Cientos de representantes de grupos indígenas y organizaciones civiles de Honduras protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos por la ejecución esta madrugada del hondureño José Roberto Villafuerte.
Villafuerte, segundo latinoamericano sometido a la pena capital en Estados Unidos en una semana, murió por inyección letal, luego de 15 años en la cárcel de Florence, estado de Arizona, acusado de asesinar a su concubina, Amelia Choville, en 1983.
Los abogados de Villafuerte, quien negó ser inocente, alegaron que Estados Unidos violó la Convención de Viena sobre relaciones consulares que obliga a informar a los sospechosos de un crimen en el extranjero de su derecho a recibir asistencia del consulado de su país.
El Departamento de Estado (cancillería) estadounidense afirmó al hondureño se le informó sobre sus derechos y que si no se le ofreció acceso a funcionarios de su país fue por "ignorancia mutua". "El no lo pidió y las autoridades de Arizona no sabían que tenía derecho a ello", sostuvo el organismo gubernamental.
La muerte del hondureño, cuyo caso fue similar en más de una circunstancia a la del paraguayo Angel Breard, ejecutado en Virginia el día 14, conmocionó a la sociedad hondureña y al gobierno, que a través del presidente Carlos Flores solicitó clemencia al gobierno de Arizona.
A esa solicitud se sumó el papa Juan Pablo II, que envió una carta a las autoridades del estado, cuya Junta de Clemencia negó el perdón y ordenó la ejecución de Villafuerte la madrugada de este miércoles.
Integrantes del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares de Honduras y de grupos indígenas lencas manifestaron esta mañana frente a la embajada de Estados Unidos en Honduras para protestar contra lo que consideraron una política "racista e injusta" en ese país.
"Lamentamos la muerte injusta de nuestro compatriota, a quien no se dio todo el derecho a la defensa, y demandamos al pueblo estadounidense una mayor solidaridad contra la política racista que impulsa su gobierno", dijo a IPS Juan Almendares, coordinador de protesta.
"Estados Unidos nos está dando muestras en las últimas cuatro semanas de la 'solidaridad' que tiene hacia un país aliado como Honduras, pues se nos castiga no solo con sanciones económicas sino también con deportaciones y ahora con el asesinato de este compatriota", agregó Alamendares.
La protesta de las organizaciones, acompañada de plegarias de indígenas que invocaban sus espíritus para dar paz al alma de Villafuerte, obligaron a los funcionarios de la embajada a abandonar su labor y a solicitar resguardo policial.
El canciller Fernando Martínez exhortó este miércoles a la población a no "desatar su furia" en las protestas, al tiempo que exigió a Estados Unidos un nuevo análisis de la condena a muerte que pesa sobre otros tres hondureños.
Las frecuentes condenas y ejecuciones de la pena capital en Estados Unidos ha generado incluso preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se lamentó de que las leyes internas prevalecen sobre el derecho internacional en el país norteamericano.
En Estados Unidos se considera en general que "los derechos humanos son cuestión internacional y no una cuestión interna", manifestó la ONU.
Además, en el caso de la pena capital influye, además del delito en sí, factores como la clase social, la raza y la condición económica, tanto de la víctima como del acusado.
Según los abogados de Villafuerte, la sentencia no fue justa. El único integrante de la Junta de Clemencia de Virginia de origen latino se opuso el martes a avalar la ejecución por considerar que no había "equilibrio" legal.
Villafuerte fue uno de los residentes en Estados Unidos originarios de América Latina que guardan prisión en el llamado "cinturón de la pena de muerte" que conforman los estados de Alabama, Arizona, Florida, Lousiana, Mississippi, Georgia, Texas y Virgina. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
