El estado de Virginia desoyó a la Corte Internacional de Justicia y al Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y ejecutó en la noche del martes a un ciudadano paraguayo condenado por asesinato.
Angel Francisco Breard, de 32 años, nacido en Argentina y nacionalizado paraguayo, fue inyectado con productos químicos letales después que la Suprema Corte de Estados Unidos se negara a revisar su caso.
El gobernador republicano de Virginia, James Gilmore, quien tiene facultades constitucionales para otorgar clemencia o aplazar ejecuciones, optó por no intervenir y aceptar la decisión de la Suprema Corte.
La ejecución se demoró 90 minutos, mientras las autoridades de la prisión aguardaban la decisión de la Suprema Corte.
El retraso dio tiempo a los abogados de Breard y al gobierno de Paraguay para apelar ante un juez de distrito y la corte circuital de apelaciones. La apelación fue rechazada.
En una declaración, Gilmore dijo que tenía el deber de asegurar que los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en Virginia "pueden llevar sus vidas sin temor al crimen (…) En este caso, el señor Breard recibió todas las salvaguardias de procedimiento que recibiría cualquier ciudadano estadounidense".
La postergación de la ejecución, dijo Gilmore, "tendría el efecto práctico de transferir" las jurisdicciones de las cortes de Virginia y Estados Unidos a la Corte Internacional instalada en La Haya.
Gilmore también se enfrentó a una apelación de la Secretaria de Estado de Estado Unidos, Madeleine Albright, quien había pedido un aplazamiento de la ejecución debido a que podría perjudicar a estadounidenses acusados de crímenes en países extranjeros.
El caso de Breard estaba detenido desde 1992, cuando fue arrestado, juzgado y procesado por el asesinato e intento de violación de una mujer en el suburbio de Arlington, en las afueras de Washington, Virginia.
Paraguay intervino después y presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la suspensión de la ejecución y un nuevo juicio.
Las autoridades paraguayas alegaron que Breard no había sido informado de su derecho a recibir la ayuda del cónsul paraguayo después de su detención, según garantiza la Convención de Viena de 1963, firmada por Paraguay y Estados Unidos. Las autoridades de Virginia reconocieron la omisión.
Breard fue el segundo condenado a muerte en Virginia que recurrió a la Convención de Viena en menos de un año. El ciudadano mexicano Mario Benjamín Murphy fue ejecutado en 1997 por un asesinato contratado en una playa de Virginia, a pesar de presentar un reclamo similar.
Hay más de 70 extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos, según la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que más de 1.000 ciudadanos estadounidenses están detenidos en otros países, y que la apelación de Albright se basó en consideraciones diplomáticas y políticas, y no legales.
"En muchas partes del mundo, los sistemas de justicia son injustos. Queremos que los ciudadanos estadounidenses que viajan al exterior tengan la oportunidad de tener la mejor justicia posible", dijo un portavoz. (FIN/IPS/tra-en/mk/lp/hd/98
