HONDURAS: Grupo humanitario denuncia escuadrones de la muerte

Más de sesenta personas, presuntamente delincuentes comunes, fueron asesinados desde enero en Honduras, y el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos (Cofadeh) responsabiliza de los hechos a las fuerzas de seguridad.

El Cofadeh, integrado principalmente por mujeres familiares de víctimas de la represión política de los años ochenta, teme asistir a una campaña de violación "silenciosa y sistemática" de los derechos humanos.

La organización, los primeros viernes de cada mes realiza una concentración en el Palacio Legislativo, registró en el primer trimestre de este año 211 casos de violación de derechos humanos.

Sus portavoces denunciaron que se percibe en el país un creciente desprecio a la vida, especialmente de jóvenes de 13 a 30 años.

Los métodos utilizados en los asesinatos "son similares a los de los años ochenta", confió a IPS una integrante del Cofadeh.

Familiares de las víctimas aseguraron que grupos paramilitares realizan una "limpieza social" de presuntos delincuentes y jóvenes pandilleros.

Mery Agurcia, del centro de documentación y análisis del Cofadeh, advirtió que a las ejecuciones extrajudiciales denunciadas se suman otros 11 atentados, incluso contra personalidades públicas.

En menos de dos semanas, desconocidos ametrallaron el automóvil del vicepresidente de la Comisión Centroamericana contra el Narcotráfico, Carlos Sosa, y la vivienda de la Contralora de la República, Vera Rubí.

Antes de esos episodios, el ex juez Rafael Castro Avila, director de centros penales, logró escapar ileso a balazos disparados desde un vehículo. Castro estuvo a cargo de la investigación de denuncias de corrupción contra políticos y ex funcionarios públicos.

Wilfredo Alvarado, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), la única policía civil de Honduras, dijo a IPS que las investigaciones sobre esos atentados "nos indican que obedecen a acciones intimidatorias, de las que tenemos identificado un patrón común".

"Por ahora nos reservaremos los móviles detectados, pero puedo asegurar que provienen de sectores interesados en desestabilizar la democracia, crear confusión y frenar investigaciones importantes", declaró Alvarado.

Mientras, Rubí dijo haber recibido amenazas tras comenzar la investigación por corrupción de varias instituciones públicas.

Por su parte, el presidente Carlos Flores fue acusado por periodistas de obstaculizar la libertad de expresión.

Un grupo de periodistas protestaron hace 10 días con pancartas y la boca cubierta por esparadrapos por la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre la marcha de la economía.

Esa protesta dividió las opiniones de la prensa hondureña, en su gran mayoría abanderada de las reformas del nuevo gobierno, al que ese sector considera el "mejor régimen" desde 1981, cuando un gobierno civil fue instalado después de una serie de dictaduras militares.

Agurcia aseguró que los archivos del Cofadeh contienen el testimonio de varios periodistas amenazados por no ceder ante las presiones de las autoridades. "Nos preocupa lo que está pasando con la libertad de expresión en este país", dijo la activista.

En los años 80 se contaron en Honduras 184 secuestrados- desaparecidos por causas políticas e ideológicas. Los métodos represivos usados en esa época se repiten ahora, sostiene el Cofadeh. (FIN/IPS/tm/ff/hd/98