El movimiento sindical de Colombia busca llegar al próximo milenio agrupado por industrias para romper su tradicional fragmentación, una propuesta que fue mal recibida por los gremios empresariales.
Casos como los de Gran Bretaña, Japón o España, en los que hay sindicatos de industria con gran poder de negociación, muestran que éste es el camino correcto, dijo a IPS Luis Garzón, presidente de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Lo contrario ocurre en América Latina, donde "hay poco sindicato sólido y con poder de interlocución", añadió Garzón, quien considera que el agrupamiento por industrias le daría "a las organizaciones sindicales solidez como interlocutores en esta etapa de globalización".
En Colombia existen 2.700 sindicatos que representan al siete por ciento de la población económicamente activa, mientras que en Alemania hay 16 por rama de industria, en España cuatro y en Japón 90, con una legitimidad de 90 por ciento.
Julio Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGTD), la segunda del país, dijo que la creación de los sindicatos de industria pondría a los trabajadores en igualdad de condiciones para discutir con sus empresarios.
"Los sindicatos deben tener el mismo derecho para realizar sus negociaciones salariales" y demás reivindicaciones con el gobierno que los gremios empresariales, afirmó.
La propuesta fue acogida por el ministro del Trabajo, Carlos Bula, quien anunció el día 1 que estudiaría la reglamentación de la actividad sindical por ramas de producción.
La respuesta del Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a los 15 principales sectores de la producción, replicó de inmediato que considera la propuesta inconstitucional porque viola la libertad de empresa y se negó a asistir a una reunión convocada por el ministro del Trabajo para discutirla.
La Asociación Bancaria (Asobancaria) divulgó el día 5 un comunicado en el que rechaza la propuesta y su presidente, Jorge Botero, aseguró que las negociaciones salariales con los sindicatos agrupados por ramas sería un error.
"En una negociación no se puede tratar como si fueran iguales" a empresas con muy diferente capacidad para absorber costos laborales "como lo pretenden los sindicatos con su propuesta", afirmó Botero.
Si bien las negociaciones por rama de industria buscan equilibrar las relaciones laborales, no por ello debe dárseles un carácter obligatorio, violando los principios de la libre ampresa consagrados en el artículo 38 de la Constitución, añadió.
La Constitución garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad.
El abogado Luis Valencia, asesor sindical, dijo a IPS que la negociación salarial es lo que más preocupa a los empresarios de la propuesta de los sindicatos, ya que es evidente que agrupados por ramas "tendrían mayor poder de presión".
Una muestra de lo que puede suceder la dio el año pasado la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), que realizó un paro general en febrero para rechazar la decisión gubernamental de aumentar sólo 13 por ciento los salarios, cuando la inflación había sido de 20 por ciento.
Pierre-Yves Serinet, investigador del Centro de Educación y Cultura Popular, manifestó que los sindicatos agrupados en Fenaltrase lideraron "un proceso que podría marcar la pauta hacia una nueva forma de actuar de estas organizaciones".
Tras la protesta, los sindicatos consiguieron que el gobierno, debilitado por la crisis de legitimidad que afronta, llevara su propuesta de aumento salarial a 18 por ciento, que era la meta inflacionaria oficial para 1997. (FIN/IPS/yf/ag/ip-lb/98
