Las autoridades de la capital de Chile declararon esta semana la primera emergencia ambiental desde 1992, luego de siete años de políticas de descontaminación y frecuentes y ya rutinarios episodios de alerta tras los cuales la ciudad sigue sumida en el smog.
En virtud de la medida, 942 industrias de la Región Metropolitana paralizaron sus actividades, se prohibió circular a 350.000 vehículos no catalíticos y se suspendieron las clases de educación prebásica y básica en tres municipios.
Al mismo tiempo, en la totalidad de los establecimientos escolares de los 34 municipios de la región fueron suspendidas las clases de educación física y demás actividades deportivas, tanto en la enseñanza básica como en la media.
El anterior episodio de emergencia ambiental en esta urbe de más de cinco millones de habitantes ocurrió el 8 de julio de 1992, al poco tiempo de iniciadas las políticas sistemáticas de descontaminación por el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).
La emergencia se decreta cuando los índices de concentración de monóxido de carbono, polvo en suspensión y otros contaminantes superan el rango de 500, lo cual sucedió este domingo en tres comunas (municipios) del sector oeste de Santiago.
Entre abril y septiembre de cada año son ya frecuentes en la capital los estados de alerta, que se decretan cuando el índice de contaminación atmosférica excede el nivel de 200, en que la calidad del aire se considera mala.
El alerta implica elevar a 40 por ciento la restricción al tránsito de vehículos, normalmente de 20 por ciento en otoño e invierno, y con la emergencia ese porcentaje se eleva a 80 por ciento de los automotores que usan gasolina con plomo.
Santiago está emplazada en un vasto valle en las faldas de la cordillera de Los Andes, rodeada de montañas por sus cuatro puntos cardinales, lo cual priva a la capital de un régimen propio de vientos y contribuye a la contaminación.
La deforestación de los alrededores de Santiago por la expansión urbana e industrial, así como la irracionalidad del sistema de transporte público, sumada al aumento del parque automotor son otros tantos "motores" contaminantes.
La crisis ambiental de Santiago se intensificó el reciente fin de semana por un fenómeno metereológico, la vaguada costera, que aumentó la llamada inversión térmica que habitualmente afecta en esta época a la capital.
La inversión térmica consiste en una capa de aire caliente que se instala en altura, por sobre las temperaturas más frías en la superficie urbana, e impide la circulación del aire o de vientos que dispersen los contaminantes.
Con la vaguada costera, llamada así porque consiste en masas de aire caliente procedentes del océano Pacífico, se incrementó la inversión térmica afectando a las comunas más bajas del sector oeste de Santiago: Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado.
Fue en esos municipios, habitados por personas de bajos recursos, donde las estaciones de medición de la calidad del aire detectaron un rango de contaminación de 551, ante lo cual la Intendencia Metropolitana decretó la emergencia ambiental.
Las 942 fuentes fijas de emisión cerradas este lunes corresponden en su mayoría a calderas industriales y representan 50 por ciento de los procesos de combustión que se registran normalmente en establecimientos productivos y de servicios.
Los 350.000 vehículos con prohibición de circular equivalen a 80 por ciento del parque automotor no catalítico, en tanto los automóviles catalizados, que usan gasolina sin plomo, están exentos de la restricción.
Desde 1992 sólo se comercializan en Santiago vehículos nuevos catalizados y las autoridades iniciaron un sistema paulatino de retiro de la circulación de ómnibus y taxis muy antiguos, como parte de los planes para mejorar la calidad del aire.
Estos planes comenzaron bajo el gobierno de Aylwin, quien a poco de asumir en marzo de 1990 creó la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, con la tarea específica de proponer medidas y políticas al gobierno.
Esta comisión fue posteriormente disuelta y sus trabajos fueron la base para sucesivos planes de mejoramiento del ambiente en Santiago, el último de los cuales, a largo plazo, fue presentado por el presidente Eduardo Frei en 1997.
El programa plantea millonarias inversiones en obras públicas para dotar a la capital de autopistas y avenidas que impidan las congestiones vehiculares y ampliar la capacidad del Ferrocarril Metropolitano y otros medios de transporte no contaminante.
Se prevé igualmente la creación de áreas céntricas exclusivas para la circulación de vehículos eléctricos o a gas, el aumento de las áreas reservadas a peatones, reforestar los alrededores de Santiago y construir más areas verdes en la capital.
Los ambientalistas rechazan la construcción de nuevas autopistas y critican al gobierno por no incluir en sus planes de descontaminación medidas efectivas para desalentar el uso del automóvil privado en beneficio del transporte público de pasajeros. (FIN/IPS/ggr/mj/en/98