militares a Yakarta para aconsejar mesura a las fuerzas de seguridad indonesias en el manejo de los disturbios.
El llamado a la reforma de Estados Unidos, tras informaciones el martes de que fuerzas de seguridad mataron a seis estudiantes de una universidad en la que estudian los hijos de la elite poderosa de Indonesia, es apenas audible si se lo compara con los cambios urgidos hace casi dos años, según analistas políticos.
Washington se detuvo antes de condicionar su ayuda económica a la reforma política en Yakarta. La asistencia incluye unos 570.000 millones de dólares en alimentos y asistencia médica y humanitaria.
Estados Unidos también respaldó el paquete de emergencia de 43.000 millones de dólares liderado por el el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, el gobierno dijo que las últimas declaraciones no implican que Washington intente desplazar al presidente Alí Suharto de un puesto que detenta hace casi 33 años.
La secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, en una declaración de la noche del martes, urgió al gobierno del presidente Suharto a "romper el ciclo de violencia que parece estar emergiendo".
"Todas las partes en Indonesia reconocen la necesidad de la reforma política. Esta reforma sólo puede lograrse mediante el diálogo entre el gobierno de Indonesia y sus ciudadanos", dijo Albright.
Su declaración siguió a un debate interno enel cual varias autoridades manifestaron su preocupación de que Washington estaba "demasiado asociado con Suharto", dijo una fuente.
El miércoles, el portavoz del departamento de Estado James Rubin reconoció que "la situación política en Indonesia se está deteriorando" y "creímos que la situación requería una declaración aclarando que el gobierno debe avanzar con el diálogo con su propio pueblo".
La reacción de Estados Unidos a la represión representa "un paso atrás" en relación a declaraciones hechas tras disturbios similares en 1996, dijo el analista político de la Universidad de Washington Daniel Lev, y agregó que "no hay una línea política clara".
Los disturbios se desataron en Yakarta en julio de 1996, después que la policía desalojara por la fuerza a simpatizantes de la sede del Partido Indonesio por la Democracia (PDI). Pocos días después, el entonces secretario estadounidense de Estado Warren Christopher hizo un llamado a "una transición ordenada del poder".
Washington no está en posición de escoger entre diferentes ideas de la reforma política, dijo Rubin, "pero el gobierno y otros grupos en Indonesia pueden reunirse y discutir estas reformas políticas. Y es necesario que haya alguna clase de diálogo".
"Es muy agradable llamar al diálogo pero no entre partes desiguales", dijo Lev a IPS.
Pocos cuestionan la necesidad de ayuda humanitaria en un país donde ocho millones de trabajadores perdieron sus empleos a causa de la crisis económica, y 40 millones quedaron por debajo de la línea de la pobreza de un dólar diario.
Pero los efectos del paquete de rescate de emergencia y el compromiso de Suharto con sus términos son polémicos.
La semana pasada, después que Indonesia acordara por tercera vez en seis meses desmantelar monopolios de familiares y allegados de Suharto, informaciones indicaron que un cartel controlado por el amigo y ministro Mohamed "Bob" Hasan sobreviviría debido a una "laguna" en el acuerdo.
El hecho enfureció a indonesios y el FMI, aunque las medidas de austeridad alimentaron la crisis. Las demostraciones se intensificaron la semana pasada, cuando el gobierno puso fin a subsidios al combustible y el transporte público. (FIN/IPS/tra-en/aa/lp/ip hd/98
