UNION EUROPEA: Nuevos miembros serían guardianes de frontera

La cuestión de la seguridad de las fronteras externas de la Unión Europea (UE) podría demorar las negociaciones para el ingreso al bloque de seis nuevos países, entre ellos cinco naciones ex comunistas.

El lanzamiento el martes 31 de marzo del proceso de acceso a la UE de Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa fue acompañado de pródigas celebraciones y floridos discursos, pero los costos del ingreso pronto obstaculizarán las negociaciones, dirigidas casi en su totalidad de un solo lado.

Un asunto potencialmente difícil será el de la seguridad de las fronteras externas de la UE. Aunque el asunto recibe relativamente escasa atención, seguramente causará grandes problemas que podrían demorar el proceso de incorporación de nuevos países.

Una de las principales rutas de acceso ilegal al bloque europeo procede de los países del este y el sur, ya sea burlando puestos fronterizos de control o atravesando fronteras abiertas.

A juzgar por el número de solicitudes de asilo, cada mes al menos 10.000 personas entran ilegalmente a Europa occidental por vía terrestre, es decir desde Europa central y oriental.

El desafío que enfrentan los países candidatos de Europa central y oriental es enorme, aunque sus recursos financieros y humanos para asegurar sus fronteras externas son escasísimos.

El Programa por la Democracia de la UE, PHARE, establecido para ayudar a la reconstrucción económica en el antiguo bloque soviético, distribuye 1.450 millones de dólares entre 13 países (10 estados candidatos más Albania, Macedonia y Bosnia- Herzegovina).

Se trata de una suma poco generosa comparada con el presupuesto anual de 35.640 millones de dólares para el desarrollo estructural de los países miembros.

Las contribuciones para el PHARE significan un gran sacrificio para los estados miembros con regiones pobres y subdesarrolladas. En vista de la renuencia de algunos miembros a elevar el límite presupuestal de la UE, equivalente a 1,27 por ciento del producto interno bruto, no puede esperarse ningún aumento.

Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa están muy expuestas a la inmigración clandestina. En 1995, Eslovenia, Hungría y Polonia juntas experimentaron unos 470 millones de cruces de frontera.

Sin embargo, el número de personas aprehendidas por cruzar los límites de esos estados en forma ilegal es aún relativamente bajo. Sólo unas 10.000 personas son detenidas anualmente por entrar ilegalmente en Hungría, aunque se les niega el ingreso a 200.000 cada año.

En Polonia, la cantidad de personas aprehendidas por ingreso ilegal fue de 15.535 en 1996, 3.887 en Eslovenia, y sólo 14 en Estonia. Es difícil adivinar de qué manera tantos logran introducirse sin ser detectados.

Estimaciones de la Academia Rusa de Ciencias indican que en los países más orientales que están en la "sala de espera", es decir Belarús, Bulgaria, Rusia y Ucrania, puede haber hasta un millón de personas deseosas de mudarse a Occidente.

Los inmigrantes procuran principalmente niveles de vida más altos y más garantías para sus derechos humanos, pero los ingresos ilegales también están vinculados al trabajo clandestino, el contrabando, el robo de vehículos y otros delitos.

El crimen organizado creció significativamente desde 1989 con actividades ilegales a menudo combinadas, para las que se utilizan más o menos los mismos métodos y rutas en el tráfico de inmigrantes, drogas y mujeres para la prostitución forzada.

Los países candidatos, en su esfuerzo por complacer a Bruselas, sin duda adoptarán y aplicarán cualquier medida dura que les "sugiera" la UE para asegurar sus fronteras. Siguiendo el ejemplo de los miembros del bloque, los aspirantes vuelven cada vez más estrictos sus requisitos de ingreso.

La lista de países cuyos ciudadanos precisan visa para entrar en Eslovenia es la misma que en la UE. En otra naciones, los requisitos de visa son cada vez mayores y pronto se convertirán en una réplica de la lista de la UE.

Los rusos y belarrusos que deseen visitar Polonia deben ahora demostrar su reservación en un hotel o la invitación de un residente. Restricciones similares probablemente regirán para los lituanos y ucranianos antes de fin de año.

Las nuevas medidas hacen dudar si los sistemas judiciales en esos países ofrecen la suficiente protección contra arbitrariedades, discriminación étnica o racial, y violaciones de los derechos humanos básicos.

La Comisión Europea, en su evaluación de la solicitud de incorporación de la República Checa, establece que el nivel de eficiencia del sistema judicial del país es relativamente bajo.

En el caso de Polonia, la Comisión consideró que el sistema judicial carece de experiencia fundamental.

Además, ninguno de los dos países cuentan aún con centros de alojamiento adecuados para los solicitantes de asilo, entrenamiento de funcionarios, intérpretes capacitados para entrevistas ni las garantías necesarias de un proceso justo y equitativo.

De manera similar, en caso de otro gran conflicto étnico, los candidatos de "la primera ola" de Europa central y oriental cargarían con la responsabilidad del manejo de los refugiados.

El resto de la UE no estaría obligada a ayudar, como lo descubrieron los países del bloque que estaban en primera línea durante la guerra de Bosnia-Herzegovina.

Así, los estados candidatos asumirían de hecho el papel de guardianes de las nuevas fronteras de la Unión. —— (*) Antonio Cruz es editor del Boletín de Noticias sobre Migración, con sede en Bruselas. Este artículo llega a IPS por medio del Instituto para el Periodismo en Transición (IJT), que publica la revista Transitions. (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/ml/pr-ip/98

Archivado en:

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe