La política antidrogas impulsada por Estados Unidos en América Latina genera graves conflictos sociales internos, y la presión de Washington para que los militares asuman el papel de policía antinarcóticos provoca inquietantes posicionamientos castrenses.
Tal es la tesis de un libro de inminente aparición en Montevideo, que reúne trabajos de especialistas latinoamericanos y estadounidenses en el tema, titulado "Democracias bajo fuego. Drogas y poder en América Latina".
La obra sostiene que en esta región el sistema democrático "está entre dos fuegos: el narcotráfico y la guerra antidrogas".
El trabajo recoge análisis e investigaciones de un equipo de profesionales y periodistas de nueve países latinoamericanos y de Estados Unidos que desmenuzan los riesgos que enfrentan las democracias de la región en relación con el tráfico de drogas.
Esos riesgos son la "narcotización" económica provocada por las enormes ganancias que generan el tráfico ilícito y su estela de corrupción e impunidad, y la remilitarización regional impulsada por Estados Unidos en el marco de la "lucha antidrogas".
La argentina Adriana Rossi, doctora en Filosofía e investigadora especializada en temas vinculados al narcotráfico, afirma que en su país existe una "trama oscura" que entremezcla los intereses del poder y la ilegalidad.
"Si hace dos décadas en América Latina la destrucción de la democracia pasaba por la implantación violenta de gobiernos de facto, actualmente parece pasar por el vaciamiento de sus órganos" provocado por el enquistamiento de intereses económicos ilegales en el poder, señaló Rossi.
"Las redes delincuenciales que facilitan (los negocios ilegales) dentro de los organismos de seguridad y las fuerzas armadas; una justicia complaciente hacia el poder; y un Congreso dominado por el oficialismo, todo hace pensar en la conformación de un Estado paralelo con leyes y funcionamiento propios" que tiende a reemplazar al propio Estado, indica.
El periodista y escritor uruguayo nacionalizado mexicano Carlos Fazio se pregunta si México en realidad no es una "narcodemocracia" y afirma que "el salinismo" (por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas que ejerció entre 1988 y 1994) "fue el cuerno de la abundancia de narcos, funcionarios y empresarios que tomaron al país como botín".
Apoyándose en hipótesis del sociólogo mexicano Luis Astorga, Fazio concluye que "existe una interdependencia estructural entre ciertas instituciones, agentes sociales y traficantes, aunque estos últimos aparezcan como los responsables primarios, la vía genética del pecado original".
El holandés Theo Roncken, integrante del Centro de Documentación e Información Bolivia, después de analizar la supuesta "agenda bilateral" entre Estados Unidos y Bolivia argumenta que ella es en realidad totalmente unilateral.
Washington -dice Roncken- impone en Bolivia no sólo una política antidrogas represiva, sino también el propio marco legal con que debe manejarse la justicia de ese país en delitos conexos con el narcotráfico.
Esa influencia "profundiza la criminalización de amplios sectores de la población. Las exigencias externas empujan al Estado boliviano hacia un modelo cada vez más autoritario", concluye.
El sociólogo colombiano Ricardo Vargas Meza relata, por su parte, que en su país el involucramiento de los militares en la guerra contra las drogas adquiere un trasfondo político, pues "tiene como mira escenarios considerados bastiones de la guerrilla".
Asimismo, afirma que "el poder paramilitar" -que ha masacrado a centenares de campesinos- surgió a partir de millonarias inversiones en tierras de la Amazonia Sur de grupos narcotraficantes, y que su acción es tolerada por el gobierno pues se la asocia a la lucha contrainsurgente.
"En realidad, esos intereses están contribuyendo a polarizar el conflicto, justificando su accionar en la neutralización de una supuesta base social guerrillera; dicho accionar recae sobre el campesino cultivador de ilícitos", dice Vargas Meza.
"En Colombia, Washington enciende una vela a Dios y otra al diablo", pues mientras denuncia los atropellos a los derechos humanos incrementa la ayuda militar aceptando, de hecho, el desvío de su uso contra la guerrilla y no contra el narcotráfico, escribe.
"Ello equivale a favorecer una guerra sucia en las zonas cocaleras y amapoleras", subraya.
Si bien algunas Fuerzas Armadas latinoamericanas se han plegado a los designios estadounidenses de transformarse en policía antidrogas, otras resisten ese papel en un intento por defender su soberanía. Este es el caso de las de los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Según el periodista y escritor uruguayo Samuel Blixen, "la definición de un objetivo de seguridad regional por oposición a una seguridad continental es el complemento del proceso que opone la integración regional a la integración continental por países", en función de la estrategia estadounidense de promover un Area de Libre Comercio de las Américas.
Blixen analiza las conclusiones del X Simposio de Estudios Estratégicos de los Estados Mayores y de Defensa del Mercosur, celebrado en junio pasado con participación de militares de los cuatro países del Mercosur y Chile, asociado al bloque sureño.
Señala que las hipótesis de conflicto percibidas por esos Estados Mayores apuntan a "ejércitos de otros bloques económicos americanos (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Comunidad Andina) o mundiales (Unión Europea, Japón)", como consecuencia de "la disputa de intereses económicos".
Para "el Mercosur militar", agrega, los otros conflictos bélicos posibles "serían con Estados Unidos y, subsidiariamente, con los países que respaldan su estrategia, en el marco de una ofensiva militar contra el narcotráfico, donde las fronteras y soberanías podrían verse lesionadas".
"Democracias bajo fuego" será presentado en la capital estadounidense por la Washington Office for Latino America, el Transnational Institute y Acción Andina en los actos paralelos a la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre las drogas que tendrá lugar el 9 de junio. (FIN/IPS/dg/ag/ip/98
