La impunidad de crímenes atribuidos a fuerzas de seguridad se mantiene como obstáculo para consolidar las democracias en el continente americano, se destacó en la reunión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Venezuela.
La integración económica puesta en marcha en América "no será viable, como tampoco el Estado de derecho, si no superamos los graves índices de impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos", dijo el presidente de la CIDH, el venezolano Carlos Ayala.
Ese índice llega en Colombia "a 97 por ciento de los casos, tanto de violaciones estrictas al derecho humanitario como de la criminalidad común", observó el chileno José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, una organización no gubernamental (ONG) basada en Washington e invitada a Caracas por miembros de la CIDH.
Las ONG de derechos humanos de Venezuela presentaron esta semana ante la CIDH casos de impunidad por los que litigan con el Estado, mientras Vivanco promovía la propuesta de que la Organización de las Naciones Unidas establezca un tribunal permanente para juzgar crímenes contra los derechos humanos.
Las denuncias de las ONG calzan con preocupaciones exteriorizadas por miembros de la CIDH, que efectuó en Caracas entre el lunes y el viernes su reunión semestral.
La Comisión intenta crear una nueva sensibilidad y precedentes ejemplarizantes respecto de las violaciones de derechos humanos que afectan colectividades.
Hay atención concentrada en Perú, por las violaciones de derechos humanos asociadas a la represión de los movimientos subversivos, en Colombia, por el clima de violencia generalizada, y en América Central, que registra aún crímenes como los que marcaron sus sangrientos conflictos en la pasada década.
El trabajo de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia "pueden contener mensajes claros a los estados que se sienten intocables, incluso por su condición de democracias", observó Ligia Bolívar, de la ONG venezolana Provea.
Bolívar recordó ante la CIDH el "caso El Amparo", la masacre de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988 en la frontera entre Venezuela y Colombia por un comando antisubversivo de militares y policías venezolanos, por años presentado por el Estado como enfrentamiento con guerrilleros colombianos.
El gobierno de Rafael Caldera, instalado en 1994, finalmente admitió ante la Corte Interamericana de Justicia la responsabilidad del Estado y aceptó pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas, aunque no se hicieron las reformas a la legislación castrense también pedidas por el tribunal.
"Es equivocada la concepción de que las violaciones a los derechos humanos en el continente son obra de regímenes dirigidos por juntas militares. No tienen el monopolio. Violaciones graves subsisten en los países democráticos", dijo Vivanco.
Agregó que la percepción de que las violaciones son asunto al sur del Río Grande también es equivocada, "pues bastaría con ver no sólo la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, sino la discriminación en los procesos que llevan a esa sentencia cunado los inculpados son afroamericanos o latinos".
La impunidad asociada a la brutalidad policial fue expuesta ante la CIDH por el Comité de Familiares de Víctimas de Febrero de 1989, fecha de la explosión social conocida como "Caracazo", que fue reprimida con el saldo de centenares de muertos.
Liliana Ortega, coordinadora del Comité de Familiares, dijo que la actuación de la CIDH "prácticamente es nuestra última esperanza" de que se investigue y se establezcan responsabilidades en 44 casos con respaldo documental y probatorio "injustificadamente olvidados y retardados" por la justicia venezolana.
Ortega presentó también un caso que conecta la impunidad con la destastrosa situación penitenciaria, otra preocupación común a la América Latina y del Caribe: el manto de olvido sobre la ejecución extrajudicial de un centenar de presos en el caraqueño Retén de Catia el 27 de noviembre de 1992.
Los guardias del Retén -demolido hace un año como gesto gubernamental de buscar una nueva política penitenciaria- alegaron haber descubierto un plan de fuga como razón para matar a decenas de reclusos. El episodio coincidió con una frustrada y sangrienta asonada militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez,
Otro alerta a la CIDH fue presentado por las comunidades indígenas, por intermedio del Vicariato católico de la Amazonia venezolana, donde en 1993 "garimpeiros" (ilegales buscadores de oro) dieron muerte a 16 personas de la etnia yanomami.
Según fuentes del Vicariato, las comunidades indígenas han avanzado en un "acuerdo amistoso" con el Estado para comprometerlo a evitar la repetición de tales hechos y para lograr protección frente a los garimpeiros, requiriendo la vigilancia de la CIDH con ese propósito.
"Ha sido una experiencia interesante, valiosa y necesaria", dijo el estadounidense Robert Goldman, vicepresidente de la CIDH, tras recibir los informes de las ONG. "Ustedes son expresión legítima de la asociación libre de la sociedad civil", les dijo por su parte Ayala.
Al efectuar la CIDH su sesión semestral en Caracas, se renuevan las relaciones con el Estado venezolano, crispadas a propósito del caso El Amparo y por las denuncias, en 1995, de Pérez y su ex ministro Reinaldo Figueredo, entonces procesados, sobre violaciones a su derecho a la defensa. (FIN/IPS/jz/ff/hd/98
