Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consignó preocupación por la utilización de la pena capital en Estados Unidos y por las muertes que causa la policía en ese país.
El documento, que será discutido la semana próxima por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, mencionó condenas a muerte de menores de 18 años, prohibidas por el derecho internacional, y también de personas con deficiencia mental y de inocentes.
El autor del informe, el senegalés Bacre Waly Ndiaye, visitó Estados Unidos en 1997, en su calidad de relator especial de la ONU encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El relator especial de la ONU encontró que en Estados Unidos "parece que las leyes internas prevalecen de hecho sobre el derecho internacional", incluso si contradicen las obligaciones internacionales del país.
En Estados Unidos se considera en general que "los derechos humanos son una cuestión internacional y no una cuestión interna".
El hecho de que solamente el Departamento de Estado tenga una División de Derechos Humanos, así como la escasa conciencia de las normas internacionales de derechos humanos en el Departamento de Justicia "son claras indicaciones de este fenómeno".
Ndiaye comprobó que en los estados de ese país que aplican la pena capital, 14 fijan la edad mínima para la ejecución en 18 años. En cuatro estados, la edad mínima es de 17 años, y en 21 es de 16.
En la actualidad, 47 delincuentes que cometieron delitos antes de los 18 años están a la espera de su ejecución, se advirtió en el informe.
Aunque Estados Unidos no ha ejecutado a ningún delincuente juvenil menor de 18 años, es uno de los pocos países, junto con Arabia Saudita, Pakistán, Irán y Yemen, que aplican la pena de muerte a sentenciados que tenían menos de 18 años en el momento del delito.
El relator recordó que el derecho internacional prohibe claramente la imposición de una condena a la pena capital a delincuentes juveniles.
El informe de Ndiaye sostuvo, basado en fuentes no gubernamentales, que por lo menos 29 personas que padecían graves deficiencias mentales fueron ejecutadas en Estados Unidos desde que se reanudó la imposición de la pena capital en 1976.
El jurista senegalés refirió que, en su visita a reclusos del pabellón de condenados a muerte en Huntsville, Texas, entrevistó a Emile Duhamel, quien "padece una grave deficiencia mental que no le permite comprender la naturaleza del proceso incoado en su contra".
El reducido porcentaje de acusados que son condenados a la pena capital "no está constituido necesariamente por los que han cometido los delitos más odiosos", se señaló en el documento.
En la imposición de la pena de muerte en Estados Unidos influyen, además del delito en sí, muchos factores. Entre los elementos clave, sostuvo Ndiaye, figuran la clase social, la raza y la condición económica, tanto de la víctima como del acusado.
"Quienes pueden permitirse una representación jurídica satisfactoria tienen menos probabilidades de ser condenados a muerte". Tampoco puede ignorarse la influencia de la opinión pública y de la presión política, según el informe.
Actitudes racistas de abogados, fiscales, jurados y jueces, aunque no sean necesariamente conscientes, influyen en la determinación de quién será condenado a muerte y quien se librará de esa sentencia.
Las alegaciones de discriminación racial en la imposición de la pena capital son especialmente graves en los estados del sur, como Alabama, Florida, Luisiana, Missisipi, Georgia y Texas, conocidos como el "cinturón de la pena de muerte".
En Alabama se dice que uno solo de los 67 fiscales de distrito elegidos es negro, mientras que, al parecer, ninguno de los 159 condados de Georgia tienen un fiscal de distrito afro- estadounidense.
El informe citó una investigación realizada en Estados Unidos, conocida como el estudio Baldus, que mostraba cómo en Georgia era cuatro veces más probable que la pena capital correspondiera a los acusados de asesinato de víctimas blancas que a los homicidas de negros.
Sobre la magistratura, Ndiaye comentó que "muchas fuentes han expresado preocupación por el hecho de si la elección de los jueces pone en peligro su independencia".
El relator especial subrayó que la elección de los jueces no influye necesariamente en las decisiones judiciales.
Sin embargo, agregó, la falta de transparencia financiera en las campañas para elecciones y la breve duración de los mandatos exponen a los jueces a presiones, que pueden poner en peligro su independencia o imparcialidad.
Durante su visita a Estados Unidos, el relator de la ONU reunió información sobre otro tipo de violaciones del derecho a la vida, en paerticular la utilización excesiva de la fuerza.
Ndiaye observó que "es más probable que, a nivel nacional, se haga uso de fuerza letal de manera desproporcionada contra minorías raciales".
Todos los casos de personas muertas por la policía que se señalaron al relator especial se referían a miembros de minorías étnicas, sobre todo afro-estadounidenses e hispanos. (FIN/IPS/pc/dd/hd/98
