Funcionarios estatales pertenecientes al gobernante Partido Colorado emprendieron una huelga, autorizada por el presidente Juan Carlos Wasmosy, para reclamar la postergación de las elecciones del 10 de mayo.
Dos mil huelguistas atacaron el martes con fuegos de artificio el edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en una manifestación en la que participaron tres ministros.
Un día antes, Wasmosy había dado su apoyo a la fecha fijada para los comicios, aunque sin garantizar que se vayan a celebrar entonces. Lo mismo había dicho en Santiago el día 19, en un cónclave con sus 33 pares reunidos en la II Cumbre de las Américas.
La movilización de funcionarios públicos del martes fue custodiada por 400 policías y soldados de choque, y contó entre sus participantes a los ministros de Defensa, de Salud y de Educación, en clara señal del respaldo del poder ejecutivo al pedido de postergación de las elecciones.
El vocero del presidente Wasmosy, Edward Bogado, confirmó la autorización de la marcha y la huelga de empleados estatales, si bien la que calificó de "criticable". "Pero ellos deciden su participación ciudadana y es atendible", agregó.
Los funcionarios profirieron promesas de que cortarían el agua y la energía eléctrica para boicotear las elecciones del 10 de mayo. "Vamos a paralizar el país desde Antelco" (la telefónica estatal), fue una de las tantas consignas en la marcha.
El ministro de Defensa, Hugo Estigarribia, negó que el presidente hubiera apoyado la celebración de elecciones el 10 de mayo. "El dijo que está fijada la fecha, pero que se puede cambiar", dijo.
Estigarribia relativizó los desórdenes ocurridos durante la manifestación, que incluyeron petardos lanzados contra el TSJE. Como consecuencia, uno de los caballos montados por la guardia sufrió heridas.
El TSJE electrificó durante la manifestación la alambrada que sustituyó el muro alrededor del edificio que el gobierno ordenó derrumbar semanas atrás.
Las autoridades electorales pidieron el lunes a todos los candidatos a presidente que intercedan ante Wasmosy, que amenazó con volver a demoler el muro si se volvía a erigir.
El Partido Colorado comenzó formalmente su campaña electoral dos semanas y media antes de los comicios, tras un largo proceso judicial que terminó con la inhabilitación de su candidato a presidente elegido en elecciones internas, el ex comandante del ejército Lino Oviedo, condenado por su rebelión de 1996.
El principal argumento de campaña del oficialismo es que la oposición echará a 100.000 funcionarios colorados. La opositora Alianza Democrática prometió el martes, en un aviso publicado en la prensa, que la "idoneidad y honradez sean los únicos requisitos para ingresar al servicio público".
El compañero de fórmula de Oviedo, el magnate Raúl Cubas, debió aceptar la decisión del TSJE, que lo designó el día 18 candidato a la presidencia. El aspirante a vicepresidente es su archirrival y presidente del partido, Luis María Argaña.
El grupo de Wasmosy, cuyo postulante a presidente se ubicó tercero en las elecciones internas, afirma que hubo fraude en los padrones y pretende que se posterguen las elecciones, lo que la oposición considera inconstitucional.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Sapena, y del TSJE, Carlos Mojoli, coinciden en que la constitución establece que las elecciones de presidente deben celebrarse hasta 90 días antes del traspaso de mando, previsto para el 15 de agosto.
Pero ni la oposición coligada en la Alianza Democrática ni el oviedista Cubas han aceptado considerar con el mandatario para cambiar la fecha de las elecciones.
La encuestadora First reveló que la oposición revirtió el siete por ciento que les llevaba de ventaja el coloradismo, tras la confirmación de la condena de Oviedo a 10 años de prisión por parte de la Corte Suprema.
El candidato a presidente de Alianza Democrática, Domingo Laíno, concita ahora 42 por ciento de la intención de voto, contra 35 por ciento de la fórmula Cubas-Argaña, según First.
Muchos colorados se abstendrán porque se niegan a votar a quienes colaboraron con el procesamiento de Oviedo, según analistas.
Los manifestantes reclamaron unidad a los líderes colorados. Argaña, ahora en la fórmula presidencial, dejó de proponer la abstención electoral del partido que gobernó Paraguay los últimos 50 años.
El magnate y automovilista Raúl Cubas Grau, hijo de un estrecho colaborador del dictador Alfredo Stroessner, fue ingeniero de la monumental represa de Itaipú, compartida con Brasil, secretario de Planificación y ministro de Hacienda de Wasmosy.
Cubas se retiró del gobierno hace dos años, cuando durante la rebelión de Oviedo en abril de 1996 recomendó al presidente que renunciara para evitar muertes y porque luego éste no cumplió su promesa de dar a Oviedo el Ministerio de Defensa.
El gobernador del departamento de Central, Luis Alberto Wagner, pronosticó que "Cubas y Argaña van a estar como perro y gato, igual que Wasmosy y su vicepresidente" Angel Roberto Seifart, que no habla con el mandatario.
La portavoz de Oviedo, su esposa Raquel Marín, admitió que su esposo "ya no es candidato". Cubas sostuvo que "las cartas están jugadas", pero que encontrará "100 leyes, 1.000 artículos y 200 jueces para sacar a Oviedo de la cárcel".
Sin embargo, Sapena explicó que el próximo gobierno no podrá indultar al candidato hoy encarcelado "porque el recurso constitucional (de indulto) aún no está reglamentado por ley".
La condena por rebelión no evitará la continuación de otros juicios civiles por introducción de residuos tóxicos y compra de helicópteros sobrefacturados, agregó el presidente de la Suprema Corte de Justicia. (FIN/IPS/cm/mj/ip/98
