El asesinato del obispo católico Juan Gerardi representa un duro golpe al proceso de construcción de la paz y de consolidación democrática en Guatemala y recupera un pasado ensagrentado por crímenes políticos y violaciones de los derechos humanos.
Gerardi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, fue muerto el 26 de abril, dos días después de que presentara el informe "Guatemala: Nunca Más", una investigación de la Iglesia Católica de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
El asesinato causó costernación en este país y en el mundo y las organizaciones de derechos humanos lo calificaron de crimen político. Pero el gobierno guarda silencio "hasta tener pruebas".
Edgar Gutiérrez, director del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que dio origen al informe de la Iglesia, y Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, acusaron directamente del hecho al ejército guatemalteco.
El informe "Guatemala: Nunca más" atribuye al ejército casi 80 por ciento de las masacres y otros crímenes contra los derechos humanos durante los 36 años de conflicto. La guerrilla fue acusada de nueve por ciento de los casos y el resto no tiene responsable identificado.
"Queremos contribuir a la construcción de un país distinto, por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos", había dicho Gerardi, de 75 años, en la presentación del documento.
Dos días después, el obispo fue atacado con un objeto contundente cuando volvía a la casa parroquial en que habitaba. Recibió 14 golpes, que le destrozaron el cráneo y el rostro.
Se trata del primer ataque directo contra al proceso de paz confirmado en diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo entre el gobierno y los guerrilleros, señalaron dirigentes humanitarios.
La abogada y dirigente humanitaria Karen Fischer dijo a IPS que el asesinato de uno de los protagonistas del esfuerzo por la paz devuelve el país a tiempos oscuros.
"No podemos obtener respuesta de la justicia y tampoco nos dejan conocer la verdad sobre el pasado. Es terrible" dijo Fischer.
"El golpe propinado por los asesinos ha sacudido los cimientos de la paz, y si los guatemaltecos no atinan a reponerse del golpe y se amilanan, como ya se ha visto en algunas expresiones públicas de gente que expresa derrotismo frente al futuro", el país se enfrentará a una grave situación, comentó el político y periodista Oscar Marroquín.
"Este crimen puede significar muy pronto la pérdida completa en la confianza que había generado el proceso de paz", agregó Marroquín.
El asesinato fue perpetrado pocos días después de que la comunidad internacional reconociera que el gobierno guatemalteco estaba en control de la situación y que garantizaba los derechos humanos.
Enviados del gobierno y de la ex guerrilla lograron convencer en Ginebra a los representantes oficiales ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de la consolidación de la paz en Guatemala, que quedó libre entonces de todo mecanismo internacional de supervisión.
Pero en opinión del Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, el asesinato de Gerardi demuestra "que aún quedan intactas las estructuras de impunidad, que siguen funcionando bajo el amparo directo o indirecto de los servicios de Inteligencia del Estado".
Si bien se ha avanzado hacia el desmantelamiento de las estructuras militares de inteligencia, "este hecho confirma que en el seno de ellas existen personajes que las utilizan, para defender los pocos pero poderosos espacios que quedan", dijo Arango.
Agregó que con el asesinato hace temer la "eliminación selectiva de dirigentes de instancias que actualmente se encuentran vinculadas a la buena marcha de los acuerdos de paz".
"El monstruo (los aparatos clandestinos de seguridad) no está muerto, sólo estaba adormilado y acaba de dar una muestra de ello al lanzar un zarpazo mortal contra monseñor Gerardi", advirtió.
De esta forma tan cruenta se demuestra que el proceso de paz aún no empieza, pues es "tan sólo el resultado de arreglos entre dos facciones militares, el ejército y la guerrilla", indicó Douglas González, hermano del también asesinado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, un caso no resuelto.
González exhortó a organizaciones populares, políticas y de derechos humanos a unirse para exigir al gobierno de Alvaro Arzú "el respeto al derecho constitucional a la vida".
Analistas y dirigentes de organizaciones humanitarias coinciden en considerar "imprevisible" el efecto del asesinato del obispo sobre el proceso de paz.
La recuperación de la confianza popular en el proceso de paz depende "de la prontitud y claridad con que el gobierno realice la investigación y del castigo de los autores materiales e intelectuales" del crimen, dijo Fischer.
A su juicio, también es indispensable que la población y las instituciones no se dejen amedrentar por los asesinos y continúen con firmeza en la lucha por el pleno respeto de los derechos humanos y por conocer la verdad. (FIN/IPS/cz/ff/hd ip/98
