El reclamo de derechos de patente de una planta amazónica de parte de una compañía de Estados Unidos deja en evidencia que las leyes de patentes de este país favorecen al mundo de los grandes negocios por encima de los derechos de pueblos indígenas, afirman activistas.
El conflicto por las patentes comenzó hace 12 años, cuando Loren Miller, director de la International Plant Medicine Corporation con sede en California tomó una muestra de una planta medicinal cultivada por una comunidad indígena en Ecuador.
Al regresar a California, Miller obtuvo una patente del gobierno de Estados Unidos, la cual le otrogó derechos exclusivos para vender y criar nuevas variedades a partir de la planta.
La patente de la ley estadounidense no requiere que la compañía de Miller hiciera ningún tipo de manipulación o mejora de la planta antes de que la empresa obtuviera su monopolio en Estados Unidos.
Edward Hammond, investigador estadounidense de la Fundación Internacional para el Avance Rural (RAFI), con sede en Canadá, dijo que, para reclamar una patente bajo la ley de Estados Unidos, no es necesario cultivar la planta ni manipularla para poder obtener la propiedad intelectual".
"Todo lo que se necesita es una tijera, un pasaporte y una mochila", dijo Hammond.
La planta en cuestión, la ayahuasca (Banisteriopsis caapi), es sagrada para grupos indígenas de la cuenca de la Amazonia, y se cultiva en la selva tropical desde la era precolombina para ceremonias religiosas y fines médicos.
Su nombre en quecha significa "planta del espíritu", de "aya" (alma, espíritu), y "huasca" (enredadera).
Cuando la patente fue entregada en 1986, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con sede en Ecuador, denunció el hecho, pero sus protestas fueron inútiles.
La Coordinadora representa a pueblos indígenas de ocho países amazónicos, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, y de Argentina y Chile.
El coordinador general de la COICA, Antonio Jacanamijoy, afirma que Miller "ha cometido una ofensa grande contra pueblos indígenas al patentar para su beneficio una planta sagrada que él mismo reconoce haber 'descubierto' en la chacra de una familia indígena en Ecuador".
"La 'nueva variedad' que afirma haber descubierto es una variedad de banisteriopsis domesticada por nuestros pueblos hace cientos de años". La planta sagrada, agregó, "es propiedad colectiva de los pueblos indígenas amazónicos".
"Nos gustaría creer que, mientras el milenio llega a su fin, también lo hará el paternalismo y las prácticas coloniales, pero parece que pecamos de optimistas", dijo el coordinador general de la COICA.
La comercialización de "un ingrediente de las ceremonias religiosas y de sanación para nuestro pueblo es una afrenta real para más de 400 culturas indígenas que pueblan la cuenca del Amazonas", sostuvo Jacanamijoy.
La COICA adoptó una resolución advirtiendo a las comunidades indígenas que Miller y su empresa son un "enemigo de los pueblos indígenas" y que "su entrada a territorio indígena debería ser prohibida".
La Coordinadora también alertó en su página Web que no se hará responsable de la integridad física de Miller si él llega a territorio indígena.
Miller ha ignorado pedidos de grupos indígenas para que abandone la patente, alegando que actúa según la ley de patentes de Estados Unidos. Miller afirma que su compañía trabaja ahora en el desarrollo de drogas psiquiátricas y cardíacas a partir de la planta.
Si Miller decidiera comercializar estas drogas, bajo la ley estadounidense, necesitaría una patente separada, según el RAFI de Hammond. La patente actual sólo es aplicable para vender variedades de la planta, y no drogas manipuladas.
Autoridades de Estados Unidos han reaccionado duramente ante las amenazas contra Miller. La embajada de Estados Unidos en Quito, que ha brindado apoyo financiero a la COICA, y la Fundación Interamericana, agencia gubernamental de asistencia al desarrollo, hicieron un llamado a la retractación de la resolución de la COICA.
La Fundación ha entregado más de un millón de dólares para la condición indígena, pero anunció que reconsiderará préstamos futuros.
"No representamos los intereses privados del señor Miller en relación a su patente estadounidense para desarrollar y comercializar la planta", dijo a IPS Adolfo A. Franco, asesor legal para la Fundación.
"Sin embargo, la resolución de Coica es abusiva y censurable, constituyendo una amenaza contra la seguridad y el bienestar del señor Miller, y no podemos respaldar eso".
La respuesta de los grupos indígenas también fue que "la dignidad de nuestros pueblos es muy valiosa, mucho más que un millón de dólares", dijo Jacanamijoy a Franco. "Sin escuchar nuestras razones, su organización defiende incondicionalmente los intereses económicos del señor Miller".
Ahora otros grupos, incluyendo la Coalición de Pueblos Amazónicos Indígenas y su Medio Ambiente, han cuestionado si el pedido de la Fundación viola la autonomía de los grupos indígenas.
La raíz de la disputa no radica en la Fundación ni en Miller, sino en la ley de patentes de Estados Unidos, dijo Hammond, de RAFI, quien agregó que "no se trata de una planta que nadie conociera, oculta en la Amazonia y no utilizada por la gente".
Las leyes de patentes de Estados Unidos, desarrolladas en la década de 1930, fueron originalmente diseñadas para estimular al sector privado para aumentar la reproducción de las plantas y desarrollar mejores cultivos con frutas más grandes y resistentes a enfermedades.
El hecho de que estas leyes permitieron a Miller patentar la planta sin permiso y sin alterar o reproducir el vegetal, no obstante prueba que es necesario revisarlas y proteger los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, afirma Hammond.
La atención hacia estas leyes y la patente de la ayahuasca concitada por RAFI, la COICA y otros grupos llevaron al gobierno de Ecuador a negarse a firmar una acuerdo de propiedad intelectual con Estados Unidos en 1996.
El acuerdo habría aplicado al país sudamericano leyes de patente similares a las estadounidenses. Ahora, Estados Unidos vuelve a presionar a Ecuador para firmar el acuerdo bajo amenaza de sanciones comerciales.
Mientras, el Senado de Estados Unidos se niega a ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, un acuerdo que reconoce los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, ratificado por más de 100 países, incluyendo Ecuador. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/lp/dv ip/98
