La justicia de Honduras reabrió el caso del asesinato de dos conocidos dirigentes populares, ejecutados en la década pasada por razones políticas.
La jueza Martha Merino, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, realizó este miércoles un largo interrogatorio al mayor de policía Mario Quiñónez por la muerte del diputado socialdemócrata Miguel Pavón y el dirigente magisterial Moisés Landaverde, ocurrida en esa ciudad el 14 de enero de 1988.
Ese día, dos desconocidos dispararon varias ráfagas de ametralladora contra Landaverde y Pavón, quien además era coordinador regional del norte del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH).
Ante la protesta de la Unión Interparlamentaria Mundial, el entonces canciller Carlos López acusó al presidente del CODEH, Ramón Custodio, de ser el autor intelectual del doble asesinato.
En 1989, durante el juicio contra el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica, por la desaparición forzada de personas en la década del 80, se presentó el testimonio del ex sargento Florencio Caballero, ex miembro del Batallón de Inteligencia 3-16.
Caballero dijo que la muerte de Pavón y Landaverde fue ejecutada por el entonces teniente Quiñónez y el soldado Jaime Rosales, miembros del Batallón 3-16.
Pavón fue asesinado unos días antes de presentar su testimonio ante la Corte, por graves violaciones de los derechos humanos en la costa atlántica de Honduras, contra dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles, cometidas por los organismos de seguridad del Estado, especialmente el Batallón 3-16.
En la década pasada se produjo la desaparición forzada de 184 personas por motivos políticos, al aplicarse la doctrina de la seguridad nacional, especialmente entre 1982 y 1984, cuando se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas el general Gustavo Alvarez.
Quiñonez fue detenido en la norteña ciudad de La Ceiba, donde se desempeñaba como subjefe del Comando de Policía del departamento de Atlántida, y llevado ante la juez Merino, quien lo interrogó durante varias horas y ordenó su encarcelamiento.
Al salir del tribunal, Quiñónez admitió que fue miembro del Batallón 3-16, lo que había negada hasta ahora. "Fui miembro de esa unidad, pero nunca he matado a nadie, salvo zancudos", declaró.
Quiñónez declaró que Caballeró lo implicó en este crimen, porque buscaba asilo en Estados Unidos y Canadá, lo que logró a cambio de su testimonio.
En los tribunales hondureños tienen lugar varios juicios contra militares y policías por la desaparición forzada de personas, pero la mayoría de los implicados se encuentran prófugos.
Este es el caso del coronel Alexander Hernández, el capitán Billy Joya, y el mayor Manuel Trejo, quienes dirigieron el Batallón 3-16 y ejecutaron las detenciones extrajudiciales de los opositores políticos, generalmente miembros de grupos políticos de izquierda. (FIN/IPS/jrd/ag/hd-ip/98
