El jefe del ejército de Uruguay, general Fernán Amado, advirtió que un eventual gobierno de izquierda tendrá problemas con las Fuerzas Armadas si pretende investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar (1973- 1985).
Las declaraciones de Amado corresponden a entrevistas que concendió por separado al diario El Observador y al semanario Búsqueda y que fueron publicadas el jueves, un día después de una marcha callejera realizada en reclamo de "verdad y justicia" en el caso de los desaparecidos.
La mayoría de las encuestas conceden serias posibilidades de triunfo a la coalición izquierdista Frente Amplio en las elecciones nacionales de noviembre de 1999.
El Frente Amplio apoya de modo irrestricto la exigencia de organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos de conocer el destino que éstos tuvieron.
"Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos o todo lo que tiene que ver con hechos anteriores a 1985 ha sido suficientemente juzgado por la soberanía popular", dijo Amado a Búsqueda.
Agregó que si la izquierda llega al poder y "si hay una postura opuesta a la que han mantenido los tres últimos gobiernos, podría producirse una situación de discrepancia" entre autoridades y Fuerzas Armadas.
También declaró a El Observador que "indudablemente", las Fuerzas Armadas tendrán problemas de relación con un eventual gobierno del Frente Amplio.
"Sabemos cómo han procedido los partidos tradicionales", el Colorado y el Nacional, que conforman actualmente un gobierno de coalición, pero "no sabemos cómo procederá el Frente Amplio" si logra el poder en las elecciones de 1999, puntualizó Amado.
El militar eludió responder si podía asegurar que el ejército no volvería a participar en un golpe de Estado.
"No podría asegurar una cosa en la que no voy a participar porque me quedan apenas dos años de carrera", respondió.
En las dos entrevistas, Amado destacó que "grupos" integrantes del Frente Amplio no han renunciado explícitamente a la lucha armada. Se trata de los ex guerrilleros Tupamaros, que tienen representantes en el Parlamento y están plenamente incorporados a la vida política.
El debate sobre los derechos humanos en Uruguay tiene casi el mismo tiempo que duró la dictadura militar.
En 1986, una ley de amnistía puso fin a los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.
Luego de un largo proceso de recolección de firmas y de gestiones administrativas, la ley de amnistía fue sometida a referendum en 1989 y casi 60 por ciento de los votantes se pronunciaron a favor de su vigencia.
La norma también estableció que el gobierno debe investigar la situación de los detenidos-desaparecidos y que informará a los denunciantes el resultado de esas actuaciones.
Una comisión de militares investigó durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990) las denuncias presentadas hasta la entrada en vigor de la ley de amnistía, y concluyó en que no existió intervención militar en los casos señalados.
Desde entonces no hubo otra investigación, pese a que se realizaron varias gestiones para lograrla.
Portavoces de la central única de trabajadores PIT-CNT señalaron a IPS que la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas obliga al gobierno a investigar.
El PIT-CNT presentó el 7 de marzo al juez español Baltasar Garzón un extenso escrito sobre la coordinación que mantuvieron en los años 70 y principios de los 80 las fuerzas militares y policiales de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir fuera de fronteras a los opositores políticos.
Garzón investiga la desaparición de españoles y descendientes de españoles en Argentina. Varios militares y un policía uruguayos fueron involucrados en esos hechos.
Ciento dieciocho uruguayos desparecieron en Argentina en tiempos de la coordinación represiva, seis en Chile y dos en Paraguay, y varios de ellos eran descendientes de españoles.
En el mismo período se contaron 34 detenidos-desparecidos en Uruguay. Los miles de participantes en la manifestación del miércoles en el centro de Montevideo exigieron información sobre la suerte de esas personas.
La marcha, que transcurrió en silencio absoluto, fue encabezada por un cartel en que se afirmaba que "la verdad nos hará libres". La organización estuvo a cargo de instituciones sociales y humanitarias y del Frente Amplio y del centroizquierdista Nuevo Espacio. (FIN/IPS/rr/ff/hd ip/98
